En Colombia está prohibido que los funcionarios públicos participen en política. Así lo establecen la Constitución en su artículo 127 y varios decretos y leyes que han especificado y ampliado aún más este precepto normativo. Sin embargo, para quienes invocan la Ley de Garantías Electorales, vale aclarar que ésta sólo empieza a aplicar desde que el primer mandatario o su vicepresidente manifiesten su voluntad de reelegirse o de ser presidente; en este caso, desde el 25 de noviembre de 2013.
Por eso, como lo explica Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Santos está caminando por una línea muy delgada y, si bien está claro que la Ley de Garantías aún no está activa, “por lo menos en el plano ético está equivocado, pues no tiene por qué andar opinando de alianzas o planteamientos políticos de otros sectores porque esas no son sus preocupaciones como jefe de Estado”.
Mejor dicho, sí puede opinar sobre los partidos de la Unidad Nacional, para agradecerles su respaldo, pero está mal que critique a los partidos y movimientos que hoy le hacen oposición o que, como acaba de hacer el Partido Verde, se salen de la coalición de gobierno. “No dudo que el procurador nuevamente haga un llamado al presidente para aclararle que su función es gobernar y no estar hablando de política, sobre todo cuando hay tantas posibilidades de que sea candidato”, agregó Barrios.
El 18 de septiembre pasado, tras la reinauguración de la Fundación Buen Gobierno —a la que asistieron el presidente y varios funcionarios de su gobierno— el procurador Ordóñez le envió una carta precisándole que su participación y la de sus colaboradores en “actividades y controversias políticas” está prohibida y exhortándolo a abstenerse de “incurrir en actos que puedan vulnerar el ordenamiento jurídico y comprometer los pilares democráticos que sustentan nuestro Estado social de derecho”. A muchos los preocupa que las pullas de Santos a sus opositores se dieran durante un consejo de la prosperidad.