El proceso de paz de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc parece haber llegado definitivamente a un punto de no retorno. Más allá de las declaraciones de optimismo expresadas por las partes, hay señales contundentes, como la de que el Gobierno está dispuesto a jugársela con el trámite de una reforma constitucional para crear los instrumentos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos después de una refrendación, que incluye, entre otros asuntos, otorgarle facultades extraordinarias al jefe de Estado.
Este acto legislativo —que será radicado en el Congreso la próxima semana— ha sido calificado por el uribismo como “un golpe de Estado contra el pueblo”. Las angustias radican en que corre la versión de que miembros de las Farc harían parte de una comisión legislativa especial que planea crearse para desarrollar lo acordado en la mesa de diálogos. “Con la integración de las Farc al Congreso van a aprobar todo, todo lo de La Habana, y con todo aprobado, entonces para qué hablan de refrendación popular, que no se hará o que será inútil, porque habrá una imposición”, dijo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.
Además, para la oposición uribista, las facultades extraordinarias apuntan a eludir el trámite de las leyes en el Congreso y serían un “cheque en blanco” para cambiar las reglas de juego de la democracia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su parte, ha dicho que lo que se busca es estar preparados para garantizar un cumplimiento de los acuerdos. “Al presidente no le trasnochan las facultades especiales, ni las está pidiendo”, señaló, aclarando que el acto legislativo no contendrá aspectos conceptuales en materia de justicia transicional o participación política, que solo son objeto de discusión en Cuba.
Y aquí vamos, en un tire y afloje que hace recordar episodios del pasado, como cuando en 1999, en pleno proceso de paz en el Caguán con las Farc, en el gobierno de Andrés Pastrana, se trató de tramitar una reforma política que incluía, entre otros puntos, otorgarle al primer mandatario los instrumentos necesarios para que pudiera conducir dichas negociaciones y facilitar los acuerdos de reconciliación que resultasen de ellas, como por ejemplo en la creación de circunscripciones de paz, la reinserción y la financiación del posconflicto.
Dentro del oficialismo liberal, los principales opositores de estas facultades para Pastrana fueron, curiosamente, Juan Manuel Santos y Horacio Serpa, quienes incluso las catalogaron como “ambiguas” y ”dictatoriales”, al tiempo que calificaron el manejo de ese proceso de paz como “excluyente” y “arrogante”. Lo claro hoy, y seguramente es una de las lecciones aprendidas, es que será a través del Congreso que se le dará legitimidad al proceso y que lo de la refrendación es un compromiso que el presidente Santos no planea eludir.
Así quedó claro el viernes pasado, cuando el senador Roy Barreras, a nombre del Partido de la U, radicó un proyecto de ley estatutaria para la realización de un plebiscito como fórmula para refrendar los acuerdos de paz. Con ingredientes que llaman a la polémica: voto obligatorio, puestos de votación por un período de cinco días, incluidos los dos del fin de semana, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas en un lugar diferente al que tienen inscrita su cédula.
Si bien la iniciativa ha sido presentada como de origen parlamentario, a lo que apunta es a que el Gobierno se sume a ella. Barreras hasta tiene todo el cronograma trazado: firma de acuerdos a principios del próximo año, plebiscito en marzo y aprobación del acto legislativo para la paz antes del 20 de junio de 2015. En julio arrancaría labores la comisión especial que se encargará de trabajar en la implementación legal de lo pactado, para que en diciembre esté concluido todo el proceso.
Cálculos optimistas, sin duda, pues es claro que una cosa son los tiempos que se manejan en Colombia y otra son los pasos de los diálogos en La Habana. Para las Farc, resulta inconveniente que ese tipo de asuntos se aborden de manera unilateral, aunque por lo visto, no cierran las puertas a las propuestas y están a la espera de conocerlas a fondo. Con un aspecto a tener en cuenta: para la guerrilla, parte del éxito del proceso de paz depende de superar las desavenencias entre Colombia y Venezuela.
“Venezuela es una de las principales garantías, fue decisiva para que nosotros nos sentáramos a negociar, ha sido definitiva en el proceso de paz y lo será para el posconflicto. Venezuela es una pieza fundamental de la confianza en la mesa, no puede salir del proceso”, le dijo a El Espectador uno de los negociadores de las Farc. Como quien dice: una respuesta a los que piden que el vecino país sea excluido de su condición de garante y un mensaje al Gobierno para que no escuche esos clamores.
Participación, algo ya firmado
Mucho se habla de la eventual participación de las Farc en política, puerta que, según la oposición, se abre con la creación de una comisión legislativa especial que se encargaría de tramitar las leyes necesarias para la implementación de los acuerdos de paz. Pero se olvida que ya hay un consenso en torno a participación política de la guerrilla —punto dos de la agenda de diálogos— que incluye, entre otros puntos, la creación de circunscripciones especiales en “zonas afectadas por el conflicto y el abandono”, que tendrán escaños propios en la Cámara de Representantes; acceso a los medios de comunicación y la apertura de espacios políticos a los movimientos sociales y la población más vulnerable.