No pasaron 24 horas del anuncio presidencial para conjurar la crisis que afronta la justicia, y ayer el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto por el cual “se establece el trámite para la integración de las correspondientes ternas de candidatos de la Corte Constitucional por parte del presidente de la República”.
Es esta la primera de un paquete de medidas para eliminar el vacío normativo que dejó la puerta abierta para que la política permeara a las altas cortes hasta desembocar en escándalos como el caso Fidupretelt. “Creo que es en esa dirección en la que todos debemos tratar de caminar para que podamos recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus procedimientos, (…) sobre todo de personas tan importantes como los magistrados de nuestras cortes”, dijo el primer mandatario. A continuación explicamos algunas medidas dirigidas a fortalecer la Rama Judicial y los partidos políticos. Senado regionalLa conformación del Congreso deja en evidencia la disparidad de representación entre departamentos. Unos cuentan con más de 10 parlamentarios y otros no tienen ni un senador. La fórmula planteada incluye la creación de cuatro circunscripciones especiales: Arauca y Casanare; Amazonas, Putumayo y Caquetá; Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas circunscripciones especiales tendrían asiento en el Senado, sin importar la mecánica electoral que hace que las principales ciudades y departamentos grandes tengan mayorías parlamentarias. Lista cerradaCon la finalidad de fortalecer los partidos y evitar el personalismo, la reforma elimina el voto preferente (por un candidato específico). De este modo, la competencia electoral será entre partidos. Para garantizar la equidad de género se mantiene la lista cremallera (intercalada entre hombres y mujeres). La efectividad de esta medida está en duda, pues, de acuerdo con la ponencia, sólo entrará en vigencia cuando el Congreso tramite una ley estatutaria que reglamente los mecanismos de democracia interna en los partidos. El articulado también mantiene la fórmula de que los derrotados en las elecciones a la Presidencia ocuparán curules en el Congreso; el candidato a la presidencia en Senado y su fórmula a la vicepresidencia a la Cámara. Yo te elijo, tú me eligesSe elimina de un plumazo el llamado “yo te elijo, tú me eliges”, al quitar a la Rama Judicial las funciones nominadoras de altos funcionarios. También se prohíbe a los magistrados que, al cumplir su período en una Corte, pasen a otra con el respaldo de los magistrados que en el pasado ayudaron a elegirlo. El proyecto contempla que para nombrar a los miembros del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se haga una lista de diez elegibles, escogidos por el Consejo de Gobierno Judicial (entidad que forma parte de la institucionalidad que reemplazará al Consejo de la Judicatura). Además, se endurecen los requisitos para ser magistrado: tendrán que acreditar una experiencia de 20 años en la rama. Los períodos serán de ocho años y para evitar que litiguen en las cortes donde fueron magistrados, se les impone la prohibición para llevar procesos ante estos tribunales. No a la reelecciónLa columna vertebral de la reforma que busca reorganizar los pesos y contrapesos institucionales es la prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República. Esta figura ha sido considerada como el principal factor de desajuste del Estado, ya que rompió el diseño de la Constitución de 1991 y le otorgó un enorme poder al mandatario en la elección de fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes. En el proyecto también se prohibirá la reelección de altos funcionarios como fiscal, magistrados del Consejo Nacional Electoral, registrador, procurador, contralor, que terminaban utilizando la burocracia de las entidades para lograr los votos que necesitaban para continuar en sus cargos. Tribunal de AforadosAnte la impunidad en el juzgamiento de altos funcionarios, la reforma de equilibrio de poderes busca la conformación de un Tribunal de Aforados que funcionará así: el mandatario envía una lista de cinco candidatos, que serán avalados por el Congreso, que a su vez tendrá la facultad de veto. Para procesos fiscales y disciplinarios el juicio será ante el pleno del Congreso, con el cargo de “indignidad política” que generará la salida de sus cargos. En cuanto a los procesos penales, el Tribunal enviará el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que juzgue sin necesidad de pasar por el Legislativo.