Lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos durante el XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, que se realizó en Cartagena: el escollo más grande del proceso de paz es el modelo de justicia transicional que debe regir.
El acuerdo universal es que el modelo de justicia debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero allí se instala una balanza no tan fácil de equilibrar: conseguir lo máximo de justicia, pero hacer viable la consecución de un acuerdo de fin del conflicto.
Para Santos, la justicia transicional es un conjunto de medidas que tienen como objetivo reconocer las violaciones a los derechos humanos para contribuir a la transformación política y social que permita pasar de la violencia al posconflicto. “Nos ayudará a dar el paso del conflicto hacia una sociedad que convive en armonía”, aseguró el mandatario.
Pero el debate tiene tanto de largo como de ancho. El presidente ha sido enfático en señalar que la paz no puede ir acompañada de impunidad y que la posibilidad de una amnistía, por ejemplo, está más que descartada. De allí su insistencia en la necesidad de que las Farc acepten las condiciones que se derivarían de la justicia transicional: ser investigados, juzgados y condenados.
“Tiene que haber una pena privativa de la libertad. Eso es claro”, manifestó recientemente en una entrevista en la que además explicó que las alternativas para pagar dicha pena son varias y se estudiarían dependiendo de los casos, y sentenció que la fórmula no se puede reducir a cárceles y pijamas de rayas.
Del otro lado de la mesa, las Farc han dicho que la única manera para que el secretariado, como máximo responsable, sea procesado por la justicia colombiana es que los políticos, empresarios y militares que participaron en la guerra se sometan por igual.
En esta encrucijada la prioridad del Gobierno es allanar el camino y conseguir los aliados necesarios para encontrar un modelo de justicia transicional que tenga legitimidad internacional y que al mismo tiempo sea aceptado, a través de la refrendación popular, por los colombianos.
De ahí la importancia del espaldarazo que recibió ayer en Cartagena por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien aseguró que la Rama Judicial acompaña al Gobierno en la consecución de la paz y que su intervención estará encaminada en esa vía. “Las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de una Nación, el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y mantener la convivencia pacífica del país”, puntualizó el magistrado.
Un apoyo que fue avivado por las palabras del papa Francisco, quien a través de una carta dirigida a Bustos instó a la Rama Judicial a no declinar en la consecución de una paz duradera: “Su Santidad acompaña con la oración los trabajos para que, en el cuadro de la institucionalidad, contribuyan con coraje y creatividad a identificar soluciones que refuercen la paz y la justicia, en el respeto del ordenamiento jurídico nacional e internacional”.