Es por esto que el jefe de Estado lideró el comité de seguimiento en el combate contra estas organizaciones y tomó varias decisiones trascendentales. Ordenó intensificar la estrategia para desmantelarlas, ya que hoy representan la principal fuente de inseguridad, por encima de las Farc y el Eln.
El Gobierno también decidió elevar la recompensa a quien suministre información que permita dar con el paradero de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del llamado clan Úsuga, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo y por quien Estados Unidos ofrece US$5 millones. La recompensa en Colombia aumenta de $1.500 millones a $3.000 millones.
Asimismo se impartieron órdenes para robustecer el bloque de búsqueda de la Policía contra las bacrim, al cual se sumaron las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. La intención es atacar con contundencia en las zonas donde se presume están concentradas esas organizaciones criminales.
“El fin del conflicto nos obliga a fortalecer nuestras acciones contra cualquier amenaza criminal y el único camino que les queda a estas organizaciones es el sometimiento a la justicia o enfrentar el rigor de la acción del Estado”, recalcó Santos para descartar cualquier tipo negociación política con las bacrim.
Hace pocos días, alias Otoniel mantuvo la zozobra en seis departamentos del país, cuando los Úsuga decretaron un paro armado que llevó al cese de todo tipo de actividades en 36 municipios. De ahí la creciente preocupación del Gobierno por las medidas a seguir para desmantelar y erradicar definitivamente esas organizaciones, ya que, como se sabe, el tema del paramilitarismo es una de las prioridades en el proceso de paz que avanza en La Habana.