La legislatura 2011-2012 acaba este viernes, aunque bien se puede decir que terminó la semana pasada, cuando el Senado y la Cámara de Representantes les dieron su aval a más de 20 proyectos de ley y actos legislativos. Faltan algunas conciliaciones, pero el consenso es que la tarea se cumplió.
Hubo iniciativas, como el marco legal para la paz, la reforma a la justicia y el fortalecimiento del fuero militar, que se robaron la atención de analistas y la opinión pública en general. Pero hubo también otros importantes proyectos de carácter social que fueron aprobados y que poco o ningún espacio tuvieron en los medios de comunicación durante este primer semestre del año. Así mismo, a partir del 20 de julio, cuando arranca otro periodo legislativo, nuevas propuestas entrarán al ruedo.
El Espectador hace un balance de algunas de esas leyes avaladas por el Congreso que pasaron inadvertidas y de algunas de las que se discutirán en lo que queda de 2012, pero de las que seguramente poco se hablará.
Los proyectos aprobados
– Habitantes de la calle
Con una nueva política pública, se brindará reconocimiento y rehabilitación a las personas en situación de indigencia. La iniciativa incluye un plan nacional de atención para darles alimentación, vestido, recreación e inclusión laboral. El proyecto busca ayudar a los más de 8.000 habitantes de la calle que hay actualmente en Bogotá, poniendo de manifiesto los principios de dignidad humana, autonomía personal y participación social.
– Regular el turismo
Esta reforma contempla que todos los prestadores de servicios turísticos queden enmarcados en la Ley 300 (Ley General del Turismo), que protege a los consumidores y operadores del sector. El proyecto le da un marco mayor a la lucha contra la prestación ilegal del servicio y busca fomentar el turismo ambiental, como responsable en la construcción de megaproyectos turísticos.
– Jóvenes en pandillas
Esta ley pretende vincular socialmente a jóvenes en un alto grado de emergencia social, integrantes de pandillas y grupos de violencia. En este sentido, establece estrategias para la rehabilitación, el acceso a la educación y la generación de empleo. Las entidades o empresas que contraten a jóvenes rehabilitados que cumplan con las aptitudes exigidas en los cargos ofrecidos, podrán deducir de su impuesto a la renta el 125% del valor total de los salarios efectivamente pagados durante el respectivo año gravable.
– Trabajadores afiliados
Así lo establece una ley que amplía la protección a todos los trabajadores que tienen oficios riesgosos, incluyendo aquellos empleados vinculados a través de contratos de prestación de servicios con duración de un mes. El Ministerio de Trabajo deberá fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control creando una comisión especial de inspectores de trabajo sobre riesgos laborales.
– Control a videojuegos
La ley reglamenta la forma en que operan los lugares que prestan el servicio de videojuegos. Se incluye una serie de requisitos para estos establecimientos, como el hecho de que deben estar inscritos ante la Cámara de Comercio y acreditados ante las autoridades municipales y distritales. El incumplimiento de la norma llevará al cierre definitivo del negocio.
– Armas certificadas
Ahora los vigilantes, escoltas y supervisores de empresas de seguridad que porten armas tendrán que obtener un certificado anual de aptitud psicofísica. La iniciativa contempla cubrir a más de 150 mil personas. Según su autor, el representante Óscar de Jesús Marín, el examen deberá ser realizado sin ningún costo por las EPS a las que estén afiliados los vigilantes. Una vez entre en vigencia la ley, quienes no porten el certificado serán sancionados con multas de entre cinco y cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
– Participación ciudadana
El referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto: todas las iniciativas populares estarán cobijadas bajo una normatividad que garantizará la participación democrática de las organizaciones civiles. El proyecto le da prioridad al derecho a participar en la vida política y controlar el poder político.
– Ventas por catálogos
Una nueva ley regulará el mercadeo multinivel en el país para respetar los derechos de las personas que participen en la venta y distribución de los bienes o servicios que se comercializan con dicho sistema. La iniciativa busca blindar al país del surgimiento de empresas ilegales a través de esta figura y garantizar el trabajo a quienes comercializan productos o servicios puerta a puerta o de amigo a amigo y generar empleo para las mujeres.
Los proyectos que siguen
– Ajuste aeronáutico
Con esta propuesta se obligaría a las aerolíneas a reintegrar el valor del tiquete a los pasajeros en caso de que los vuelos sean cancelados y a indemnizar a aquellos viajeros a quienes se les perdió, saqueó o dañó su equipaje registrado. El articulado señala que las aerolíneas deben brindar información clara respecto a los tipos de tarifas disponibles, restricciones aplicables y las condiciones de reembolso.
– Madres comunitarias
Este proyecto rescata la labor de las mujeres que prestan sus servicios al Estado cuidando niños que pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén. De ser aprobado, casi 79.000 madres comunitarias recibirían una retribución económica por la suma de $894.577. Sin embargo, hay voces en contra. La senadora Gilma Jiménez dice que “este es un problema complicado, porque queremos convertir a miles de mujeres en funcionarias públicas, lo cual significa ponerle una carga más al ICBF”.
– No a la venta de licor a menores
El Congreso estudia la adición de un artículo al Código del Menor que prohíba la venta de bebidas alcohólicas a menores y el ingreso de éstos a sitios de diversión donde se presenten espectáculos que agredan y torturen a cualquier tipo de animal.
– Sistema de protección al desempleado
La propuesta tiene por objeto integrar los elementos de protección social al desempleado. El propósito es apoyar a las personas sin empleo a través de la generación de opciones alternativas de trabajo formal y la habilitación de centros o instituciones de promoción y protección social.
– Vacuna gratuita contra el papiloma
Vacunación obligatoria y sin costo es la propuesta del articulado que busca beneficiar a niñas de entre 9 y 12 años contra el virus del papiloma humano (VPH). También pretende la adopción de medidas integrales para la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer cervicouterino.