El próximo martes 20 de julio, tras la instalación del nuevo Congreso de la República y por primera vez en su historia, la Cámara de Representantes deberá elegir en plenaria a su director administrativo para los próximos dos años. Un pulso político que se viene dando paralelo al ya existente por la presidencia de la corporación, por el que hay 25 aspirantes y del que se dice que el Partido de la U aspira a salir victorioso por ser mayoría.
No es para menos. Con este nuevo esquema —definido por la Ley 1318 de 2009—, la Dirección Administrativa de la Cámara asume de manera autónoma la competencia para dirigir licitaciones y celebrar contratos, ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la corporación en materia administrativa y contratación estatal. Si de hablar de cifras se trata, para el año fiscal 2010 el presupuesto asignado a esta ala legislativa fue de $214 mil millones.
En cuanto a la planta de personal, cada representante a la Cámara tiene derecho a contratar entre cinco y diez colaboradores para su Unidad Técnica Legislativa (UTL), para lo cual cuenta con un presupuesto máximo de 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, más de $25 millones. Teniendo en cuenta que son 166 los legisladores, se estima que poco más de 1.200 de los empleados de la Cámara están en las UTL y unas 350 personas laboran en otras áreas. Sumando funcionarios de carrera y contratos por prestación de servicios, son cerca de 1.550 los empleados que manejará la Dirección Administrativa.
Sin duda, como se habla en los mentideros políticos, es un jugoso botín desde el punto de vista burocrático. De allí que hay quienes se atrevan a afirmar que como están las cosas, es más importante ser el director administrativo de la Cámara que su presidente, que sólo se ocupará ahora de los asuntos políticos y de vigilancia. La ley estipula que dicho director deberá rendir informes a la Mesa Directiva de la corporación semestralmente o cuando ella los requiera y que podrá ser removido del cargo previa evaluación del desempeño por la Plenaria de la Cámara, en cualquier tiempo.
Para ser director administrativo de la Cámara de Representantes se requiere acreditar título profesional y cinco años de experiencia administrativa de nivel directivo e idoneidad en el manejo de las áreas administrativas, financiera y de sistemas, bien sea en el sector público o privado. Se necesita también la postulación en la Plenaria por parte de un representante. Palabras más palabras menos, los 25 inscritos (tras la convocatoria que se cerró el pasado 9 de julio) hacen campaña uno a uno con los congresistas, buscando las mayorías y dando a conocer sus propuestas.
Desde hace nueve meses, María Carolina Carrillo desempeña el cargo y aspira a su reelección. Según le dijo a El Espectador, a su favor juega el haber recuperado en parte la imagen de una entidad que en los últimos tiempos ha sido centro de graves escándalos de corrupción. El más sonado de ellos, el llamado “Pomaricazo”, cuando en diciembre de 1999 se realizaron cerca de 60 contratos irregulares por un valor superior a los $6.500 millones, lo cual mandó a la cárcel al entonces presidente de la Cámara, Armando Pomárico, y su director administrativo, Saud Castro, entre otros.
Con el nuevo esquema de quitarle al presidente de la corporación la potestad de decidir a su antojo el nombre del director administrativo y hacerlo por votación de una lista de inscritos, previa revisión de su idoneidad, la Cámara de Representantes busca garantizar el buen manejo administrativo y blindarse de la corrupción. Una apuesta aún incierta, teniendo en cuenta que de todas maneras el proceso y la decisión siguen siendo políticos y que los intereses partidistas están, una vez más, sobre la mesa.