El enfrentamiento entre Cambio Radical y el vicepresidente Francisco Santos se ahondó aún más con las declaraciones del presidente de la Comisión Primera del Senado y miembro de ese partido, Javier Cáceres, quien denunció que los cuestionamientos hechos por el funcionario a la colectividad se deben a que lo que quiere es defender unos auxilios que la Cámara de Comercio de Bogotá le tiene que entregar a la Fundación País Libre, cuyo gestor es precisamente Santos. “El Vicepresidente está incómodo porque algunos miembros de la junta directiva de esa entidad quieren saber el monto y en qué se han gastado los recursos”, dijo Cáceres, calificando a Santos como un “deschavetado” y una persona que “la Casa de Nariño tiene que corregir y pedirle mesura”.
El Espectador habló con Alfonso Manrique, presidente honorífico de País Libre, quien negó que la Fundación recibiera donaciones de la Cámara de Comercio y aclaró que lo único que se ha tenido con dicha entidad es un convenio que se terminó el año pasado. “Fue por $700 millones durante cinco años y País Libre aportó una suma igual. Se trataba de prestarles asistencia a los empresarios, pero ya caducó. Me extraña que el senador Cáceres diga eso y no me explico por qué quiere meter en cuestiones políticas a País Libre”, enfatizó.
Como se sabe, el vicepresidente Santos cuestionó, el miércoles pasado, a Cambio Radical –el partido que lidera el ex senador Germán Vargas Lleras–, al que se refirió como “un grupo político con un candidato presidencial opcionado a 2010” y con “un voraz apetito burocrático”. Y acusó a esa colectividad de querer “apoderarse de la Cámara de Comercio de Bogotá”. En respuesta, Vargas Lleras manifestó que lo que estaba buscando Santos era el lanzamiento de su campaña, aunque no especificó si a la Presidencia, a la Alcaldía o a la misma presidencia de la junta directiva de la Cámara de Comercio, de la cual hace parte.
Con este tire y afloje entre Cambio Radical y el Vicepresidente, quedó claro el pulso de poderes en el interior de la Cámara de Comercio capitalina. En un comunicado expedido el jueves en la noche, 12 de los integrantes de la junta directiva de la entidad enfatizaron que su misión es defender los intereses de los empresarios de la ciudad y de la región, por encima de intereses políticos y personales, aunque marcaron un distanciamiento con la actual administración, en cabeza de la presidenta ejecutiva María Fernanda Campo, quien es considerada muy cercana al ex presidente Pastrana.
“Hemos exigido que los procesos licitatorios se hagan con total transparencia, como lo manda el ordenamiento legal, y nos opondremos a la política de renovación automática de los contratos y la adjudicación de los mismos cuando hay sólo un proponente”, expresaron.
En otro de los puntos del comunicado señalan: “Sentimos la molestia de la administración por las recomendaciones que varios de los miembros de la junta han dado para garantizar un proceso abierto, objetivo y claro en torno a la contratación de la que debe ser la nueva agencia de publicidad de la entidad ($5.000 millones) y hemos cuestionado el manejo del portafolio de inversiones financieras de la entidad, en donde se encuentran cuantiosísimos recursos invertidos en bonos Yanes, efectuados durante los últimos cuatro años, y que se han visto afectados por la reevaluación de nuestra moneda”.
Enrique Vargas Leras, hermano de Germán Vargas Lleras y miembro también de la junta directiva de la entidad, aclaró en un comunicado que fue designado por el Gobierno Nacional, que no representa ningún grupo político y que sus actuaciones siempre han sido consultadas con la Presidencia de la República.
“Me pongo a disposición del señor Vicepresidente para aclararle cualquier circunstancia que él quiera conocer sobre mi proceder”, dijo. Lo claro, por ahora, es que el agarrón de Santos y Cambio Radical, estando de por medio la Cámara de Comercio de Bogotá, ha abierto un boquete en la coalición uribista que amenaza con hacer naufragar las reformas planteadas por el Ejecutivo al Congreso.