Sabogal afirmó que lo primero que se debe tener en cuenta es que esta “es una norma propia de la justicia transicional que se está aplicando en medio del conflicto. Y uno de sus principios es su aplicación gradual y progresiva”.
“Hemos ido interviniendo en las zonas donde hay condiciones de seguridad, tal y como lo pide el Ministerio de Defensa. Hoy, 35% de las reclamaciones, que corresponden a más de 20 mil, están surtiendo ese trámite. Se está llegando a los predios, recogiendo información y se están documentando los casos para que sean entregados a los jueces”, explicó el director de la Unidad.
Ante la afirmación de las ONG de que el 85% de las víctimas del despojo no han accedido al sistema de restitución de tierras, Sabogal contestó que el estimativo de 360 mil reclamaciones era una proyección. “Hemos encontrado que en zonas donde hubo proceso de desplazamiento la población ha podido volver. De forma que hay temas que no tienen la dimensión que inicialmente se estipuló. Pero eso no quiere decir que la gente no vaya a reclamar. A medida que haya más seguridad, seguramente llegarán más casos”. explicó el funcionario del Ministerio de Agricultura.
A las críticas por la microfocalización y la participación del Ministerio de Defensa en el desarrollo de la ley, el director de la Unidad sostuvo que “la ley dice que habrá restitución en las zonas donde haya condiciones de seguridad”. “Este es uno de los problemas de aplicar una norma para el posconflicto en medio del conflicto. Pero las tierras se están entregando. Dios quiera que haya un acuerdo de paz muy pronto para poder hacer la restitución a lo largo y ancho del país”, expresó Sabogal.
Ante el caso de una familia Perilla, que recibió 8 mil hectáreas de las poco más de 21 mil que ha restituido el Estado, el funcionario público señaló: “Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones judiciales. Estos temas de restitución, hace unos años los manejaban los comandantes guerrilleros o paramilitares y hoy los están zanjando los jueces de la República. Nos parece muy peligroso entrar a controvertir los fallos de los jueces. Ellos han tomado decisiones basadas en pruebas. Ahora, si las fundaciones que hicieron el informe tienen alguna información, lo que corresponde es llevarla a la Corte Suprema, que puede revisar los fallos”, concluyó el alto funcionario.