Los hechos del pasado jueves en Conejo, corregimiento del municipio de Fonseca en La Guajira, donde se vio a los jefes de las Farc Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich escoltados por guerrilleros armados, no solo socializando los avances del proceso de paz de La Habana, sino también haciendo campaña a favor de una constituyente, alimentan las dudas en la opinión pública nacional y ponen en el centro del debate un tema clave: el del desarme. Sobre todo por la postura que desde un comienzo ha asumido esa guerrilla, que siempre ha preferido hablar de “dejación” de armas, mas no de “entrega”.
Para algunos, se trata de un simple juego de palabras, pues en el lenguaje revolucionario, “entrega” implica la derrota y claudicación en la lucha. Para otros, más críticos, es claro que las Farc no quieren dar ese paso y, por lo tanto, su paz es solo una pantomima. De hecho, las Farc han llegado a plantear que la dejación de las armas tiene que involucrar también a las fuerzas del Estado. “El problema no son las armas, son los hombres que las disparan y cuando hablamos de dejarlas hay que recordar que estamos en una conversación bilateral y habría que preguntarse si la dejación es solamente para una de las partes o si la otra tiene contemplada la posibilidad”, dijo en su momento Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de la guerrilla.
Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático en decir que la entrega o dejación de las armas “es un requisito imprescindible” para llegar a un acuerdo. Y Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en Cuba, ha dicho que, más allá del mecanismo que se escoja, los colombianos pueden estar seguros de que las Farc no mantendrán sus armas si se llega a un acuerdo: “Es un imperativo que debe conducir a que no haya una paz armada”. Además, recalcó que dicho concepto aplica “única y exclusivamente a los grupos armados al margen de la ley” y no a la Fuerza Pública, que ostenta el monopolio legal de las armas y su uso legítimo.
Precisamente, en la ponencia de la reforma a la Ley de Orden Público, radicada el pasado martes por el Gobierno en el Congreso y que se estudiará en sesiones extras, hay luces sobre al respecto. En su artículo 8º se establece que “cuando así lo disponga el Gobierno Nacional, según lo acordado por las partes, en el marco de un proceso de desarme, una instancia internacional podrá estar encargada de funciones tales como la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento del grupo armado organizado al margen de la ley”.
Aunque se trata de un asunto que está siendo discutido en la mesa de diálogos, se sabe que la primera opción es que las Naciones Unidas sea ese organismo internacional que se encargue de “administrar” las armas que dejen las Farc. Ello dentro del proceso de cese del fuego definitivo, desmovilización y verificación que liderará junto con la Celac. La otra opción es que las armas sean entregadas a un tercer país, idea que comparte el expresidente Álvaro Uribe, quien cree que dejarlas con el compromiso de no usarlas, así sea con vigilancia internacional, “sería peligrosísimo”. Ese otro país no puede ser Venezuela, dice Uribe, y dentro de las posibilidades estarían Noruega y Chile, garantes del proceso de paz.