Este lunes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que la investigación que adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación.
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Así las cosas, el panorama cambia y será el ente acusador el que decida sobre el futuro judicial de Uribe, que el pasado 18 de agosto renunció a su curul en el Congreso. Esa decisión le permitió a su abogado, Jaime Granados, solicitar a la Corte el traslado de su caso a la dependencia que dirige Francisco Barbosa, bajo el argumento de que el alto tribunal perdía competencia sobre el expediente.
Esta nueva determinación judicial abre un capítulo más en el proceso del líder natural del Centro Democrático, algo que, por supuesto, generó opiniones en el mundo político. Como era de esperarse, los congresistas uribistas aplaudieron la decisión, no sin antes mantenerse en su tesis de que la Corte Suprema de Justicia no le brindó las garantías procesales al exsenador Uribe.
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Así lo comunicó a parlamentaria Paloma Valencia. Comentó que era “injusto” que uno de los senadores más votados de Colombia en las pasadas elecciones de 2018 al Congreso tuviera que “dejar su curul para tener garantías judiciales”. Su juicio se mantuvo en que la Sala de Instrucción violó las garantías de Uribe, a pesar de los múltiples argumentos que dieron los magistrados para determinar, entre otras cosas, que este debía mantenerse en casa por cárcel mientras se llevaba a cabo su proceso.
Así mismo, el representante Edward Rodríguez, también de esa colectividad, manifestó que la decisión de la Corte Suprema de pasar el caso a la Fiscalía era una “garantía constitucional”. Reiteró en que “ojalá sea público [el expediente]” y que “confía” en el ente investigador. No obstante, después de esto, no hizo mención alguna a los comentarios con los que él y otros de sus copartidarios han puesto en tela de juicio el actuar del alto tribunal.
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Mientras, los congresistas de otras orillas políticas manifestaron que respetan a la justicia y las instituciones, más allá de estar o no de acuerdo con sus decisiones. César Lorduy, representante de Cambio Radical, le recordó a la ciudadanía que la justicia “no es buena ni mala dependiendo de sus resultados”, en el caso que sea. “La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en derecho y en consecuencia ha evaluado que las actuaciones del expresidente Álvaro Uribe no tienen relación con su ejercicio como senador. Bienvenida esa decisión de la corte, el respeto que se merece esa corporación. No se puede evaluar el desempeño de una institución tan prestigiosa como la Corte, ni mucho menos de la Fiscalía. La justicia sale triunfante de este proceso. Se demuestra que efectivamente no es con aplausos ni censuras con las que se obtienen los resultados, sino con actuaciones en derecho. Reconocible esta decisión, como cualquier otra que hubiera tomado”, dijo.
Por su lado, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, destacó que, aunque le sorprende la determinación judicial recién confirmada, toda la ciudadanía debe acatarla. Eso sí, hizo hincapié en que no confía en la Fiscalía de Francisco Barbosa, y considera que “que sí existen fuertes razones jurídicas para afirmar que el delito por el cual está siendo investigado Álvaro Uribe tienen relación y conexión con su condición de congresista”. “Este proceso inició por una denuncia que instauró Uribe, siendo senador, en contra de Iván Cepeda, como consecuencia de un debate de control político. Adicionalmente, según lo investigado por la misma corte, miembros de su UTL fueron instrumentalizados para la comisión del delito, como consta en el material probatorio. Respeto la decisión de la Corte Suprema y acá la ciudadanía debe hacerle seguimiento a las decisiones que tome la Fiscalía en este caso”, arguyó Miranda.
Y, desde el lado liberal, el senador Guillermo García Realpe, puntualizó en la misma línea: que en materia judicial todos los colombianos deben acatar y obedecer dichas determinaciones. “En el caso Uribe, la Corte Suprema ha remitido el proceso a la Fiscalía. Esperamos que la Fiscalía tome una decisión pronta, en derecho, como operador de justicia que es”, concluyó.
Con todo, el proceso continúa. Por ahora, el senador Iván Cepeda, del Polo y que está envuelto en el caso como víctima, expresó que recusará a los fiscales Barbosa y Martha Mancera por no representar en esta investigación “garantía e independencia”. Dijo que acata la decisión de la Sala de instrucción, pero estudiaran “los argumentos” para esa transferencia de competencia y él, con sus abogados, irán hasta las últimas instancias para que se conozca la “plena verdad” y haya “justicia” en este caso.