Hace un año el país entero apenas se acostumbraba a vivir en confinamiento, como una medida adoptada por el Gobierno Nacional para evitar el aumento de contagios por el COVID-19. Colombia y el mundo entero se enfrentaban a un virus desconocido que ponía en jaque a las grandes potencias y que se esparcía sin pausa por el planeta. En ese entonces, cada país analizaba las decisiones a tomar frente a la pandemia, que ejercía presión en los sistemas de salud -la gran mayoría poco preparados para atender los síntomas de la enfermedad-, de manera que se garantizara la vida, hacer un freno abrupto a las actividades diarias y evitar un colapso total de la economía.
Desde el Gobierno colombiano fueron varias las medidas que se implementaron a través de los decretos de emergencia, sin embargo, no se puede negar que no fueron suficientes y, similar a lo que ocurrió en varios países de la región, las afectaciones económicas y sociales fueron evidentes con el pasar de los meses. ¿Qué tan efectivas han sido las decisiones tomadas por el presidente Iván Duque? ¿Ha sido exitoso el manejo de la pandemia? ¿Va muy lento el plan de vacunación? ¿Por qué la negativa a una renta básica? ¿Fueron suficientes los auxilios económicos a las empresas? ¿Qué hizo el Gobierno para evitar que grupos armados ilegales impusieran su ley en varias regiones durante el confinamiento?
Esas y más preguntas serán las que hará la oposición este martes en la plenaria del Senado, en un debate de control político al que fueron citados los ministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Diego Molano, y de Salud, Fernando Ruiz Gómez. De hecho, más allá de ala pandemia, el ministro Molano, quien confirmó su asistencia, deberá afrontar otros cuestionamientos por temas como la violencia en el Cauca, el asesinato de excombatientes, las masacres, los bombardeos o una denominada “paramilitarización” de varias zonas del país.
“Queremos exigir responsabilidad al gobierno de Duque por el mal manejo de la pandemia, que ha profundizado la crisis social, con un alto índice de desempleo, pobreza, millones de personas que comen una sola comida al día”, señala la senadora Criselda Lobo, del Partido Comunes, antes FARC, haciendo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia en varias poblaciones a pesar de los confinamientos.
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Manejo sanitario
Las medidas adoptadas para la crisis serán el primer punto por tratar. A juicio de la oposición, las decisiones no han sido suficientes y muy poco acertadas. El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, califica la atención gubernamental como poco exitosa, y pone como referente la cifra de muertos, que a corte de ayer era de 64.293, y el total de contagios en el país, que es de 2’456.409. “Las medidas del Gobierno van detrás de los acontecimientos y el plan de vacunación, a paso de tortuga. Hay que hacerles un examen muy serio a los ministros”, enfatiza Sanguino.
En ese mismo sentido comenta el senador del Polo Democrático Alexánder López: “Vamos a demostrar que Colombia ha sido uno de los países que peor ha manejado la crisis de la pandemia. Las cifras diarias de contagios y de mortalidad no son ciertas, son mayores que las que nos muestran, sustentadas en información de Medicina Legal y el DANE”. A su turno, Lobo subraya la necesidad de la inmunización para retomar actividades indispensables, como la educación de las niñas y niños. “Se quiere retornar a las aulas y que los menores vayan a clases, pero los docentes no están inmunizados. Eso es una irresponsabilidad, porque los colegios no están adecuados estructuralmente para garantizar la bioseguridad ni la conectividad”.
Crisis económica
Para la oposición, los programas que implementó el Gobierno para aliviar a las personas y a las empresas en tiempos de confinamiento tampoco fueron suficientes. Una de las críticas es que los recursos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) no llegaran a las empresas más pequeñas. “El tejido productivo del país no fue beneficiado con ese programa, a pesar de que intentamos expandirlo a las microempresas en el Congreso”, dice Sanguino.
Una acusación más grave hizo el senador López: “Vamos a demostrar cómo los beneficiados con las medidas del gobierno Duque son quienes financiaron su campaña, el sector financiero, que obtuvo utilidades por $ 8 billones, mientras se perdieron miles de empleos y desaparecieron 500 mil pequeñas y medianas empresas. Tenemos pruebas que muestran además que hubo empresas que cogieron los recursos del subsidio al desempleo, nunca cerraron y hasta dieron utilidades”.
En medio de estos cuestionamientos, el Gobierno prepara una reforma tributaria que busca posicionar como un proyecto de transformación social que tiene como objetivo la defensa financiera y social de los ciudadanos en medio de la pandemia. “No quiero que miremos la solidaridad social en términos de golpeados y no golpeados, sino en cuestión de la solidaridad como principio y que se recibe en toda la sociedad”, ha dicho el presidente Iván Duque, en defensa de la iniciativa que, entre otras cosas, pretende poner a pagar renta, según ha dicho el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, a quienes ganen desde $ 30 millones anuales, es decir, unos $ 2’500.000 mensuales.
Seguridad
Por último, el debate se enfocará en la situación de seguridad que viven varias poblaciones del país, pero, en especial, departamentos como Cauca, Caquetá, Arauca y Norte de Santander. La senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, dijo que “se ha utilizado la pandemia para repoblar paramilitarmente al país. El Gobierno nos tiene que explicar por qué hay una masacre cada 3,5 días y, como la gente está encerrada, los victimarios encuentran más fácil a sus víctimas”, comenta. Este debate será el primer gran examen que debe rendir el Gobierno ante el Congreso este año, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, con el país atento a sus respuestas.