Según el promotor de esta ley en la Cámara, el representante Guillermo Rivera, el Gobierno pretende que la víctima a la hora de su proceso de reparación, busque una acreditación judicial de condena para su agresor.
Con este antecedente, la víctima deberá esperar una condena de su victimario, aún y con toda la tardanza que en el tiempo puede durar un proceso jurídico. Sólo así, podrá llevar un certificado y obtener una reparación.
"La posibilidad es mínima para una persona que quiera acceder a los beneficios de la reparación si se sigue pensando así", alertó el congresista.
Pero también Rivera denunció un disfrazado "temor político" de parte del Ejecutivo para permitir una pronta aprobación de dicha ley. Para el representante no es verdad que este proyecto cueste 70 billones de pesos, como lo aseguró el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco.
"Ese calculo en números no lo han mostrado, y eso deben dejárnoslo ver (…) el Gobierno en su posición frente al proyecto ha sido excluyente", manifestó.
Finalmente, el liberalismo reveló que si se aprueba la ley como espera el Gobierno sería como aceptar la impunidad.