A juzgar por la dedicación y el compromiso del Congreso de la República por sacar adelante una agenda gubernamental que apostó por reformas de tipo estructural en sectores estratégicos del país, se podría pensar que estamos ante una clase política más ponderada, proclive al diálogo y a la concertación. No obstante, aunque los mecanismos de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo parecen haber retornado a la estética pública democrática, resulta apresurado concluir que estamos ante una recomposición de la clase política en general.
Inferir una recomposición de este tipo a partir de la coyuntura legislativa actual resulta equívoco, pues se sabe que si algo caracteriza a los políticos colombianos es su capacidad para jugar en dos registros simultáneos: el del ámbito nacional, más adecuado a los canales democráticos donde las discusiones se dan de cara a la “opinión pública”, y el del ámbito local y regional, donde cualquier recato por el protocolo político queda suspendido ante la competencia por los votos, los cargos burocráticos y el monopolio del poder.
El juego político que se prefigura
Lo que sí es cierto es que las negociaciones detrás del nuevo panorama legislativo prefiguran un juego político en el que se evidencia un creciente acercamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el Partido Liberal. Gran parte del espíritu reformista de muchas de las leyes aprobadas se debe al impulso y la iniciativa de los legisladores liberales, que han aprovechado la nueva coyuntura para asumir un papel protagónico dentro de la coalición de Gobierno, desplazando de a poco al Partido de la U, que hoy se enfrenta a serias tensiones internas producto de las fuerzas centrífugas que lo componen.
Armando Benedetti —quien ha hecho explícita su intención de aspirar por la presidencia de esta colectividad ante la que considera una mediocre labor de su actual presidente, Juan lozano— ha dado a conocer en varias ocasiones su empeño por buscar una unificación con el Partido Liberal. En entrevista al diario El Heraldo, de Barranquilla, sostuvo: “Es que nosotros (los de la U) somos liberales. De 28 senadores que tiene la U, 25 son de extracción liberal, dos son conservadores y uno es cristiano”.
Aunque nada en política puede darse por sentado, y más cuando el presidente Juan Manuel Santos parece haber ratificado públicamente su compromiso con la U, el nuevo papel que pudiera desempeñar el Partido Liberal en la coalición de Gobierno y los guiños que a esta labor le ha hecho el presidente generan expectativas sobre una posible contribución a la democratización del país de parte de las toldas rojas.
Controlando expectativas: ¿legislar para pacificar?
Según el saliente presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Zuluaga, las leyes aprobadas en la primera legislatura del Congreso, bautizada por el presidente como “la agenda por la prosperidad democrática”, “permite, fundamentalmente, empezar a estructurar un Estado que vaya hacia los grandes retos del país”.
Así, estas leyes —se supone— son las herramientas jurídicas que el Congreso dejó a disposición del Gobierno para que consolide su propuesta de “prosperidad democrática” que pretende, entre otras muchas cosas, favorecer un mayor crecimiento económico, generar equidad entre las regiones y reforzar la seguridad en muchas de ellas. Un proyecto que, en palabras de Santos, se trata de “un acuerdo en torno a la necesidad de tener una democracia vigorosa (…), una patria justa en lo económico y lo social. Una nación segura y en paz”.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué tanto las leyes aprobadas en la primera legislatura, a pesar de su espíritu democrático y progresista, contribuirán de manera efectiva a la pacificación del país? La historia reciente ha demostrado en varias ocasiones que la relación entre democracia y paz no parece ser tan lineal como el sentido común indica. Incluso, ofrece varios episodios sobre cómo democracia y paz a veces parecieran divergir, por ejemplo, cuando propuestas reformistas concebidas desde el centro de la nación dispararon los niveles de conflictividad en varias regiones.
Se trata de casos como la represión y posterior cooptación por parte de las élites agrarias regionales del movimiento campesino que emergió a finales de la década del 60, impulsado por el talante reformista del gobierno de Carlos Lleras Restrepo; el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, partido político que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc; y la violencia paramilitar que arreció en varias regiones durante y después de los diálogos de paz del Caguán.
Lo anterior lleva a mirar con cautela tan ambicioso marco legal y preguntarnos sobre las posibilidades para que su implementación resulte según los planes del Gobierno: un camino hacia la prosperidad y la paz del país. Dos hechos concretos indican que la tarea no va a ser fácil. Por un lado, la complicada situación de orden público que se vive en varias regiones y el asesinato de líderes campesinos e indígenas llevan a considerar que los sectores clave para el sustento de la democracia local siguen siendo vulnerables frente al accionar de los grupos armados. Por el otro, el anuncio del retorno de las maquinarias políticas en algunos departamentos y municipios durante las próximas elecciones, como señal de las precarias condiciones políticas e institucionales con las que los avances reformistas se toparán en lo local y lo regional.
Así las cosas, la tan anhelada “prosperidad democrática” no parece tan cercana. Aunque los avances en cuanto a la legislación son evidentes, las problemáticas de seguridad y de la institucionalidad en el nivel local siguen siendo tareas pendientes del Gobierno y condiciones fundamentales para garantizar la exitosa implementación de cualquier intento por democratizar y pacificar el país.
* Investigador del Centro de Investigación y Estudios Populares (Cinep)