La derogación de la Ley de Garantías, la última promesa del Gobierno, será difícil de cumplir. El Congreso, el futuro de la Unidad Nacional en las regiones y la relación del Ejecutivo con los organismos de control son variables claves en una apuesta legislativa que podría alterar el mapa político del país.
El primero de los obstáculos se encuentra en el parlamento. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, si se elimina la reelección presidencial, como ocurriría si el Congreso aprueba la reforma del reequilibrio de poderes en los términos que hoy está planteada, no tendría sentido sostener la Ley de Garantías. No obstante, entre los congresistas se dice que tramitar paralelamente el reequilibrio y la eliminación de la ley podría resultar en un “tiro en el pie” por parte del Gobierno. Es decir, si el reequilibrio llegara a caer en el trámite de la segunda vuelta legislativa, quedaría sin fundamento la eliminación de la norma que hoy sirve para controlar el gasto público y la contratación en tiempos preelectorales.
Por otro lado, la apuesta de Santos apunta a que los gobiernos locales, en su último año en el poder, puedan “ejecutar una parte importante de los recursos disponibles, que son como $5,8 billones (…) una especie de medida anticíclica” ante la desaceleración de la economía colombiana por la caída del precio del petróleo, como dijo el presidente.
Para la oposición, tanto del Centro Democrático como del Polo, la idea implica que los alcaldes y gobernadores puedan alterar la balanza de las elecciones regionales en favor de los candidatos de sus partidos, que en su mayoría hacen parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, desde la perspectiva del Gobierno está claro que la eliminación de la ley permitiría mejorar la relación con los poderes locales, que se vio afectada con la caída del proyecto que buscaba permitir la reelección de alcaldes y gobernadores.
El otro obstáculo radica en que, a juicio de los organismos de control, eliminar la Ley de Garantías afectaría, por lo menos, la transparencia del próximo proceso electoral, como ha dicho el procurador Alejandro Ordóñez. La defensa de Santos frente a ese argumento consiste en que “se mantendrían todos los controles que se efectúan en cualquier inversión o ejecución. Nadie está pidiendo que se levanten los controles. Lo que se levanta es la prohibición de ejecutar”.
No obstante, a juicio del Ministerio Público, está claro que el control fiscal y disciplinario quedaría sin dientes para evitar que los gobernantes participen en política electoral, que fue lo que quiso eliminar la norma que hoy quiere derogar el Ejecutivo.