El lío estaba cantado. Los ocho años previstos como máxima pena carcelaria para los desmovilizados del paramilitarismo, amparados por la Ley de Justicia y Paz, se empiezan a cumplir. Sin embargo, hay cerca de 2.000 detenidos o más que no han acatado dos requisitos: la verdad y la reparación a las víctimas. Además, desde 2005 a la fecha apenas hay dos sentencias. La Fiscalía pide una nueva ley, la sociedad le exige a la Fiscalía, los jefes de las autodefensas proponen recobrar el proceso de paz, todos buscan una solución que nadie tiene.
No obstante, el reto es enorme. Más aún si se añade la atmósfera de polarización o crítica que se ha venido gestando en torno al trámite de la reforma constitucional conocida como el marco legal por la paz. Según analistas consultados por este diario, sin que el Estado pueda dar por finalizado el esquema de justicia transicional que dio pie a la Ley de Justicia y Paz, y la prueba son dos exiguas sentencias y centenares de desmovilizados contando los días para su libertad, ya está abriendo nuevos caminos a una incierta negociación política.
Más allá de la discusión en los poderes públicos, este enrevesado panorama tiene unos protagonistas expectantes: los desmovilizados y postulados a la Ley de Justicia y Paz. La mayoría están presos, pero atentos a la discusión sobre su futuro. De hecho, vienen trabajando en una especie de foro abierto desde distintas cárceles del país, intercambiando fórmulas jurídicas, pero sobre todo pidiendo interlocución con el Estado, pues creen que el proceso de paz con las autodefensas debe concluir como empezó: con claridad y garantías para todos.
El Espectador tuvo acceso al último documento que circula entre desmovilizados evaluando lo que sucede, sobre la perspectiva de reconocer la escasa celeridad de la Ley de Justicia y Paz, la incertidumbre que reina entre quienes van a cumplir su tiempo en prisión pero tienen deudas pendientes en la justicia ordinaria, o el temor que tienen de que el marco legal por la paz resulte excluyente e inequitativo. Su conclusión es que no quieren que se les considere una amenaza, pero califican de riesgo que no se les escuche.
“Si uno de los atractivos importantes de Justicia y Paz era dar unas penas de cinco a ocho años y este objetivo no se da buscando interpretaciones diversas a la misma ley para mantenernos en la cárceles por más tiempo, entonces todo habrá sido un engaño”, se lee en uno de los apartes del documento. Por eso insisten en que para que el proceso con las autodefensas no se atraviese con los esquemas que se avecinan y pueda servir de espejo a las guerrillas, debe concluir de manera exitosa, empezando por la interlocución con el Estado.
Entre las sugerencias planteadas por los desmovilizados en su foro carcelario se incluyen la supresión de audiencias repetitivas, para enfocarse directamente en las confesiones, la fusión entre la imputación y la formulación de cargos, la selección de casos según la gravedad e impacto social de los mismos, la realización de diligencias en bloque para evitar contradicciones y repeticiones innecesarias, la creación de centros de reclusión especiales para los postulados y hasta la habilitación de una sala de Justicia y Paz en la Corte Suprema.
Pero sus propuestas van más allá de la agilización de las diligencias e incluyen aspectos procesales de trascendencia judicial. Por ejemplo, plantean que se prohíba que se envíen copias de procesos de Justicia y Paz a la justicia ordinaria y que se suspendan procesos en la justicia ordinaria con la simple confesión del postulado en Justicia y Paz. Este es uno de los escenarios más críticos porque a muchos desmovilizados les han venido apareciendo delitos que no confesaron, y esa es la razón por la cual se les han abierto nuevas causas penales.
En términos generales, los desmovilizados y postulados a la Ley de Justicia y Paz quieren saldar sus cuentas y por eso aspiran a crear unas condiciones de aplicación de penas alternativas para que se establezca un término fijo y claro en el cual puedan quedar en libertad. Del otro lado de la balanza es la Fiscalía la que considera que de no aprobarse a corto plazo una legislación clara sobre Justicia y Paz, más de 2.000 exparamilitares o van a quedar libres o van a llenar los tribunales de tutelas exigiendo esa libertad por vencimiento de términos.
El Espectador contactó a uno de los principales líderes políticos de las autodefensas que hoy está libre en el exterior, pero pendiente de alguna solución para su caso y para la organización a la que perteneció. Se trata de Carlos Mario García, alias Gonzalo, en su momento asesor político de Jorge 40. En el momento de la desmovilización, este personaje cumplió un papel crucial ayudando al trámite de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso. Hoy plantea un debate nacional para que el proceso de paz, según él, termine debidamente.
“Creo que puede llegar a 4.000 el número de postulados en Justicia y Paz. Como el 10% de la organización. En ocho años hay dos sentencias, es decir, que 100 años no alcanzarían para descongestionar los procesos pendientes. Como muchos colombianos, sí creo que el presidente Santos tiene las llaves de la paz, pero él como cabeza de Estado y el Congreso no pueden hacer oídos sordos al problema de las autodefensas. Una desmovilización dura unos pocos minutos. Lo que viene después es lo más difícil y no puede abandonarse”, comentó alias Gonzalo.
Este desmovilizado, quien mantiene contacto con líderes de la organización detenidos, sostiene que así como en la discusión del marco por la paz debería escucharse a todos los actores del conflicto, el Estado y la sociedad tienen que saber que tarde o temprano más de 2.000 excombatientes van a quedar en libertad y necesitan protección. No sólo para que no los maten, sino para que encuentren qué hacer. El reto es no permitir que caigan en las manos de las bandas delincuenciales que están ocupando los espacios que dejaron los grupos de autodefensas.
Así como el pasado mes de abril, desde una cárcel en Estados Unidos Salvatore Mancuso y desde otra en Colombia, alias Diego Vecino, los exjefes paramilitares están pidiendo una interlocución política para cerrar el proceso, alias Gonzalo, esboza su propia fórmula: “Que se abra el debate, que se busque un país neutral y hagamos una reunión que facilite la recuperación del proceso en el marco del acatamiento a la verdad como en el contexto de una verdadera revolución. Aquí lo importante es el posconflicto y que nadie saque ventajas.
En el fondo de la discusión, y más allá de la premura por la libertad, según los desmovilizados de las autodefensas, hay una preocupación mayor: los alcances del marco legal por la paz. Ese es el tema dominante de los foros carcelarios, y así resume alias Gonzalo la posición de la organización: “Las vocerías para los grupos armados deben ser para todos. Iguales derechos para exguerrilleros y exautodefensas. Estoy seguro de que nadie que estuvo en la guerra quiere volver a ella, pero así como apoyamos beneficios para la guerrilla, pedimos claridad con nosotros”.
Entre la verdad y los compromisos judiciales
Hoy, la principal solución a la crisis que se vive en Justicia y Paz está en el Congreso. El senador Roy Barreras informó que desde hace tres semanas se planteó la prórroga de la ley para resolver con urgencia el tema de la excarcelación masiva de paramilitares. Ahora aguarda una fórmula de la Fiscalía para resolver el dilema.
“Son dos cosas: el hecho indeseable de que muchos paramilitares queden libres sin decir la verdad o reparar a sus víctimas; pero, del otro lado, un Estado que tiene que cumplirle su promesa a aquellos desmovilizados que han hecho las cosas bien, pero también están afectados por la congestión judicial”.
El senador Barreras cree que puede haber audiencias públicas extraordinarias, siempre y cuando las garantías sean la verdad y la reparación. En cuanto al marco por la paz, el congresista aclaró que sólo operará para desmovilizaciones futuras, por lo que nada tiene que ver con el proceso que llevó a la Ley de Justicia y Paz.
Exasesor de la Ley de Justicia y Paz
Natural de Sincelejo, médico de profesión, Carlos Mario García Ávila llegó a ser el jefe político de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Sin embargo, a partir de 2004 cumplió un papel aún más determinante: mantenerse al tanto de la discusión de la Ley de Justicia y Paz, en estrecho contacto con los líderes políticos, desde varios sitios en Bogotá.
García Ávila, conocido con el alias de Gonzalo, salió del país cuando el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe entró en crisis. Desde entonces ha tratado de resolver su situación jurídica, pero al mismo tiempo ha obrado como enlace de los paramilitares presos, para buscar que sus casos se resuelvan lo más pronto posible.