Que se acabó ‘luna de miel’ entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las altas cortes es la expresión que más se ha escuchado desde el miércoles pasado, cuando los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia (designado), Juan Carlos Esguerra, radicaron en el Congreso el proyecto de reforma a la justicia. Horas después, los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia expidieron un comunicado rechazando la iniciativa, con el argumento de que “pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial, que es indispensable para la existencia de una verdadera democracia”, “compromete la separación de poderes y propugna por una mayor concentración de poder en cabeza del Ejecutivo”.
Lo claro es que, según conoció El Espectador, aunque el Gobierno ha sido prudente ante la reacción de los dos altos tribunales, sí existe un gran malestar por los términos en que ésta se dio. Según fuentes que pidieron confidencialidad, lo que hoy se percibe en la Casa de Nariño es que las cortes no quieren que haya una reforma distinta al tema presupuestal y lo dicho en el comunicado no se ajusta a la realidad. “El Gobierno no entiende la postura asumida y está muy sorprendido. Desde un comienzo quedó claro que la presentación de la reforma no estaba supeditada a si había o no consenso con las cortes. Se pusieron las cartas sobre la mesa y las respuestas de las cortes fueron muchos ‘no’, algunos ‘sí’ y otros ‘habría que pensarlo’”, dijo un funcionario que participó por el Ejecutivo en el proceso.
Al Gobierno lo que más le ha molestado es el tono del comunicado. “Que hubiesen dicho que el proyecto de reforma es malo habría sido entendible, pero que digan que se sienten atropellados sí no cabe. ¿Atropellados porque no se aceptan sus posturas? El Gobierno está abierto a oír ideas, pero en un año no han manifestado un tema distinto al presupuestal. Incluso, hasta en muchas cosas se les hizo caso y hay temas que fueron excluidos. No es verdad que se esté afectando la autonomía de la Rama e incluso lo único que se les quitó fue la función nominadora en lo del contralor y el procurador, que era algo con lo que ellos estaban de acuerdo”, agregó la fuente.
Pero si por los lados del Ejecutivo el ambiente es de malestar, por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sí que persisten las inquietudes, hasta el punto de que, en voz baja, hay quienes aseguran que el choque generado en torno al proyecto de reforma a la justicia es más grave que el que se dio en el anterior gobierno porque, creen algunos, lo que se quiere es minar la independencia de la Rama, sólo que la diferencia está en que se presenta con buenas maneras y no con insultos. Y hasta hay quienes dicen que de lo que se trata es de “revanchismo” contra la Sala Penal de la Corte Suprema. Mejor dicho, hay magistrados que creen que si no existiera la parapolítica y las investigaciones por corrupción en Estupefacientes, la situación sería otra.
Para las cortes, efectivamente, el tema presupuestal es crucial y definitivo: “No estamos pidiendo plata para nosotros, como lo quiere hacer ver el Gobierno, sino para la Rama (…). Hay que actualizarse en tecnología, mejorar salarios y locaciones”, expresó un magistrado consultado por este diario. Planteado así el pulso, le toca al Congreso definir y aunque hay quienes consideran que es un escenario favorable para el Gobierno, teniendo en cuenta las mayorías de la Unidad Nacional, en el Gobierno no están muy seguros, pues las altas cortes tienen también con qué jugar fuerte allí. Por ahora, dicen en la Presidencia, el objetivo es mantener las buenas relaciones y no dejar que el debate se salga de lo político y lo académico.