“El Gobierno estaría pensando en aplazar las elecciones”, dijo Álvaro Leyva Durán el 5 de diciembre del año pasado, en una entrevista para El Espectador. Hasta ese momento era la primera voz que lanzaba esta hipótesis que, en las actuales circunstancias, empieza a abrirse camino.
Es que además de la incertidumbre sobre el sentido del fallo que entregará la Corte Constitucional acerca de la viabilidad de un referendo en el que se les consulte a los colombianos si están de acuerdo o no con que el presidente Álvaro Uribe Vélez se postule para un tercer período, la mayor duda en la actualidad es si tras conocerse esa decisión habrá tiempo para que, en caso de darle vía libre a la consulta popular, ésta se pueda realizar antes de las fechas previstas para las elecciones a la primera magistratura que se realizarán el 30 de mayo, en primera vuelta.
A esto se suma la posición del registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, quien ha insistido en que la entidad requiere 90 días para preparar y poner en marcha un proceso electoral. “Por ejemplo, las elecciones de marzo se contrataron en diciembre. Son temas de orden administrativo y algunos otros que son imperativos legales, es decir, si usted cambia algunos términos los imperativos legales siguen. Hay unos términos que si usted quisiera cambiar no puede, porque son cosas que tienen demoras, contratos y ejecuciones”.
En estas condiciones se abren varias posibilidades entre las que se encuentra la postergación de las elecciones. “El problema está en los tiempos y le escuché a una persona de muy alto calibre en Medellín, muy cercana al presidente Uribe, que se había conversado hace pocos días con alguien cercano a Palacio sobre la posibilidad de aplazar las elecciones si llega a ser necesario. Es una cosa novedosa y posible”, explicó Leyva Durán hace poco más de un mes.
La primera opción para cambiar el calendario es mediante una ley que modifique el artículo 207 del Código Electoral, que estipula que las “elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República se deben realizar el último domingo del mes de mayo —este año el 30 de mayo—”, mientras que de requerirse una segunda vuelta, ésta se realizaría tres semanas después —en el proceso de 2010, el 20 de junio—.
Este cambio debería hacer trámite en el Congreso de la República, para lo que se requeriría convocarlo a extras, pues el inicio oficial del período ordinario del Legislativo es el 16 de marzo, pero por tiempos también es complicado que se materialice esta opción. Además, hasta senadores de la oposición, como el liberal Héctor Helí Rojas, creen que el Gobierno no le apostará a modificar el calendario electoral. “Existe ese rumor (de querer cambiar las fechas), pero eso sería el colmo y no creo que el presidente Uribe se arriesgue a tamaño despropósito”, explicó el ex precandidato presidencial. Expertos, como el constitucionalista Juan Manuel Charry, han hecho declaraciones en el mismo sentido, opinando que aunque es posible modificar el calendario electoral, no es conveniente para el país.
A pesar de esto, otra de las cartas que se barajan para modificar las fechas de las elecciones es que la propuesta surja desde la propia Corte Constitucional. La iniciativa nace desde los mismos defensores del referendo reeleccionista, quienes en cabeza de Rodrigo Rivera le han solicitado al alto tribunal “modular el fallo”.
“Al declarar la exequibilidad del referendo, la Corte puede decir, modulando la sentencia, cuál es el nuevo plazo para que el Presidente inscriba su candidatura, anuncie su intención de ser candidato e incluso para que se realice la elección presidencial”, explicó Rivera.
El propio ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha insistido en que el Gobierno no pretende cambiar el calendario, pero el 25 de noviembre del año pasado afirmó: “el referendo es una norma superior de orden público cuando quiera que salga, y por tanto, no importan los tiempos”. De todos modos, la actitud de Rivera deja claro que un sector del uribismo le apuesta a un cambio en las fechas de las elecciones, lo que dejaría muy maltrecha la institucionalidad del país.