Han pasado apenas seis días desde que el presidente Iván Duque instaló el período legislativo 2019-2020 y su partido, el Centro Democrático, ya dejó ver cómo moverá sus cartas de aquí a junio del próximo año, las cuales caen directo en el corazón de la Rama Judicial. Por un lado, antes de que llegara el 20 de julio y en pleno proceso de extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, el uribismo ya venía anunciando una reforma que les permitiría a él y a otras decenas de condenados en única instancia revisar sus fallos. Proyecto que aterrizó en el Capitolio el martes pasado, pero que, dada la polémica que causó, tuvo que ser retirado para volverse a presentar este 30 de julio, sin un parágrafo que no terminaba de convencer al hoy senador Álvaro Uribe.
Por otro lado, el partido de gobierno también ha dejado entrever que no cejará en su intento de modificar las condiciones que quedaron plasmadas en el Acuerdo de Paz firmado con las ahora desmovilizadas Farc en noviembre de 2016. El martes, el propio Uribe y su bancada llegaron a la secretaría general del Senado a radicar el primer paquete de iniciativas, dos de las cuales hacían referencia al tratamiento penal especial que deberían tener los miembros de la Fuerza Pública involucrados de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Un proyecto que ya se había intentado tramitar tan pronto fue derrotado el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, cuando Iván Duque todavía era congresista. A este se suma la propuesta de una sala especial para uniformados en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), próxima a ser radicada.
Sobre la doble instancia retroactiva, era de esperarse que no tuviera buena acogida en el Capitolio. Menos aún con la sombra con la que llegó la redacción del texto, que en un principio dejaba la puerta abierta a que condenados y hoy detenidos salieran libres. En concreto, porque el legislador que abanderó la causa, el representante Juan David Vélez, propuso que la impugnación de las sentencias en única instancia —caso Andrés Felipe Arias— o las condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia fueran conferidas con efecto suspensivo. Es decir, suspender los efectos de esa primera decisión judicial si era impugnada. “El interés es proteger un derecho fundamental y no que se excarcele a unas personas”, dijo Uribe, anunciando modificaciones.
Congresistas como Angélica Lozano (Alianza Verde) y Roy Barreras (la U) hicieron duros señalamientos a la bancada de gobierno. Argumentaron que al Centro Democrático lo mueve el único interés de legislar en nombre propio para “sacar a sus amigos de las cárceles”, según la senadora de los verdes. Para Barreras, ese episodio no es más que una muestra de la irresponsabilidad del uribismo con la Rama Judicial. “No improvisen”, les reclamó. Posturas que, en todo caso, son difíciles de asumir como un anuncio previo a cómo se comportará el Congreso a la hora de votar. La razón es evidente y es que detrás de ese proyecto hay un fallo de la Corte Constitucional en el que exhorta al Legislativo a crear un mecanismo que permita que toda sentencia condenatoria dictada por primera vez pueda ser apelada.
“Quienes están bautizando este proyecto como la ‘Ley Andrés Felipe Arias’ no se dan cuenta de que están estigmatizando y caen en ese mismo círculo mamerto de creer que va a beneficiar a Andrés Felipe Arias únicamente. La doble instancia es un derecho fundamental de cualquier colombiano, sea paramilitar, guerrillero, o lo que sea. Al estigmatizar esta iniciativa, es la misma sociedad la que se está clavando un cuchillo, porque está desconociendo un principio que es universal”, le dijo a El Espectador la senadora uribista María Fernanda Cabal. El debate de fondo versará sobre los elementos institucionales y económicos que conllevaría para el sector judicial aprobar una iniciativa de esta envergadura, como el respeto por el principio de la cosa juzgada, así sus críticos insistan en que se trata de una reforma con tintes políticos.
Los otros proyectos, los que insisten en reformar ese “texto maldito”, como calificó el exministro Fernando Londoño el Acuerdo de Paz, tienen varias aristas. Uno de ellos, por ejemplo, hace referencia a establecer condiciones especiales para que los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos anteriores al 1.º de diciembre de 2016 puedan tener el beneficio de la libertad condicional después de cinco años de pena privativa. Así lo presentó el mismo Uribe en el Senado, pero desde ya se anticipan divisiones dentro del Centro Democrático al respecto. Cabal, junto con el representante Álvaro Hernán Prada, plantearon un proyecto similar pero, según ellos, más completo y que no genera ambigüedades, como el del exmandatario, pues no menciona a la JEP.
“El que presentó el expresidente Uribe habla de otorgar la libertad en general, sin delimitar la jurisdicción, y la verdad es que, gústeles o no, (los uniformados) van a terminar en la JEP”, argumentó la congresista. Por eso, las semanas por venir estarán rodeadas de discusiones internas en la bancada de gobierno, entre otras cosas porque aún hay sectores que desconocen la legitimidad del sistema transicional, sobre todo a la hora de revisar los casos relacionados con los miembros de la Fuerza Pública. Hay otro proyecto que propone tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de la Fuerza Pública como delitos autónomos. Buscan, así, penas más elevadas y acabar con cualquier tipo de beneficio judicial.
Pero hay uno más que, aunque no fue radicado, llegará pronto al Capitolio, y si las fuerzas políticas que rodearon los textos de paz de La Habana mantienen la misma postura que sostuvieron cuando fue discutido por primera vez, el escenario que se avizora es de confrontación: la sala especial en la JEP para los integrantes de la Fuerza Pública. Como se recordará, en octubre del año pasado, la Comisión Primera del Senado se dedicó de lleno a discutir esta propuesta, radicada por la senadora Paloma Valencia, la cual contaba con el apoyo de Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con Cambio Radical. Sin embargo, las movidas propias del juego político, junto a la sagacidad del senador Barreras, defensor del Acuerdo de Paz, hicieron que la propuesta terminara naufragando.
Los votos de los liberales, no obstante, fueron conquistados en ese momento. El senador Luis Fernando Velasco intervino como mediador para aproximar el diálogo alrededor de una iniciativa hoy reformada y lista para someterla a discusión. Pero ¿por qué no llegó al Congreso esta semana? La razón es que, según Cabal, aún hay “temor” frente a la cantidad de magistrados que conformarían dicha sala especial. A los congresistas de la colectividad roja les gustó el hecho de que se aumentara a 26 (la propuesta inicial era de 14), por los criterios de imparcialidad que dicho número de magistrados otorgaría. “Me gustaría hacer una explicación detallada sobre ese número, antes de presentar cualquier propuesta”, dijo la legisladora uribista. De hecho, afirmó que hasta Juanita Goebertus, de los verdes y exasesora en el proceso de paz, está de acuerdo.
Eso sí, el principal frente de batalla que enfrentarán estas propuestas del Centro Democrático será la crisis de gobernabilidad con la que terminó el presidente Duque su primer período legislativo. Más aún teniendo en cuenta que las presidencias del Congreso pasaron a manos del Partido Liberal, en el Senado, y de Cambio Radical, en la Cámara, dos partidos no solo declarados independientes sino, además, defensores de los textos de La Habana. Voces uribistas dentro del Capitolio, sin embargo, no se oyen tan pesimistas. Según afirman, las relaciones entre el Ejecutivo y las distintas colectividades han mejorado y se atreven incluso a decir que el verdadero reto será en el interior de la bancada, donde aún persisten diferencias y críticas al Gobierno.
“Es que aún siguen personas en cargos altos que vienen del Gobierno anterior. La base uribista se siente maltratada y más aún ad portas de unas elecciones regionales. La imagen que estamos dando es que ganamos para perder, pero eso es culpa del mismo Gobierno”, señaló una fuente a este diario. Por ejemplo, no ha caído bien la llegada de Aníbal Fernández de Soto al comité directivo de Ecopetrol, porque fue funcionario de Juan Manuel Santos. Además, sigue incomodando la presencia de Karen Abudinen en el Ejecutivo como alta consejera presidencial para las regiones. Y menos aún, que el gobierno Duque esté pensando en interceder para que la exembajadora de Colombia en la ONU María Emma Mejía llegue a dicho organismo multilateral en representación de Colombia, como lo reveló otro miembro del uribismo.
“Hay una inmensa falta de pericia y lo que debemos hacer es gobernar con gente de confianza para generar eso en nuestro electorado. Está bien que haya funcionarios técnicos, porque son necesarios, pero que también tenga en cuenta (Duque) a los políticos de su partido o de partidos afines, porque son los que se la jugaron con él”, reclamó una voz del Centro Democrático. Así las cosas, el Gobierno arranca un nuevo año con las mismas alertas sobre su relacionamiento con el Capitolio. El próximo 7 de agosto, Iván Duque cumple su primer año de mandato y, a su vez, los partidos políticos llegan a la fecha límite que les da el Estatuto de la Oposición para modificar su postura respecto del Ejecutivo. De cómo los traten dependerá el futuro del paquete legislativo al que le apostarán Duque y su partido, el Centro Democrático, en el período que recién comienza.