El Consejo de Estado delegó la demanda de pérdida de investidura que pesaba sobre la hoy candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Esta decisión le permitirá a la ex senadora del Partido de la U seguir aspirando a cargos de elección popular, contrariando las pretensiones del accionante.
La magistratura consideró que la figuración de la dirigente como contratista del Estado se había producido durante el plazo mínimo que la ley le concede para celebrar ese tipo de convenios antes de los comicios en los cuales el funcionario obtiene su nombramiento, bien sea como senador, representante a la Cámara, entre otros.
Según la colegiatura, el acuerdo contractual con la estatal Bancoldex, que dio origen a la anulación de la elección de Marta Lucía Ramírez como senadora de la República se produjo en agosto de 2005 y no un mes después, como lo advertía el demandante, el abogado Saúl Villar.
Pese a que el accionante había soportado su demanda a través de una orden de servicios fechada en septiembre del mismo año, el Consejo de Estado consideró que el convenio se había producido al menos 30 días antes y, por tanto, se había dado dentro de unas condiciones que no sugerían la inhabilidad de la ex ministra de Defensa.