La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Colombia entregó el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el cual se evalúan la situación de los defensores de dichos derechos, las actividades de inteligencia de los organismos del Estado, las ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones criminales “posdesmovilización”, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el panorama de la justicia transicional y la desaparición forzada, entre otros aspectos.
Una de las conclusiones más relevantes se presenta en el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, las cuales, según el informe, “no se han erradicado completamente”. El documento advierte que la Oficina del Alto Comisionado observó casos de falsos positivos en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar, y recuerda el caso de un indígena asesinado por miembros del Ejército en Arauca y presentado como baja en combate. También advierte sobre las inconsistencias de las versiones entregadas por autoridades militares y la tendencia de éstas a estigmatizar y desprestigiar a las víctimas.
“La oficina en Colombia registró que algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales y desprestigian el sistema judicial cuando produce sentencias condenatorias”, afirma el informe la ONU. Por otra parte, se hace una serie de recomendaciones sobre la necesidad de que la justicia penal militar avance hacia la superación de la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el documento, presentado por Todd Howland y Juan Carlos Monge, hasta agosto de 2011 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía acumulados 1.622 casos de presuntos homicidios perpetrados por miembros de la Fuerza Pública, que involucran a cerca de 4.000 uniformados. Sin embargo, tan sólo se han proferido 148 sentencias condenatorias.
El informe reconoce los avances en materia de derechos humanos al gobierno Santos, pero advierte sobre la difícil situación que el país vive en esta área. Finalmente le recomienda al Ejecutivo hacer una clara delimitación de la jurisdicción entre justicia ordinaria y penal militar, y además recuerda que esta última debe “abstenerse de iniciar investigación alguna o reclamar competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió que se aclaren en qué circunstancias presuntamente han vuelto a ocurrir estos delitos. “Es bueno que esas denuncias se precisen para qué casos concretos, porque no se puede generalizar”, expresó Vargas.