¿A qué vino a Colombia esta vez?
Vine a hacer un balance de varias temáticas que preocupan a mi oficina. La idea era reunirme con organizaciones de derechos humanos, políticos, periodistas, militares y miembros del gobierno, para tener claro el panorama, ya que en junio sacaremos un informe de seguridad, enfocado en el cambio de la estrategia militar en los últimos años, pero especialmente sobre los famosos planes de consolidación, en los que Estados Unidos ha invertido mucho dinero.
¿Qué ha podido ver?
Trato de entender por qué ha sido tan difícil sacar a los militares y dejar entrar a los civiles. En 2006 y 2007, cuando acabó el Plan Colombia, se replanteo la estrategia en la lucha contra las drogas. Los Planes de Consolidación, que fueron un aporte del comando sur, crearon perímetros de seguridad, para que detrás de la tropa, por lo menos en el papel, progresivamente entren las otras entidades del Estado: la infraestructura, los fiscales, los jueces, los maestros y así, poco a poco, los soldados se vayan retirando y de esa manera el Estado llegue a donde nunca había llegado. Sin embargo, en esta materia no se están dando los resultados esperados.
¿Cuál será el enfoque del informe que prepara?
El hilo conductor es que hay muchos elogios al gobierno de Santos por las buenas intenciones declaradas, pero al a vez son iniciativas muy ambiciosas. El gobierno se ha rodeado de jóvenes tecnócratas que hacen planes perfectos, pero que muy poco efecto tienen en las regiones. Las buenas intenciones no han llegado a buenos resultados.
¿En qué van esos planes de consolidación?
Cuando llegó Santos al poder ya había planes de consolidación en la Macarena y Montes de María, y Estados Unidos había comprado el modelo, pero el nuevo gobierno decidió pasar todo un año revisando la estrategia. En la Macarena, en los primeros años alejaron a las Farc de los cascos Urbanos, lograron iniciar algunos proyectos productivos y avanzaron en la erradicación de la coca, pero los soldados están solos. Nunca llegaron con presencia suficiente los grupos de Acción Social, los ministerios de Educación, Transporte o Salud y nada del sistema judicial. Las Farc se ajustaron y se mueven a las afueras de los pueblos. Entonces están un poco atascados. Necesitan más gobernabilidad civil para tener más seguridad pero necesitan más seguridad para tener presencia civil. Es el mismo problema de las buenas intenciones.
¿Y en materia de derechos humanos cómo la ve?
En derechos humanos a las fuerzas armadas se les atribuyen menos violaciones en los últimos dos tres años, ha habido una reducción de denuncias, pero a pesar de eso los casos de falsos positivos se están juzgando muy lentamente, y las Fuerzas Armadas está mostrando una resistencia enorme a la justicia. Lo vimos en el caso de la discusión del fuero militar y en las declaraciones de oficiales retirados. Quieren deshacerse de la obligación de rendir cuentas ante la justicia ordinaria. El entrenamiento es mejor, sus estructuras internas de profesionalización también, pero lo que pasa después del abuso es un problema grave: la impunidad y los esfuerzos por dilatar, intimidar y descargar los procesos judiciales. Acompañado por una actitud de algunos oficiales que ven a la justicia como un enemigo y eso para las relaciones cívico militares es preocupante.
¿Cómo ve su oficina el proyecto de reforma a la justicia militar?
Lo vemos con preocupación. Creemos que es un paso atrás. También creemos que los militares pueden tener una queja legítima. Ellos hablan de seguridad judicial, pero parece que lo que buscan es la impunidad. Por eso presentamos al gobierno colombiano nuestra preocupación. La ley de cooperación de Estados Unidos dice que el 20% de la ayuda militar se congela cada año hasta que el Departamento de Estado certifique que existe una mejoría en derechos humanos, y es obvio que si se hubiera aprobado el fuero militar como estaba en la reforma a la justicia esa ayuda sería congelada.
¿Y frente al marco legal para la Paz qué posición tiene?
Colombia ve aproximarse un proceso de paz y las Farc parecen estar dispuestas pero esta negociación no puede pedirles que vayan a las cárcel por diez años porque probablemente es condenarlos a que continúen en su lucha armada. Sin embargo, arreglos como el que se hizo con el M-19 ya no son posibles. La jurisprudencia ha cambiado y Colombia firmó el estatuto de Roma, por lo que tiene obligaciones con la justicia internacional. Creo que esa es una discusión muy importante pero que se debe dar cuando el proceso de paz este más maduro, pero ahora, cuando Colombia puede estar a varios años de llegar a un acuerdo con las guerrillas. sería una especie de luz verde para que las partes en conflicto sean todo lo sangrientos que quieran, por lo que los combatientes sabrán que al final habrá una amnistía o una pena ligera.
¿Qué piensa de la inclusión de los agentes de Estado como sujetos beneficiarios de esta ley?
Creo que es mejor no pensar en eso ahora. Pero lo importante no es que pague muchos años de cárcel sino que revelen con quién trabajaba, quién ordenaba las acciones y quienes financiaron esto. Así la justicia transicional si se puede aplicar para militares.
Y frente a la ley de justicia y paz, ¿qué balance hace?
Justicia y paz no fue un mal modelo, pero lo que pasó es que rebasó totalmente la capacidad de la Fiscalía y se extraditó a los que más tenían información. Y el proceso ha sido lentísimo. Tal vez lo único positivo es que los paramilitares dejaron de ser tan violentos y los muertos de su autoría bajaron pero siguen habiendo paramilitares en Colombia aunque no sean tan fuertes como antes. Otras cosa buena es que al menos diez mil de esos muchachos lograron reinsertase y aceptaron la ayuda del Estado. Sin embargo los que siguen en el sistema de desmovilización son 16 de 32 mil. Los demás, entiendo, son tres mil capturados de nuevo por otros crímenes, tres mil que están muertos. De los quienes entraron a justicia y paz sólo siete han sido condenados. Eso es bastantes decepcionante después de siete años. Vamos a ver qué pasa con los otros 4 mil. Hay varios miles de los que perdieron el rastro, muchos estarán en los urabeños o los rastrojos. Ese no es un record ejemplar. En cuanto a la reparación de las víctimas, la entrega de las tierras y bienes de los paramilitares ha sido un desastre total. Ha sido un insulto para las víctimas. Las esfuerzos por revelar la verdad han progresado pero es muy difícil conseguir la verdad cuando sigue el conflicto. Hay que darle una nota de fracaso. Era evidente que era una política ambiciosa: cuatro mil versiones y 300 mil víctimas. Todo con una unidad pequeña de fiscalía, y una unidad de reparación sin peso. Cuando salió la ley dijeron que iban a entregar los bienes mal habidos de los paramilitares pero si hubiera pasado eso no estaríamos en la ley de reparación de tierras, que espero que sea mejor.
¿Pero no será que el tema es que hasta ahora no sabemos quiénes fueron los verdaderos instigadores del paramilitarismo?
Sabemos algo de la parapolítica, algo del apoyo que recibieron de las Fuerzas Armadas, pero falta mucho y no sabemos casi nada de la para economía. De los militares y los políticos me preocupa porque ellos hacen parte del Estado. Y se necesita una rendición de cuentas y una investigación que está muy nublada.
Muchas de las quejas de los defensores de derechos humanos es la falta de colaboración de las autoridades norteamericanas para acceder a las versiones de los extraditados…
Estado Unidos no ha colaborado mucho en el acceso de la información de los paramilitares. No creo que se deba a un esfuerzo por encubrir. Es porque en nuestro sistema ellos están ahí para enfrentar cargos de narcotráfico. Incluso, en nuestros sistema los acusados tiene derechos a no testificar en su contra. También la estructura burocrática, que está bajo el Departamento de Estado hace que los fiscales se concentren en los crímenes que están investigando.
¿No es injusto que haya primado los crímenes por narcotráfico sobre los miles de muertos y crímenes atroces que tenían que haber pagado en Colombia?
Sí, pero esas condiciones las aceptó el presidente Uribe. Él sabía que los extraditaba para enfrentar esos cargos.
Frente a la ley de tierras que se está implementando y que ha costado la vida de varios reclamantes, ¿qué piensa?
Estamos muy preocupados por las muertes y las amenazas de esos defensores de los derechos de las víctimas y tenemos el temor de que quienes robaron la tierra no va a responder política y judicialmente sino con más violencia. Por eso es muy importante saber qué ha pasó con los veintipico reclamantes asesinados en este tiempo. Porque el mejor sistema de protección es que se haga justicia. No es darles celulares, policías y chalecos antibalas. Se necesita que el Estado demuestre que quienes están torpeando la ley van a enfrentar rápidamente a la justicia. Si en los 30 asesinados hubiera 20 condenados, eso es una alta probabilidad de verse capturado. Con esa probabilidad nadie lo quisiera hacer.