El ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, admitió este jueves que actualmente su señora e hijos tienen una empresa que contrata con el Estado colombiano.
En ese sentido, señaló que aunque la compañía la vendió hace varios años, volvió a ser de la familia porque el pacto de retro-venta que firmó en 2006 se hizo efectivo ya que «en este tipo de empresas es muy probable que no se cumplan algunos supuestos y expectativas de la operación».
Admitió que su esposa y sus hijos a través de la empresa pueden contratar con el Estado siendo «perfectamente legal» pese a estar en su cargo de ministro. «Si hay algo claro en la ley son las inhabilidades», recalcó.
Sin embargo, habló de sus posibles dificultades éticas. «La ética es un compromiso de cada quien y yo lo tengo completo. No hay un funcionario que pueda decir que le he llamado a pedirle una ayuda en esto», remarcó.
Según él, en todo momento ha separado su función pública de los negocios que particularmente pueda adelantar la empresa con el Estado.
«Que haya familiares de funcionarios que contraten con el Estado eso sucede en muchísimas circunstancias», aseguró Peñaloza en diálogo con Caracol Radio.
Por eso, dio a conocer que la misma empresa renunció a un contrato con Invias antes de su posesión como ministro de Transporte.
Al hablar de su situación particular dentro del Gobierno, Peñaloza dijo que «no puedo estar seguro de que el presidente Juan Manuel Santos esté tranquilo (…) estoy dispuesto a tomar la decisión que corresponda».
«He estado apretando duro y necesito salir sin una mácula», agregó el ministro en medio de los cuestionamientos que surgieron por la columna de Daniel Coronell en Semana el pasado domingo.
La columna de Coronell
Prosperidad democrática
Antes y después de la curiosa venta, la esposa del ministro de Transporte ha sido la cabeza jurídica de la compañía que tantos contratos ha logrado con el Estado.
Una compañía fundada por el ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, y que pertenece a su esposa y a sus hijos, ha recibido miles de millones en contratos con el Estado. La empresa llamada PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades oficiales. En la lista de clientes de la sociedad de la familia Peñaloza están –entre otros- el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena.
Estos millonarios contratos han sido otorgados mientras Peñaloza ha sido funcionario público, primero como consejero presidencial de los últimos dos gobiernos y ahora como Ministro.
La Constitución prohíbe que los servidores públicos contraten con el Estado por si mismos o por interpuesta persona. Le corresponde a los organismos de control evaluar si esa es la situación en la que está incurriendo el doctor Peñaloza. Lo que resulta innegable es que el ministro se beneficia de las utilidades de la compañía por tener sociedad conyugal vigente con su esposa.
La empresa se llama PYG por la P de Peñaloza y la G de Guzmán, apellido de su esposa Sonia Guzmán Muñoz. En septiembre de 2006 -cuando ya Peñaloza trabajaba en la Presidencia de la República- se protocolizó una escritura según la cual los esposos vendían la totalidad de la sociedad y cedían sus acciones a dos antiguos colaboradores de la empresa: Mario Bolívar Grimaldos y Laura Cajiao.
Eso decía el documento público. Sin embargo hay documentos privados que sugieren que la venta fue una mera formalidad, por decir lo menos.
En varios folios sin firma se establece que el comprador Mario Bolívar Grimaldos queda comprometido a una retroventa, es decir a devolver las acciones al hoy ministro Miguel Peñaloza cuando él lo decida.
Además existe un poder –no firmado- en el que el supuesto nuevo dueño autoriza a la esposa del ministro, la abogada Sonia Guzmán, y a una persona llamada Janeth Alvarado de Pontón para citar una junta de socios de PYG cuando ellas quieran, reformar la empresa y devolverle inmediatamente sus acciones a Miguel Peñaloza.
Antes y después de la curiosa venta, la esposa del ministro ha sido la cabeza jurídica de la compañía que tantos contratos ha logrado con el Estado.
La empresa registra como su dirección comercial la Carrera 18 # 39B-69 de Bogotá. Según escritura pública esa dirección corresponde a una casa de propiedad del ministro Miguel Esteban Peñaloza Barrientos y a su esposa Sonia Guzmán Muñoz.
Tanto en documentos públicos como en la página web de la compañía figura como representante legal de la empresa, el doctor Rodrigo Vicente Guerrero. Sin embargo hay una curiosidad llamativa: El correo electrónico que el doctor Guerrero registra para que lo contacten es e_penaloza@pyg-asesoriasintegrales.com
El mes pasado ocurrió algo igualmente portentoso. Ante un pedido de la Cámara de Comercio de Bogotá para formalizar un cambio en el objeto social de la compañía, PYG Asesorías Integrales S.A.S. informó oficialmente a la entidad quienes son sus actuales socios.
Según el documento, la empresa tiene tres dueños por partes iguales: Sonia Guzmán, la esposa del ministro, y sus hijos Miguel Esteban Peñaloza Guzmán, un joven de 20 años, y Elsa Johana Peñaloza Guzmán de 28.
El acta la firman Sonia Guzmán como presidente de la Asamblea de Accionistas y como secretaria Yaneth Alvarado de Pontón, quien quizás es una homónima, con Y, de la persona autorizada para devolver las acciones de PYG al ministro Peñaloza.
En esta compañía el ministro no figura como socio de sus hijos y su esposa pero si lo es en otras empresas, entre ellas Agropecuaria Los Laureles, el Centro Comercial Los Laureles en Sopó, una empresa constructora, varias fincas y estaciones de gasolina.
Del Ministro de Transporte, sólo se sabía que antes de entrar al gobierno había sido un fiel empleado del campeón de la contratación William Vélez. Pocos podían imaginar que venía consolidando semejante prosperidad tan democrática.