La delegación, encabezada por la relatora Manuela Carmena, visitará centros carcelarios de Arauca, Valle y Cundinamarca, y se reunirá con familiares de los detenidos, defensores de derechos humanos, funcionarios del Gobierno y algunos magistrados y jueces.
La idea de la comisión es recolectar datos y observaciones para un informe que será presentado en la sesión que el grupo de trabajo tiene programada en un mes en Ginebra.
El recorrido exacto de la misión no será dado a conocer públicamente, pero se espera que el próximo 10 de octubre, antes de abandonar Colombia, los expertos ofrezcan una rueda de prensa para exponer sus conclusiones acerca de la situación de los presos en el país.
Entre otros lugares, el grupo estará en sitios de detención juvenil y de mujeres, de custodia de inmigrantes indocumentados, hospitales psiquiátricos y comisarías.
Por invitación del propio Gobierno, se reunirán con altos funcionarios de los ministerios del Interior y Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores. Fiscalía, Policía y Defensoría del Pueblo también serán estaciones de la visita.
Según cifras del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre 2002 y 2004 casi siete mil personas fueron detenidas de manera arbitraria en el país, y la mitad obtuvo su libertad a los pocos días por falta de pruebas.