El presidente Santos seguramente mantendrá los elementos centrales de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, pero hay necesidad de introducir ajustes tácticos y estratégicos que se adecuen a las nuevas condiciones de la confrontación con las guerrillas y a la nueva realidad de las bandas emergentes o neo-paramilitares; igualmente, priorizar una política de seguridad ciudadana para las grandes ciudades en coordinación con los gobiernos locales y una política de seguridad fronteriza que reconozca las nuevas hipótesis de amenaza.
Por ello deberá conservar la estrategia contrainsurgente que ha sido exitosa y cuya base se fundamenta en la combinación de inteligencia —técnica y humana—, así como la utilización de la aviación en bombardeos de precisión. Adicionalmente, requerirá formular e implementar una clara estrategia de seguridad ciudadana —sobre lo positivo que ha venido desarrollando la Policía— que incorpore el combate a las Bacrim o los denominados neo-paramilitares, que en buena medida están detrás del incremento de la inseguridad urbana; igualmente, se necesita una política de seguridad fronteriza que permita una protección integral de las fronteras y en esa medida lograr incidir positivamente en disminuir las tensiones con los vecinos. Lo anterior seguramente requerirá iniciar un proceso de reconversión de algunos sectores de las FF.AA. Esto debe ligarse a una nueva política exterior que combine la buena relación con el aliado histórico, Estados Unidos, articulándose mejor con el nuevo discurso del gobierno Obama y dejando atrás la vieja retórica antiterrorista del gobierno Bush, con un acercamiento claro al vecindario suramericano; para ello será fundamental una política exterior profesionalizada y no ideologizada.
Adicionalmente, hay que dejar abierta una oportunidad para la terminación política del conflicto armado, que recoja con realismo las experiencias del pasado —no se puede entusiasmar con simples declaraciones retóricas de las organizaciones guerrilleras, se requieren hechos de paz de estas organizaciones como la liberación incondicional de los secuestrados y el cese unilateral de hostilidades—, pero igualmente que reconozca que es el principal problema de seguridad regional en la región andina.
La negociación no es sino la otra cara de la estrategia de seguridad y defensa, y tiene igual objetivo: neutralizar o terminar con una amenaza a la seguridad de las personas o del Estado. Tanto el Presidente como el Vicepresidente conocen bien esta problemática y pueden orientar adecuadamente esta política.
*Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa Universidad Nacional.