El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que en dicha ley está fijado el blindaje en procesos judiciales y simplemente se extendió a los disciplinarios, evitando hacer referencia al procurador. Lo claro es que el Gobierno ha tomado atenta nota de declaraciones como las hechas a mediados de octubre por Ordóñez, quien en una carta enviada al presidente Santos señaló que “la legitimidad que queremos tenga el proceso de paz depende en alto grado de que se adelante con riguroso apego al ordenamiento jurídico (…) y entre las formas en que el Ministerio Público puede contribuir al éxito de las conversaciones está la de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes”.
Pero con la prórroga de la Ley 418, el Gobierno no solo logró el blindaje para los procesos disciplinarios contra los negociadores, también consiguió que esta norma se mantenga vigente por cuatro años más y no dos como se planteaba en un principio. De este modo, tendrá un marco normativo para continuar con los diálogos de paz con las Farc en La Habana y una eventual formalización de la negociación con el Eln, sin la presión que significa el límite de tiempo.
Al respecto, Cristo advirtió que “se trata de un voto de confianza a la paz, dejando un horizonte amplio”. Y agregó, frente a los diálogos con el Eln, que “el Gobierno avanza en una fase exploratoria y esperamos que cristalice en el inicio formal de unas conversaciones y ya sabemos por la experiencia que esos procesos están llenos de dificultades y que no avanzan al ritmo que quisiéramos todos los colombianos”.
Planteamiento que en buena medida recoge una de las últimas declaraciones de las Farc, que el viernes pasado, desde La Habana y con vocería de Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, manifestaron que “tres o cuatro años para parar una guerra de 60 años me parece un tiempo demasiado corto, los tiempos serán los que el proceso mismo necesite, porque no va a haber una paz exprés, pero tampoco una indefinición en el tiempo. Podemos demorarnos unos añitos más construyendo eso”.
La prórroga por cuatro años tuvo sus críticas. Desde la Alianza Verde, la senadora Claudia López, aunque anunció que votarían a favor, advirtió que “el Congreso le hace un flaco favor a la paz mandándoles a las Farc el mensaje de que pueden durar cuatro años más dilatando el proceso, que pueden seguir cometiendo actos terroristas. Nosotros hubiéramos preferido que el mensaje a las Farc fuera que la paciencia no es infinita”, concluyó.