El Gobierno Nacional tomó distancia este jueves del proyecto presentado por el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que pretende que, a través de mecanismos como el referendo, los ciudadanos anulen determinaciones de la Corte Constitucional, lo que ha sido considerado por analistas y otros congresistas como una forma de debilitar al organismo.
En contexto: Referendo contra sentencias de la Corte Constitucional, la propuesta inviable del uribismo
Así lo dio a conocer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que, si bien admitió que no conocen el proyecto y que aún no lo ha dialogado con el presidente Iván Duque, consideró que el Ejecutivo no respaldaría esta propuesta.
“Personalmente no estoy de acuerdo. No considero que el Gobierno respalde esta propuesta, en razón a que tenemos una agenda legislativa que está definida y priorizada”, declaró la funcionaria en diálogo con la emisora W Radio, precisando que por delante están iniciativas como las relacionadas con proyectos anticorrupción, presupuesto y cadena perpetua para abusadores de menores.
La idea llegó en forma de proyecto de acto legislativo redactado por el representante Álvaro Hernán Prada, pero sin el apoyo de su colectividad y sin ninguna posibilidad de ser aprobada en el Capitolio. Incluso, ni el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe firmó la iniciativa. El Espectador pudo establecer que sólo diez de los 33 congresistas del uribismo la apoyan.
La propuesta de Prada, que valga recordar está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y fraude procesal en el mismo caso al que está vinculado Uribe, plantea adicionar un parágrafo al artículo 377 de la Constitución.
“Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un 5 % de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral”, dice la iniciativa.
Y añade el documento: “Cuando la Corte Constitucional mediante un fallo interprete materias referidas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título ll y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al congreso, la ciudadanía podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación, si la considera contraria a sus principios fundamentales. Y se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral y cumplan las exigencias del artículo 155 de la Constitución Política”.
El representante Prada explicó en Blu Radio que lo que busca es que el pueblo tenga la última palabra cuando el alto tribunal tome decisiones sobre temas que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. El congresista huilense refirió que se aplicaría para casos como el del aborto, el consumo de drogas, el matrimonio igualitario o la misma aspersión con glifosato.
No es la primera vez que el uribismo insiste en el referendo como mecanismo para enfrentar decisiones judiciales, por ejemplo, en la actualidad el activista Herbin Hoyos impulsa un referendo contra la Jurisdicción Especial de Paz.