Con un polémico artículo que estipularía que ningún congresista puede declararse impedido para votar reformas a la Constitución, así dichas reformas vayan en su propio beneficio, y que por lo tanto ello no sería causal de pérdida de la investidura, el Gobierno nacional busca tirarle un “salvavidas” a las reformas política y a la justicia, enredadas hoy ante el alto número de legisladores supuestamente inhabilitados en temas como el de la doble instancia o la “silla vacía”, por tener investigaciones en la Corte Suprema o ser reemplazos de congresistas detenidos dentro de la parapolítica.
“Se habló de la posibilidad de incluir un parágrafo que recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que cuando se trate de reformas a la Constitución, expresadas en actos legislativos, no habrá lugar a la pérdida de investidura”, le reveló a El Espectador el senador de Convergencia Ciudadana Samuel Arrieta, uno de los participantes en el desayuno realizado ayer en la Casa de Nariño entre el presidente Uribe y los voceros de la coalición de Gobierno para hablar precisamente del apoyo a las reformas planteadas.
Sin embargo, otra de las propuestas es que sigan las recomendaciones del Consejo de Estado. La sugerencia indica que quienes tengan investigaciones preliminares en la Corte deben formular el impedimento por escrito y si la Comisión o la Plenaria lo niega, quedan habilitados para participar en el debate y en la votación. La otra opción es aclarar en el texto del proyecto de ley que el beneficio de la doble instancia entraría a regir a partir de 2010.
Pero la reunión del miércoles Palacio dio para todo, incluso para que el Primer Mandatario volviera a lanzar sus pullas en la ya casada pelea con la Rama Judicial. “Roscograma” fue el nuevo término que acuñó el Presidente, refiriéndose al clientelismo que existe en la justicia.
Según contaron algunos de los congresistas asistentes a la reunión, Uribe soltó la “palabrita” queriendo expresar su inconformismo por el cruce de nombramientos entre las altas cortes, la Fiscalía y la Procuraduría. Al respecto, el presidente del Senado, Hernán Andrade, explicó que el Presidente se refería a aquello de que “el Procurador y el Fiscal nombran a los familiares de los magistrados y éstos, a su vez, nombran a los directores de fiscalías. Eso es clientelismo judicial”.
Todo parece indicar que el Gobierno buscará introducir también en la reforma a la justicia un artículo que le ponga freno a esta situación. Se trataría, pues, de una norma que especifique que los parientes de los magistrados y de los políticos no podrán ser nombrados en los organismos de control. “En la reforma, el Gobierno realizará la propuesta que incluya un régimen de impedimentos e inhabilidades en la rama judicial.
Por ejemplo, nosotros no podemos ser ministros de Estado, en cambio no hay barreras para que los magistrados de la Corte salten a la política, a otras dependencias o salgan a litigar ante las mismas cortes. Yo, como presidente del Congreso, estoy dispuesto a incluir este tema en el debate. El propósito de las reformas es cortar el clientelismo político y judicial”, agregó Andrade.
Por su parte, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya dijo que la única aspiración que tiene el Presidente es que los altos magistrados se dediquen a impartir y administrar justicia, porque el rumor que se escucha en los pasillos es que algunos elegidos por esta rama “tienen que funcionar para quien los elige. Se habla de carruseles, sobre todo a nivel regional”.
Otro tema tocado durante el desayuno en Palacio fue el de la oralidad. Según Enríquez Maya, cuando debatieron acerca de la doble instancia para los congresistas, todos coincidieron en que la aplicación del sistema penal acusatorio debe ser para todos los colombianos y no con la excepción actual de que los parlamentarios son investigados y juzgados en una sola instancia y por un sistema inquisitivo. “¿Por qué no comparar el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado con el de los congresistas en un cuadro. Nosotros no pedimos más, pero tampoco menos, sino un mismo nivel de justicia”, dijo al respecto Hernán Andrade.