A comienzos de mayo, cuando la campaña de Juan Manuel Santos se estancó en las encuestas y se inició una reingeniería para enderezar el camino, se llegó a rumorar de la renuncia de Angelino Garzón como su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, el mismo candidato lo ratificó, la estrategia de acentuar el mensaje de “trabajo, trabajo, trabajo” surtió efecto y los dos se convirtieron en los grandes ganadores de la primera vuelta presidencial.
En diálogo con El Espectador, Angelino —como pide que le digan— les responde a quienes lo consideran un traidor de las causas sindicales, dice que el triunfo inicial lo han asumido con humildad, habla de posturas pasadas y de su paso por la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19, se compromete a sacar adelante el Estatuto del Trabajo, defiende al presidente Álvaro Uribe y hasta se mete en el pulso de éste con la Corte Suprema de Justicia.
En la Confederación General de Trabajadores dicen que el apoyo a la campaña de Santos que anunció su presidente, Julio Roberto Gómez, es personal…
La CGT fue leal en el respaldo a Gustavo Petro hasta el 30 de mayo. Pasada la primera vuelta, la decisión institucional es la de apoyar la candidatura de Juan Manuel Santos. La clase obrera ve en nosotros personas favorables al diálogo y la concertación.
Pero la Central Unitaria de Trabajadores no piensa igual…
La CUT, a nivel de su comité ejecutivo, ha dicho que no respaldan ninguna campaña. Es muy difícil lograr el respaldo de todos los sindicatos, pero nosotros tenemos hoy de nuestro lado a centenares de organizaciones de la CUT, como Sintrainagro.
¿Para qué sirve hoy el sindicalismo?
El sindicalismo es una institución de la democracia que contribuye a mejorar el bienestar de los trabajadores. Una democracia no puede existir sin sindicatos, sin empresas y sin organizaciones sociales.
¿Cómo un dirigente sindical como usted termina metido en lo que la misma clase obrera denomina “establecimiento”?
Hay que diferenciar establecimiento, que es una figura genérica, de institucionalidad. Hoy en Colombia tenemos muchos dirigentes sindicales que nos hemos atrevido a dar el paso a la política para acceder a los escenarios de poder del Estado.
¿Es cierto que usted sería de nuevo Ministro de Trabajo de un gobierno Santos?
Dejemos que Juan Manuel Santos, si Dios nos ayuda y la gente nos respalda con su voto, sea quien conforme el gobierno.
Usted ha dicho que es de centro-izquierda, ¿eso qué es?
Es una actitud frente a la vida donde la prioridad son los seres humanos. En el caso mío, es una actitud muy relacionada con mi convicción católica.
¿Y qué tan uribista es?
Tengo una gran amistad con el presidente Uribe, que no nació ahora. En 1978, en el gobierno de Alfonso López, cuando él era secretario general del Ministerio de Trabajo y yo dirigente sindical, juntos contribuimos a un acuerdo que mejoró el bienestar social de los trabajadores del Estado. Cuando fui gobernador del Valle del Cauca trabajamos armónicamente y gracias a su generosidad fui embajador ante la ONU en Ginebra. Todo eso no ha estado supeditado a que haya tenido que votar por él. En 2002 voté por Lucho Garzón y, en 2006, por Carlos Gaviria.
¿Qué les responde a quienes dicen que usted se vendió y traicionó la causa sindical?
Fui dirigente sindical hasta 1990. No salí de allí a cargos públicos. Renuncié a la actividad sindical para ir a la Constituyente. Cuando fui ministro de Trabajo de Pastrana dijeron que me le había vendido, que me había vuelto neoliberal y había entrado a respaldar el Plan Colombia. La mayoría de los que me criticaron reconocieron después que fui una persona que promovió el diálogo y la concertación. Hay que diferenciar posturas críticas de sectarismo político. Algunas personas son fundamentalistas y ni porque se baje el Dios de los cielos y se les arrodille cambian de actitud. Frente a eso, uno lo que tiene que hacer es tener tranquilidad espiritual.
Después de 19 años de la Constitución del 91 no ha sido posible sacar adelante el Estatuto del Trabajo. De llegar al poder, ¿se compromete a saldar esa deuda?
El pasado 1° de mayo Juan Manuel Santos se comprometió a un diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno con el fin de llegar a una concertación para promulgar el Estatuto del Trabajo. Creemos que las sentencias de la Corte Constitucional en materia laboral, los convenios de la OIT que Colombia ha ratificado y las leyes actuales en la materia nos permitirán avanzar en configurarlo.
¿Hay que cambiar o derogar la reforma laboral de 2002, cuando se modificaron el pago de horas extras y el recargo nocturno?
Hemos dicho que vamos a buscar la concertación para promulgar el Estatuto del Trabajo, en el cual estoy seguro de que se pueden encontrar mecanismos que permitan estimular económicamente a aquellos trabajadores que están obligados a laborar horas nocturnas o días festivos.
¿O sea que hay que reformar esa ley?
No está en nuestra agenda una reforma laboral.
¿Cree que el salario mínimo actual alcanza para que una familia viva dignamente?
Juan Manuel Santos ha dicho que el eje de su gobierno será el empleo y que va a procurar que como mínimo una persona en cada familia esté laborando. Vamos a buscar mecanismos de concertación para incrementar los salarios por encima de la inflación causada y creemos que si se integran todas las políticas sociales —como el tema de los desayunos y almuerzos escolares, Familias en Acción, etc.—, también se puede ampliar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
¿Qué mensaje les enviaría a los familiares de los uniformados secuestrados, quienes esperan un acuerdo humanitario?
A ellos, solidaridad. A las Farc, la exigencia de que pongan en libertad, sin ningún tipo de condiciones, a todos los plagiados. Que cesen el secuestro y el terrorismo. A las Farc y al Eln, que tomen la decisión más revolucionaria que es la de pedirle perdón al pueblo colombiano por todo el daño que han causado y que sean capaces de decir que esa violencia no tiene sentido. Si hacen eso, tendrían en Juan Manuel Santos y en Angelino Garzón toda la generosidad para construir acuerdos de paz y procesos de perdón y reconciliación. Mientras tanto, mantendremos nuestra decisión de consolidar la política de seguridad democrática.
Algo diferente a cuando fue gobernador del Valle y estuvo de acuerdo con el despeje de Pradera y Florida para el acuerdo humanitario…
En ese entonces lo que hice fue respaldar la iniciativa de los gobiernos de Francia, España y Suiza. La respuesta de la guerrilla fue el silencio y el acto criminal de asesinar 11 de los diputados que tenían secuestrados. Hoy cualquier diálogo con la guerrilla tiene que estar supeditado a que pongan en libertad a todos los secuestrados y cesen las acciones terroristas. Cualquier figura de zona despejada y de dialogar en medio del conflicto está agotada.
Recientemente la ONU advirtió sobre la impunidad por los falsos positivos y habló de un “patrón” en ellos y de unidades militares comprometidas, ¿cómo piensa afrontar este tipo de posiciones?
No fue la ONU, fue el relator especial para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien vino el año pasado a Colombia invitado por el Gobierno. Hizo su informe y en él hay algo muy importante a destacar: que las ejecuciones extrajudiciales no son una política de Estado. Obviamente, ese documento será el que nosotros vamos a tener como referente dentro de toda nuestra política integral de derechos humanos. ¿No cree que con la extradición de los jefes paramilitares muchas verdades se quedaron en el limbo?
El fenómeno paramilitar en Colombia se inició en 1978 y sólo en el gobierno del presidente Uribe fue que se le enfrentó y se judicializó. Me parece injusto que el Presidente aparezca hoy como el malo del paseo. Es muy negativo para la construcción de la democracia en Colombia que altos funcionarios que han enfrentado la criminalidad organizada y la acción de los grupos criminales aparezcan hoy judicializados. Por ese camino podemos terminar estimulando la acción ilegal y no el fortalecimiento de la institucionalidad.
Me parece que se está metiendo en esa pelea entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia…
No, le estoy dando un mensaje de democracia.
Por cierto, ¿cómo serían las relaciones entre el gobierno Santos y la Corte Suprema?
De respeto y con una actitud de fortalecimiento y autonomía. Vamos a estimular la creación del Ministerio de Justicia y también a pedir indicadores de gestión, porque aquí los únicos que pueden promulgar sentencias absolutorias o condenatorias contra todos los violadores de derechos humanos y contra la diversidad de delitos son los jueces, nadie más.
Si llegara a faltar Juan Manuel Santos, ¿usted se siente capacitado para dirigir este país tan complejo?
El 24 de marzo, cuando Juan Manuel Santos y yo visitamos la Basílica del Señor de los Milagros en Buga para pedirle humildad, sabiduría y tranquilidad espiritual, yo le pedí también que lo proteja de todo mal y peligro. Y le puedo decir que nunca ‘el negrito’ me ha fallado. Estoy seguro de que el 7 de agosto de 2014 entregará un mejor país.
O de pronto arrancan para segundo gobierno…
Mi madre, que era una mujer casi analfabeta pero dueña de una gran sabiduría popular, me decía que no fuera pinchao, que hiciera primero la tarea. Lo primero es de 2010 a 2014 y ese es nuestro compromiso.
El paso por la UP y la AD M-19
¿Qué le quedó de su paso por la Unión Patriótica?
Fui militante de la UP hasta 1990 y de la Alianza Democrática M-19 hasta 1994. De mi paso por el sindicalismo y por la izquierda me queda un sentido de agradecimiento. Buena parte de lo que soy hoy, se lo debo a ello. Y me queda también la gran sensibilidad en materia social y la responsabilidad ética de trabajar para que nunca más se vuelva a presentar un hecho tan criminal como el que se hizo contra la UP.
¿Cómo ve la demanda al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por lo de la UP?
El gobierno del presidente Uribe recientemente pidió perdón por el crimen del senador Manuel Cepeda y se comprometió a reparar a las víctimas. Este crimen fue en 1995. Si algún reconocimiento tienen que hacer las organizaciones de derechos humanos es que el Presidente ha tenido el talante y la actitud patriótica de pedir perdón por muchos hechos que se cometieron en gobiernos anteriores.