Germán Vargas Lleras, el jefe y candidato de Cambio Radical, insiste en que sigue siendo uribista mas no reeleccionista. Por eso, recalca que irá hasta el final y se muestra dispuesto a aliarse con el Partido Liberal, los ‘trillizos’ —los ex alcaldes Mockus, Peñalosa y Garzón— y hasta con Juan Manuel Santos, para buscar una candidatura de coalición a la Presidencia en 2010. Las encuestas no lo trasnochan, sigue haciendo propuestas a lo largo y ancho del país, está convencido de que su teléfono está ‘chuzado’ y no descarta aún que sea el presidente Uribe quien desista de reelegirse.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de esa alianza con otras fuerzas?
Serían tres: el programa contra la pobreza, la estrategia para recuperar el crecimiento económico y el reconocimiento a la política de seguridad del presidente Uribe, que debe tener continuidad y complementarse en los asuntos de delincuencia urbana y seguridad fronteriza.
Se le ve muy afanado en aclarar que no se trata de algo contra el Presidente…
Esa consulta hay que construirla pensando en el futuro. En Cambio Radical adquirimos compromisos en las elecciones de 2006 con el programa del presidente Uribe y los cumpliremos hasta el 7 de agosto de 2010. De manera que si pensamos en adelantar una consulta no puede ser sobre la base de que el acuerdo sea para hacerle oposición al Gobierno. En nuestro caso, no tendría sentido.
¿En ese acuerdo cabe Juan Manuel Santos?
Por supuesto, él tiene un origen liberal y sería muy deseable que se interesara en participar.
¿Por qué no acepta en esa alianza a Gustavo Petro?
Porque en lo que a mí respecta, creo que con el Polo no hay ninguna afinidad. Tenemos una visión totalmente diferente de la realidad nacional. No compartimos el pasado, tampoco el presente y difícilmente una visión acerca del futuro del país.
¿Y acaso el Partido Liberal no es también opositor acérrimo al gobierno Uribe, como el Polo?
Pardo y Petro son bien distintos. Y más aún el liberalismo y el Polo. Como dije, se trata de pensar con una visión de futuro, no en la coyuntura del momento.
Pues el liberalismo y el Polo están de acuerdo, por ejemplo, con un intercambio humanitario…
No todos los sectores.
Hablando de futuro, ¿será que el rival en mayo del próximo año va a ser el presidente Uribe?
El panorama sigue siendo incierto e impredecible. El trámite de la ley de convocatoria al referendo presenta varios obstáculos. Creo en la independencia de la Corte Constitucional y abrigo la esperanza de que emita un fallo objetivo. Tampoco es fácil que siete millones y medio de colombianos concurran a las urnas. Pero, independientemente de los trámites, algunos aún no descartamos que sea el propio Presidente quien desista de esta idea.
Por lo visto no quiere desistir…
Créame, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos meses.
¿Si el Presidente es candidato usted no se vuelve automáticamente opositor?
Estoy luchando por defender un proyecto con visión de futuro. Anuncie el 25 de junio que mi candidatura irá hasta el final, cualquiera sea la suerte del referendo o la decisión del Presidente.
¿Qué pasa si, dado el caso, pierde la consulta?
Respetaría el resultado, por supuesto, y apoyaría a quien resulte victorioso.
¿Así sea Juan Manuel Santos?
Incluido él, si hace parte de la consulta.
¿Al fin cómo le fue con el transfuguismo? ¿Ganó? ¿Perdió?
Se fueron algunas personas, llegaron otras. Permanecen los dirigentes que asumieron el compromiso de impulsar un programa y defender unos postulados.
¿Esperaba que se fuera Nancy Patricia Gutiérrez?
No comprendo por qué no lo hizo. No veo que ella se sienta cómoda en el Partido y yo tampoco lo estoy. Sus afectos y compromisos están con la reelección.
Esta semana lanzó su propuesta en materia judicial, ¿cuáles son los aspectos fundamentales?
Propongo, en primer lugar, revivir el Ministerio de Justicia. Fue un error eliminarlo, el ahorro fiscal no se dio y la Rama Ejecutiva perdió su interlocutor frente al sector judicial. Existe un cúmulo de funciones que debería cumplir. Por ejemplo, se debe contar con una unidad administrativa que asuma la defensa judicial del país. Hay $102 billones en este momento en controversias por demandas que han sido presentadas contra el Estado y es importante que esos pleitos se atiendan con diligencia y el mayor profesionalismo. Por otra parte, la aplicación de las leyes de extinción de dominio ha fracasado. De 2,1 millones de hectáreas incautadas tan sólo hay sentencias definitivas en 70.000.
¿Qué hacer para superar la congestión judicial?
Son 3,5 millones de procesos represados. ¿Por qué no pensar en abrirles paso a los jueces de tiempo parcial? ¿O permitir la acumulación de procesos que tengan los mismos hechos fácticos? Hay que fortalecer el arbitramento. Hace tres años se terminó de elaborar un código procesal para los asuntos contenciosos, comerciales y civiles, que impulsa principios de oralidad e inmediatez en la prueba, y es increíble que no haya sido llevado al Congreso. ¿Por qué no también asignarles funciones jurisdiccionales a los notarios en asuntos donde no haya oposición, para que presten un mayor servicio?
¿Que plantea para ganar en seguridad jurídica?
Que la jurisprudencia emitida por las altas cortes sea obligatoria para los tribunales superiores y todos los jueces del país. Que no emitan fallos retroactivos en las decisiones de la Corte Constitucional. Sería oportuno establecer el control de legalidad previo en las leyes que sobre aspectos tributarios, penales y económicos se aprueban en el Congreso. En este país tenemos que concretar el alcance de la potestad reglamentaria. Aquí cualquier funcionario en cualquier nivel, vía resoluciones o decretos, está legislando y eso nos crea gran incertidumbre.
Usted plantea también que las tutelas no procedan contra las altas cortes…
Ese fue el motivo del choque de trenes y yo creo que las tutelas que tramita la Corte Constitucional no pueden ocuparse de sentencias de cierre o definitivas emitidas por las altas cortes. Nadie entiende que un proceso que dura tantos años en una jurisdicción especializada y se emite un fallo definitivo, luego vía tutela se modifique. Estamos prácticamente estableciendo una cuarta instancia en Colombia.
Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema, estuvo en sus filas, ¿qué le sugiere para resolver el choque que existe con el Ejecutivo?
No le hago sugerencias a la rama judicial ni califico de manera alguna sus dictámenes. Reléveme de emitir concepto al respecto.
¿Qué tanto daño le hace a la institucionalidad del país el limbo en que ha caído la elección del nuevo Fiscal General?
Es importante que pronto se resuelva.
¿Qué piensa de lo sucedido con Agro Ingreso Seguro?
Cuando esa iniciativa se autorizó, se hizo para canalizar recursos que tuvieran como destino subsidiar a aquellos sectores que se afectarían por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Suena paradójico que no ha sido aprobado el Tratado y ya se dispusieron y se ejecutaron los $500.000 millones que estaban destinados a ese propósito. Y como cualquier colombiano, me sorprende que en muchos casos, por lo menos en aquellos que han sido denunciados, los beneficiarios con cifras escandalosas sean personas que no reúnen el perfil que inicialmente se previó.
“Con seguridad estoy ‘chuzado’ ”
¿Hay que acabar con el DAS?
Hay que reformarlo. No creo que la entidad sea la que delinque, sino sus funcionarios. Me parece increíble que la reforma que se planteó sea para eliminar las funciones sobre las cuales no se centraba ninguna controversia y no sobre las tareas de inteligencia, que son las que tienen relación con las ‘chuzadas’.
¿Es verdad que aquí ‘chuza’ todo mundo?
Creo que sí. Cada día nos informamos de que resulta fácil intervenir los teléfonos.
¿Por orden de quién?
Eso es lo que queremos conocer y esperamos que la Fiscalía nos informe muy pronto sobre los responsables.
¿De quién es la responsabilidad política?
Dependiendo de quienes resulten imputados. Pero dudo mucho de que todas estas acciones hayan sido propiciadas solamente bajo la responsabilidad de funcionarios de tercer y cuarto nivel.
¿Usted se siente ‘chuzado’?
No me siento, lo estoy con seguridad.