El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se reunió esta semana en Estados Unidos con la máxima autoridad de la justicia en ese país: el fiscal general Eric Holder. Hablaron, entre otras cosas, de cooperación judicial y de la posibilidad de “refinar” los actuales aspectos del tratado de extradición, en momentos en que llueven críticas al proceso de Justicia y Paz que aún cobija a varios ex jefes paramilitares presos en cárceles norteamericanas, sin que aún se vean resultados en cuanto a verdad, justicia y reparación a sus víctimas.
En una reciente entrevista a la revista Cambio, el ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso puso en tela de juicio las pruebas que tuvo el Gobierno para extraditarlo, versión que incluso fue corroborada por el fiscal Mario Iguarán. En diálogo con El Espectador desde Washington, Valencia Cossio habló de ello y de otros temas de la actualidad nacional como el referendo reeleccionista y la cuestionada reforma política.
¿Por qué a estas alturas nadie conoce las pruebas que tuvo el Gobierno para extraditar a los jefes paramilitares?
La Ley de Justicia y Paz tiene como fundamento que haya verdad, justicia y reparación. Hubo un momento en que estos señores no estaban diciendo la verdad ni entregando los bienes que debían. Por eso el Gobierno decidió extraditarlos porque, entre otras cosas, esas extradiciones estaban suspendidas y sujetas a que cumplieran con lo que se habían comprometido. Eso fue lo que pasó.
Hay quienes dicen que los extraditaron para callarlos…
¿Usted cree que si el Gobierno tuviera ese propósito estaríamos buscando mecanismos para que ellos puedan dar sus versiones, para que puedan venir los jueces o para que haya un magistrado enlace? Lo que nos interesa es que se diga la verdad y se repare a las víctimas.
Pero a alguien como ‘Don Berna’ —con los miles de muertos que tiene encima y con la historia de criminalidad que guarda y las verdades que sabe—, la sentencia de 30 años de cárcel lo aisla por completo y hasta allí llego su verdad…
Él acá puede seguir en Justicia y Paz y, si sigue, cuando regrese a Colombia los beneficios de la ley lo ampararán. Él tiene que colaborar con la verdad y la reparación, si no, cuando vuelva tendrá que someterse a la pena que le pongan también los jueces colombianos por los delitos que cometió en el país.
Con todo respeto, eso suena a chiste. ‘Don Berna’ tiene 46 años y está condenado a 30 de prisión. Qué le va a interesar contar nada, ¿para qué?
Es que él puede contar todo desde ya. Puede seguir en Justicia y Paz como están haciendo Mancuso y otros, a través de las audiencias virtuales. Además, el sistema de justicia americano tiene unos beneficios y a lo mejor si colabora no le dan 30 años. Y si él, al regresar a Colombia, quiere estar con los beneficios de Justicia y Paz que establece condenas de entre cinco y ocho años por la colaboración, tendrá entonces que contar sus verdades.
¿Pero en 30 años?
No necesariamente tiene que esperar 30 años. Puede contar desde ya, como Mancuso.
Es que a Mancuso no le han hecho juicio y por eso está motivado…
Pero de todas maneras lo van a condenar, no sabemos a cuánto. Él está ganando beneficios aquí y en Colombia porque está colaborando con la justicia de Estados Unidos y con Justicia y Paz.
Por cierto, Mancuso se queja de que sus propiedades se quedarán en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿existen mecanismos para que esto no ocurra?
Hay unos convenios que se aplicarán a todos esos bienes y eso es parte de los acuerdos a los que ya se llegó con Estados Unidos. Lo importante es que digan dónde están los bienes para poderlos entregar a las víctimas.
Hablemos de política. ¿El anuncio de posibles extras en el Congreso para sacar el referendo no es una clara señal de que sí se está buscando una segunda reelección?
La propuesta del referendo para aprobar la posibilidad de una segunda reelección es vista por el Gobierno como un instrumento para crear una institución en la Constitución. Si el país quiere que un presidente que lo ha hecho bien pueda ser reelegido dos veces, nos parece bien. Cuando supere los pasos que faltan y luego de que el pueblo decida si se cambia o no la Carta Política, el presidente Uribe decidirá si aspira o no. El hecho de que exista la institución no lo obliga a que aspire.
O sea que el Presidente quiere llegar hasta última instancia y luego decidir si se lanza o no…
Sí. Eso ya sería la voluntad de él y ya sabemos lo que ha dicho: que tiene una encrucijada en el alma.
Encrucijada que tiene al país en una situación política caótica, ¿por qué no confirmarlo de una vez?
Porque uno no puede tomar una decisión cuando no existe la norma. Sería absurdo que el Presidente dijera: “Sí aspiro”, cuando la Constitución todavía no lo permite. Él no puede tomar una decisión sobre algo que no existe.
En lo del referendo, usted dice que la investigación de la Corte Suprema contra los 86 representantes no los inhabilita para la conciliación, ¿por qué?
Porque no hubo prevaricato y porque los votos y las opiniones de los parlamentarios son inviolables. Si el fuero de inviolabilidad no existiera, no habría Congreso ni democracia. Lo importante de la libertad de expresión y del voto de un parlamentario es precisamente que puede ejercer autónoma y libremente esa opinión. Luego, si no hay prevaricato y si el voto de la opinión es inviolable, no hay impedimento. Ellos pueden votar la conciliación.
Pero sin duda existe temor entre los representantes…
Así es. Se ha creado mucha incertidumbre, pero todos los conceptos jurídicos de expertos constitucionalistas, penalistas, ex magistrados de las cortes, dicen que no hay nada que temer.
Hablemos de la reforma política. ¿Por qué causa tanto rechazo en la oposición?
Es un instrumento muy valioso en la lucha contra la delincuencia y contra los dineros ilícitos que penetraron las campañas políticas y los partidos. Esa reforma es frontal para sancionar partidos, movimientos y candidatos que dejaron infiltrar o participaron en narcotráfico, delitos de lesa humanidad, financiación ilegal de campañas o concierto para delinquir. Las sanciones a los partidos llegan hasta la cancelación de su personalidad jurídica y los parlamentarios que sean vinculados formalmente a una investigación por estos delitos y sean detenidos, pierden a partir de ese momento la curul. Y si al final es condenado, el partido también pierde la silla.
¿Y entonces por qué tanta polémica?
Porque la oposición quería que esta norma rigiera hacia atrás y no hay ninguna norma que funcione así.
¿Para qué sirve el transfuguismo o ‘voltiarepismo’ a la política?
Si se mira desde el punto de vista de la libertad de asociación de una persona, tiene todo el sentido. Si una persona se quiere cambiar de partido, pues que se cambie. A partir de la vigencia de la norma, quien se vaya a cambiar de partido tendrá que renunciar un año antes. Hoy, como aún eso no está vigente, los que se quieran cambiar puedan hacerlo dos meses después de que comience a operar la ley.
Pero insisto, ¿en qué beneficia esto al mejoramiento de la política colombiana?
La beneficia en el sentido de que a lo mejor hay gente que se quiere realinear políticamente: pasarse del liberalismo al Polo, o del Polo a la U, por ejemplo. Creo que la oposición se tiene muy poca confianza porque dicen que eso sólo va a beneficiar a los movimientos uribistas y no consideran que también algunos de la coalición se puedan ir donde ellos.
¿No será que el Gobierno quiere asegurar unas mayorías a cualquier precio?
Es que la Ley es para todos, no sólo para los partidos uribistas.
Una última pregunta: ¿qué opina de que el Ministro de Protección Social diga que la Corte Suprema está haciendo política?
El Ministro es un ciudadano que, según cree, lo han lesionado en sus derechos, y como ciudadano ha presentado un reclamo ante la opinión pública. Desde sus derechos, es legítimo que exponga su criterio y su opinión.