Tal y como estaba previsto, el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado, la restitución de tierras y el principio de solidaridad frente al de responsabilidad a la hora de reparar a los afectados, son los principales temas en los que diverge la ponencia “alternativa”, que sobre el proyecto de ley de víctimas radicó la coalición del Gobierno, del informe mayoritario que presentaron los ponentes en la Comisión Primera de la Cámara, encabezados por el parlamentario liberal Guillermo Rivera.
El documento fue entregado en el Congreso el viernes pasado por los representantes uribistas Jorge Mantilla y Fernando de la Peña.
Sin duda, los dos documentos representan intereses encontrados: el del Gobierno, que insiste en no reconocer a los afectados por posibles acciones del Estado, y el de la oposición, respaldada por la comunidad internacional, la ONU y varias organizaciones sociales, que propone crear, por primera vez, una política pública para reparar y reivindicar los derechos de las víctimas. Ambos tendrán que ser discutidos en la Comisión Primera de la Cámara, donde la iniciativa hace su trámite y le faltan dos de sus cuatro debates reglamentarios.
Mientras que en el documento de Rivera se plantea ampliar el universo de las víctimas —es decir, que la ley podría cobijar eventualmente a los afectados por acciones u omisiones del Estado—, los legisladores de la coalición de Gobierno proponen, en el artículo 8 de su ponencia, que se considere como víctimas a aquellas personas que hayan resultado afectadas por los actos de los grupos armados organizados “al margen de la ley”, sin hacer mención alguna a los agentes estatales.
Asimismo, el informe firmado por Mantilla y De la Peña no incluye la creación del Consejo Nacional de Restitución de Bienes, que sí es mencionado en la ponencia mayoritaria como la comisión encargada de “formular la política para la reparación a las víctimas por violaciones a los derechos sobre sus bienes”.
En la propuesta de la coalición se asegura que el Estado debe reparar a los afectados por “solidaridad” con ellos, planteamiento del que difiere el texto liderado por Rivera, en el que se habla del principio de “responsabilidad” estatal frente a las víctimas.
En varios de estos puntos se habían logrado acuerdos cuando el proyecto fue aprobado en el Senado. Sin embargo, las posiciones encontradas tendrán que ser nuevamente discutidas.
El enfrentamiento podría presentarse mañana en la Comisión Primera de la Cámara, donde está programado el tercer debate de la ley de víctimas.
Denuncian acoso ‘para’
En la audiencia regional que el Congreso realizó para socializar la ley de víctimas, el pasado viernes en Cúcuta, varias personas denunciaron un presunto rearme ‘para’ en la región del Catatumbo. Según los ciudadanos, que prefirieron mantener sus nombres en reserva por seguridad, las llamadas ‘Águilas Negras’ estarían cometiendo asesinatos selectivos y obligando a los familiares de los muertos a trasladar los cadáveres hacia Venezuela. Un líder social aseguró que en lo que va corrido del año se han presentado unas ocho muertes tan sólo en Tibú, municipio a unas dos horas de la capital de Norte de Santander. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presente en el evento, aseguró que tomará “atenta nota” de las denuncias de los habitantes.