El jueves pasado el Gobierno logró conjurar la crisis que acechaba el trámite de la reforma a la justicia en el Congreso de la República, al concretar un acuerdo con las altas cortes y los ponentes de la iniciativa en la antesala del sexto debate en la plenaria del Senado. Algunos de los puntos concertados sugieren la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación de la Cámara, además de reafirmar la doble instancia en el juzgamiento a los legisladores y los juicios de responsabilidad política a los magistrados en el Congreso, como presupuesto para iniciar acciones penales y disciplinarias.
En diálogo con El Espectador, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explica los alcances de dicho acuerdo y responde a las críticas que en muchos otros aspectos —desde diferentes sectores del país— le siguen lloviendo al proyecto. Y con énfasis se refiere al caso de la Judicatura, hoy por hoy en el ojo del huracán ante los escándalos de corrupción.
¿Quién ganó y quién perdió con el acuerdo del miércoles?
Ganó la justicia, el proyecto de reforma constitucional y la idea que en Colombia ha venido abriéndose paso, a pesar de las críticas de mucha gente, y es que los consensos son mejores que las discrepancias.
¿Y por qué queda la sensación de que el Gobierno lo que hizo fue darles su ‘caramelo’ a todos? Por ejemplo, dicen que las cortes están felices con la ampliación de la edad de retiro forzoso…
Eso no fue parte del acuerdo. Es cierto que se ha venido hablando y ya veremos si se aprueba o no en el Congreso. El Gobierno ha tenido desde el comienzo una posición y la sigue manteniendo.
¿Qué es cuál?
Que se amplíe el período y se aumente la edad de retiro forzoso, pero que eso vaya de la mano de los aumentos en el tiempo de preparación, la experiencia, el ejercicio de la profesión, la cátedra y los años de judicatura para llegar a las altas cortes. Esta tiene que ser la cima en la carrera de un abogado y no algo intermedio.
¿Y el que esto aplique para los actuales magistrados?
En eso el Gobierno no está de acuerdo y me parece que sería un acto de indelicadeza. Sobre eso no hay acuerdo, pero tampoco es de los puntos gruesos y seguirá en discusión.
Un punto que sí fue del acuerdo y que beneficia a los magistrados es el que tiene que ver con los juicios de responsabilidad política ante el Congreso, como presupuesto para iniciar acciones penales y disciplinarias…
Es cierto, pero hay que precisar que la idea del antejuicio político está hoy en la Constitución, sólo que se había diseñado mal al atribuirle a la Comisión de Acusación de la Cámara funciones de distinta naturaleza que hicieron que ninguna se cumpliera: de control político, de instrucción penal y de investigación disciplinaria. Así no podía funcionar y por eso la conclusión es que el Congreso no ejercerá funciones jurisdiccionales y que la Comisión desaparecerá.
¿Y entonces cómo será ese antejuicio político?
El Congreso deberá decidirlo. Se habla de la posibilidad de que quienes asuman esa tarea no sean congresistas, sino personas de altas calidades, designados por el Legislativo. Ese antejuicio político se refiere sólo al presidente de la República, el vicepresidente, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación. La idea, más que blindar a las personas, es blindar la función.
¿No implica otra vez un conflicto de intereses cuando, por ejemplo, la Corte Suprema investiga y juzga a los congresistas?
Por eso es que se ha propuesto crear un organismo distinto. El problema de la Comisión de Acusación era de arquitectura de las normas y creo que esto debe funcionar. Así está estructurado en muchos países del mundo.
Es que es más de lo mismo: yo te investigo, tú me investigas, yo te absuelvo, tú me absuelves…
El antejuicio político no es una investigación, sino simplemente un requisito previo pare ver si la denuncia o la acusación que se ha hecho tiene suficiente solidez.
Así sigue quedando la sensación de que a cada quien se le dio su parte y todos felices…
Esa es una afirmación con cierta dosis de mala leche y que da la idea de que el acuerdo fue una piñata y el Gobierno se salió con la suya. Eso no lo habrían admitido ni las cortes ni el Congreso, ni lo habría hecho el Gobierno porque ese no es su estilo. Lo que hubo fue una reunión para ponernos de acuerdo en unos puntos sobre los cuales había diferencias. En cierta medida, lo que había era interpretaciones distintas y lo que se hizo fue introducir algunas modificaciones para que las cosas fueran satisfactorias. Suele suceder que a uno lo critican porque hay puntos de desacuerdo y, cuando se logra un consenso, le dicen que hay una componenda.
Si la cosa era de interpretaciones y si la reforma es tan buena, ¿por qué estaba a punto de hundirse?
No creo que estuviera a punto de hundirse, sólo que estaba siendo objeto de toda suerte de críticas, en muchas de las cuales había más espuma que chocolate.
¿Por qué la eliminación del Consejo de la Judicatura se convirtió en un punto de honor para el Gobierno?
El Gobierno lo planteó desde un principio como un punto crucial por considerar que ninguna de sus dos salas ha cumplido las expectativas. Además, han ocurrido episodios bochornosos que el país ya conoce.
¿Es cierto que los magistrados de la Judicatura vienen haciendo ‘lobby’ en el Congreso para bloquear su eliminación?
De eso se ha hablado siempre, pero la verdad es que todo mundo va a reunirse con los congresistas. Así funcionan normalmente las cosas en las democracias. Los empresarios, los sindicatos, los ministros, los tirios y los troyanos, todos van a tratar de hacer ver sus puntos de vista.
Pero aquí es distinto, teniendo en cuenta los intereses políticos que existen y la posibilidad de intercambio de favores…
Paso.
Se la cambio: ¿el Gobierno espera que el Consejo de la Judicatura se mueva para voltear las cosas a su favor?
Es una característica humana la lucha por la supervivencia.
¿Y podría tener éxito?
Si la pregunta viene formulada con la utilización del verbo poder, pues sí podría. No quiero entrar en especulaciones, pero lo que quiero es que quede clara la posición del Gobierno y que la gente se dé cuenta de que en esta materia estamos hablando en serio.
Lo claro es que la Judicatura tiene con qué jugar, y duro, a la hora de favores políticos…
Teóricamente es posible, pero esto requiere obrar con grandeza y la percibo en las altas cortes, en el Congreso y en el Gobierno. Si se obra con grandeza, esos riesgos no deben existir.
Los magistrados de la Judicatura dicen que los han estigmatizado injustamente…
Me atengo a los hechos, a lo que ha salido en las investigaciones, a lo que se ha denunciado y lo que se ha comprobado. Y preguntaría: ¿estigmatizar injustamente?
¿Cree que un Congreso tan cuestionado en los últimos años tiene la legitimidad suficiente para reformar a la justicia?
Sí, y por varias razones: una, porque en una democracia el órgano representativo de la voluntad popular es el Congreso. Ese fue el que elegimos los colombianos y es el cuerpo legítimo para adoptar las decisiones fundamentales en materia de leyes y de enmiendas constitucionales. Dos, he sido testigo admirado del trabajo que han cumplido senadores y representantes en relación con este proyecto. No he percibido mezquindades ni intereses oscuros. No sé si haya, pero no conozco de casos en particular de algún miembro del Congreso que estuviera actuando con el propósito de conseguir algún beneficio personal o evitar algún riesgo. Lo que he visto es el deseo de acertar.
¿Qué tan dañina ha sido la ley que quitó las causales de impedimentos para las reformas a la Constitución?
La Constitución es una norma estructural y no coyuntural. Como Carta Fundamental, no se adentra en asuntos particulares y lo que se establece en ella son normas de carácter general, en abstracto muchas veces. Pienso que era necesario algo de ese estilo, porque de otra forma no se hubiera podido lograr nunca una enmienda constitucional.
Pero es que es imposible no ser mal pensado viendo que los congresistas, más allá de que sea justo o no, logran doble instancia, que se les quiten causales de pérdida de investidura y de sanciones disciplinarias. Esto parece más una reforma política…
De hecho, la Constitución es una norma política. Es cierto que hay críticas, pero hay que mirar las cosas desde el otro extremo. Ha habido investigaciones y juzgamientos justos contra quienes han tenido comportamientos inaceptables, pero también hay que tener en cuenta que si todo el mundo reclama doble instancia, ¿qué razón existe para que los congresistas no tengan derecho a ella? Ese es un principio universal. En el tema de proporcionalidad en algunas sanciones, si se miran las causales de pérdida de investidura, cualquiera concluye que al Constituyente del 91 se le fue la mano, teniendo en cuenta que ello implica que a uno lo apartan de por vida de la actividad política electoral.
¿Y en materia disciplinaria con la Procuraduría?
Creo que el Código Disciplinario debe ser aplicado a todo servidor público. Ahora, quitarle el control disciplinario a la Procuraduría se puede mirar mal, pero es una vieja propuesta del procurador, que tiene una justificación clara: no tiene presentación que ese poder esté en manos de alguien que es elegido y puede ser reelegido por el Congreso. Pero no se está diciendo que para los congresistas no habrá más control disciplinario, sino que quien tiene que tenerlo a su cargo debe ser alguien distinto. En este caso la sala de investigación y juzgamiento.
Esa sala dependería de quién.
Puede estar adscrita a la misma Procuraduría o a la Corte Suprema. En todo caso necesitamos un órgano distinto. Ya veremos qué queda en la ponencia. Sin embargo, lo del acuerdo de esta semana fue sobre puntos gruesos, no el detalle de las normas. Como diría Álvaro Gómez: sobre lo fundamental.
Pues pareciera que lo fundamental de la reforma fuera el tema de aforados…
No. Dije acuerdos sobre lo fundamental en los puntos en que había desacuerdo. Eso no es lo fundamental de la reforma. Lo fundamental es todo. Lo que pasa es que los temas que se trataron no fueron sobre los que ya hay una aceptación pacífica y estamos de acuerdo.
La descongestión judicial ha tenido como punta de lanza el otorgamiento de funciones judiciales a abogados y notarios, lo cual no les gusta a las cortes, ¿a dónde se ha llegado?
Eso se va a mantener y sabemos que se van a necesitar unas leyes para ponerlo en marcha, que es donde se tomarán precauciones y se definirán los detalles. Está claro que esas personas no van a juzgar ni asuntos penales, ni administrativos, ni contenciosos y menos constitucionales. Además, las decisiones que ellos tomen podrán ser revisadas por un juez. De lo que se trata es de que pueda contarse con el capital humano preparado para cumplir ciertas tareas que se han definido como de naturaleza jurisdiccional, pero que no tienen esa esencia.
¿El acuerdo implica el regreso de las cortes al debate en el Congreso?
Según lo que dijeron los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema, tenían que coger los puntos, plantearlos ante sus salas plenas y recibir de ellas el correspondiente respaldo. Creemos que en la medida en que se vaya honrando el acuerdo, las cortes seguramente volverán a participar activamente en los debates, aunque hay que aclarar que nunca han dejado de participar y lo que ha habido es una ausencia protocolaria más que otra cosa.
Sobre el sistema penal acusatorio
Frente a la descongestión, la exfiscal Viviane Morales dijo que si no se hacía un ajuste frente al tema del sistema penal acusatorio, la reforma a la justicia no serviría para nada, ¿qué le responde?
No sé que tiene que ver lo uno con lo otro. Se ha venido diciendo, con razón, que el sistema penal acusatorio acusa una serie de fallas que exigen atención inmediata y eventualmente unos cambios. Es claro que tenemos que ponernos sobre el problema y ver cómo lo resolvemos, pero ello no puede conducir a la conclusión que algunos pretenden de que lo abandonemos. Hay muchos que dicen que la reforma a la justicia no sirve, pero es que los problemas no son de Constitución sino de ley. En el Congreso se están tramitando otras normas, como el Código General del Proceso, que está a punto de salir y que es una revolución en materia de justicia. Es cierto, hay que corregir las fallas en el sistema acusatorio, pero abandonarlo implicaría regresar al sistema inquisitivo.