Con la intención de “velar por la transparencia en los próximos comicios, de manera impecable y sin ningún tipo de favoritismo”, llegó al país el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos), el chileno Enrique Correa, quien agregó que su trabajo también cubrirá las elecciones presidenciales. “No somos una Misión que llega a intervenir en lo que no debemos, pero sí nos interesa que la propia ley colombiana sea plenamente cumplida”, aseguró.
Aun cuando no lleva ni dos días en el país, al jefe de la Misión ya le preocupan las irregularidades que se han venido presentando en las últimas semanas en todo el territorio nacional. “Hay un conjunto de asuntos que nos han planteado con relación a presiones que podrían afectar la libertad y transparencia en el sufragio y la limpieza en el escrutinio”, expresó.
La próxima semana se completará la comisión que acompañará a Correa en el proceso de vigilancia y control. Se trata de un grupo de 70 observadores que serán dirigidos por 15 coordinadores distribuidos en todo el país, especialmente en las zonas en las que se presenta mayor riesgo electoral. Por otro lado, y finalizada la jornada, la Misión presentará el martes siguiente ante la opinión pública un informe en el que especificarán los resultados hasta ese momento de su evaluación y dos semanas después presentará un reporte ante el Consejo Permanente de la OEA que contemplará la evaluación definitiva sobre el proceso.
A su llegada a Colombia, Correa se reunió con el candidato presidencial y jefe único del liberalismo, Rafael Pardo, de quien recibió una radiografía de lo que, a su juicio, es una falta de garantías latente en el proceso electoral. “Se trata, uno, del ejercicio de una candidatura presidencial por parte del Presidente (Álvaro Uribe) que en la legislación de hoy es ilegal y es la principal causa de falta de garantías; dos, del cumplimiento según las conveniencias de la Ley de Garantías. El Gobierno escoge qué cumple de ella y qué no; tres, la intervención estatal en temas de publicidad y de formación de opinión pública a favor de determinadas fuerzas políticas; cuatro, el papel de alcaldes en ejercicio que favorecen candidaturas afines al Gobierno; cinco, la preocupación de alcaldes en su función de presidentes de comisiones electorales, y seis, la violencia que sigue permaneciendo y sigue siendo una amenaza”, denunció Pardo.