El presidente Santos dejó en sus manos hacer de la paz algo irreversible. ¿Eso qué significa?
Lograr que las reformas constitucionales y legales para terminar la implementación del Acuerdo de Paz se lleven con éxito hasta el final. Tenemos varios pendientes. Terminamos una primera etapa del fast track en la que se aprobaron proyectos como la reincorporación social, política y económica de las Farc. Para la segunda etapa vienen proyectos que implican crear condiciones para la construcción de una paz estable y duradera. Por ejemplo, la Ley de Tierras, la reforma a la organización electoral, el tratamiento diferenciado de carácter penal para los pequeños cultivadores de coca y la ley de garantías para la participación ciudadana. La idea es que podamos terminar esa agenda este año, de tal manera que en el debate electoral de 2018 la paz no se convierta en eje de la campaña.
¿Qué tan fácil será? Si en el Congreso se ha reducido el apoyo…
Me da la impresión, más bien, de que el fallo de la Corte Constitucional despertó cierto fervor y mayor apoyo a la agenda legislativa por la paz. La semana siguiente a esa decisión, los partidos políticos —no solamente de la Unidad Nacional— se reunieron y expresaron su voluntad de seguir apoyando los acuerdos, y muchos parlamentarios nos han manifestado su deseo de demostrarle al país su compromiso con la paz . El Congreso no va a ser inferior al desafío de terminar de implementar el Acuerdo, y este año podremos decir que las normas para construir la paz están en nuestro ordenamiento jurídico.
¿Cómo explicar, entonces, el voto de Cambio Radical a favor de Álvaro Motta, el candidato del uribismo, para integrar la Corte Constitucional?
Hay muchas circunstancias que no definen quiénes son o no afectos al Acuerdo de Paz cuando se trata de la elección de un magistrado para la Corte Constitucional. Álvaro Motta es hijo de un dirigente conservador y ese tipo de calidades influyen en la decisión del Congreso. Además, es un excelente jurista y en su presentación causó una grata impresión. Por eso, muchos congresistas que hacen parte de los partidos de la Unidad Nacional votaron por él y eso el Gobierno lo respeta.
¿Usted es de los que pensaron que, si no se votaba por Diana Fajardo, el Acuerdo de Paz se ponía en riesgo?
Los tres eran excelentes juristas y le dejaron perfectamente claro al Congreso que conocen de control de constitucionalidad y que, por su experiencia académica, cualquiera que hubiera sido el caso, la salvaguarda de la Constitución habría quedado en muy buenas manos. Ahora, el Gobierno no puede prever las decisiones de la Corte y de cada uno de los magistrados que la conforman. Lo que sí tiene absolutamente claro es que las decisiones que tome el alto tribunal sobre las normas aprobadas vía fast track son muy importantes para el Acuerdo de Paz.
Esta semana se conocieron acercamientos para avanzar en coaliciones a favor de la paz de cara a 2018. Claudia López, Robledo y Fajardo por un lado, y Humberto de la Calle convocó a una gran convergencia. ¿Le suenan esas alianzas para evitar que hagan trizas el Acuerdo?
Aunque no puedo hablar de política ni emitir una opinión acerca de coaliciones de carácter electoral, lo que sí puedo decir es que esta no es la paz de Santos. Esta es la paz de los colombianos y, en la medida en que es así, resulta muy importante que los colombianos en general se expresen en las calles, dándole el respaldo a la paz. No podemos retroceder. Lo que ocurrió es realmente un quiebre en la historia de Colombia y no podemos desandar lo andado
En plena campaña electoral va a ser difícil. Seguramente el ausentismo se apoderará del Capitolio mientras los congresistas salen a sus regiones a conseguir votos…
Esta no es una época comparable con otros períodos legislativos. Los congresistas saben que el país está esperando de ellos culminar con éxito la agenda legislativa de paz. No me cabe la menor duda de que van a estar muy atentos a las diferentes convocatorias para discutir las iniciativas que permitan avanzar en la implementación.
¿Existe un plan B si no se alcanza a tramitar todo en la segunda etapa del “fast track”?
No existe plan B porque el procedimiento especial legislativo solamente se puede prorrogar una vez, y ya se hizo. Tendremos otros seis meses para adelantar la agenda y la tarea ahora es concentrarnos en ello. Sin embargo, si queda algo por fuera, en el régimen ordinario no hay ningún tipo de restricciones. Cualquier iniciativa que el Gobierno quiera presentar sobre la paz, podrá hacerlo. Pero creemos que estos seis meses van a ser suficientes.
Paralelamente está caminando una negociación con el Eln que pareciera no despertar optimismo…
A mí me genera esperanza, como creo que la genera a la mayoría de colombianos. El presidente Santos abrió esa mesa de conversación con el Eln en búsqueda de una paz completa. Ojalá muy pronto tengamos buenas noticias.
¿Le preocupan las declaraciones del director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, de pedirle a su jefe, Germán Vargas Lleras, que acabe con la mesa de conversaciones si él es el próximo presidente de Colombia?
Cada partido está en su derecho de expresar sus opiniones y lo respetamos. Pero esperaría que cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia tenga una visión proclive a la paz.
Pero lo que dijo Vélez refleja que va en contravía de la principal bandera del presidente Santos…
Yo hablo por los hechos. La semana antepasada el Congreso aprobó la iniciativa que permite que los recursos de regalías se inviertan en vías terciarias, y el acto legislativo que deja claro que el monopolio de las armas está en manos del Estado. En ambos proyectos contamos con el apoyo de Cambio Radical. Eso dice más que mil palabras.
El presidente Santos anunció modificaciones en el plazo de dejación de armas de las Farc y en la vigencia de las zonas veredales. ¿Qué pasa si esos plazos no se cumplen?
Estamos seguros de que se van a cumplir, pero, además, existe un mecanismo de monitoreo y verificación en cabeza de Naciones Unidas y son ellos los que tienen que estar atentos a ello. Tenemos la seguridad de que el 20 de junio se va a hacer la dejación de armas y que, a partir del 1º de agosto, las zonas veredales se van a convertir en espacios de capacitación para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados.
¿Y si las Farc no cumplen?
Es que tienen que cumplir. Cualquier incumplimiento en esos plazos estará sujeto a las consecuencias previstas en el esquema de monitoreo internacional que hace Naciones Unidas.
¿Usted cree que el país está preparado para ver a las Farc haciendo política?
Sí. El país ha venido entendiendo que uno de los elementos centrales en el Acuerdo es lograr que quienes decían defender unas ideas en armas ahora las quieran defender en democracia, en las urnas.
Lo más importante de todo esto es que nadie vuelva a hacer política con armas.¿Y cómo entender que el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, haya rechazado el ingreso de miembros de las Farc al Capitolio?
Soy respetuoso de la independencia de poderes y no podría criticar las decisiones que tome el presidente del Congreso. Ahora, la presencia de los miembros de las Farc en el Ministerio obedece a que es allí donde se realizan las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, y esa es una instancia en la que participan delegados del Gobierno. Es apenas obvio que esas reuniones se puedan desarrollar en alguna entidad del Estado.
Pues las Farc van a tener, mínimo, 10 congresistas fijos en 2018. ¿No debería irse acostumbrando el Congreso a eso?
No me ponga a opinar sobre decisiones que le competen al Congreso. Pero, frente a la presencia de ellos allá, hay que esperar a ver qué sucede en el debate electoral del año entrante. Finalmente, lo que ellos van a hacer es someterse al escrutinio popular. Obviamente, tienen unas reglas especiales que les permiten ese número de senadores y representantes, pero lo más importante es que un grupo de personas que defendían sus ideas con armas las van a defender ahora en democracia. Los colombianos a eso sí tenemos que irnos acostumbrando. No podemos seguir estigmatizando a las personas por lo que piensan.
Se aproxima el estudio de la reforma político-electoral. ¿Le ve futuro a ese proyecto?
Es imposible tener una reforma política que satisfaga las expectativas de todos los partidos. En el Congreso existen tantas posiciones como legisladores. Lo que presentamos fue lo que reunía el mayor consenso posible, tanto de las recomendaciones políticas como de las que recibimos de la Misión Especial Electoral. Vamos a seguir buscando consensos para que esa reforma sea aprobada. Lo que creemos desde el Gobierno es que no podemos llegar al debate electoral del próximo año con las reglas actuales.
Hay que contar con unas nuevas que den mayor certeza en términos de transparencia y legitimidad alrededor de las instituciones.Hay dos puntos que no han caído bien en el Congreso: limitar el período legislativo y reducir la edad de quienes quieran llegar al Capitolio…
El Acuerdo de Paz señala expresamente que hay que vincular más a los jóvenes en la participación política, y no hay manera de hacerlo si no hay posibilidades de renovación. Si no ponemos unos límites en los períodos de los congresistas, con mayor dificultad van a poder acceder al Congreso nuevas figuras. Por eso se establece ese límite de dos períodos. E incluimos la disminución de la edad para acceder al Poder Legislativo, porque fue una propuesta en la que nos insistieron mucho los jóvenes cuando comenzamos a recibir sugerencias para construir esta reforma.
Pero ¿un joven de 21 años está lo suficientemente preparado para ser representante a la Cámara?
Sí. Además es parte de las discusiones, no sólo en Colombia sino en el mundo. Recuerde que antes la mayoría de edad estaba fijada en los 21 años. Ahora en los 18. Antes, las mujeres no podían votar y, menos, ser candidatas. El mundo va evolucionando. Los jóvenes de hoy adquieren formación más rápidamente, tienen deseos más temprano de vincularse a la vida pública, a la toma de decisiones, y nos pareció conveniente hacer esa reducción de la edad mínima requerida.
¿Vamos a llegar al voto obligatorio?
Nosotros dimos la discusión porque nos parecía conveniente, al menos por dos períodos, como una especie de terapia de choque, pero no logramos consenso. Por eso incluimos que, en un desarrollo posterior a la ley, se tengan que dar mayores estímulos a la participación electoral.
Otro chicharrón que le tocó asumir es el asunto de los paros, como el de Buenaventura. ¿Cómo avanzan esas negociaciones?
Estamos encontrando fórmulas (ver página 30). Al principio habían insistido en que el Gobierno debería declarar la emergencia económica y social. Les expresamos que no lo haríamos porque no había razones constitucionales para ello. Estamos buscando otros mecanismos. En este momento tenemos en funcionamiento el plan Todos Somos Pacífico, conformado a través de un patrimonio autónomo, sujeto a un régimen privado, y eso facilita la inversión de recursos. A través de ese patrimonio se pueden viabilizar las ejecuciones de los diferentes recursos que se quieren llevar a Buenaventura. Hay una deuda histórica, de todas maneras, con el litoral pacífico, y desatrasar esa deuda es realmente complejo.
Ha ocurrido antes que, previamente a un debate electoral, se intensifican los paros. ¿Cree que existen intereses políticos detrás?
Por principio, respetamos la protesta social. El Gobierno tiene un ADN de respeto a las manifestaciones y la apertura al diálogo. Así que no quisiéramos encontrarles otro tipo de orígenes o motivaciones a las expresiones de inconformidad de la comunidad, que tiene deseo de vivir mejor.