Una foto. Esa fue la chispa que encendió la discusión entre dos candidatos a la presidencia de la República este viernes en la tarde. Twitter, como siempre, fue el ring de la pelea.
Todo empezó cuando Piedad Córdoba publicó una foto en compañía de Clara López Obregón y Martha Lucía Ramírez. Las tres coincidieron en una celebración religiosa en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha.
Sin demora, Alejandro Ordóñez comentó la imagen. Al exprocurador no le cayó nada bien que Ramírez compartiera con Piedad Córdoba, con quien ha sostenido serias diferencias en el pasado. Siendo procurador, Ordóñez sancionó 2 veces a la exsenadora. Ambas decisiones fueron tumbadas por el Consejo de Estado.
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El trino lo acompañó con una columna de opinión publicada en las 2 Orillas, titulada, Alejandro Ordóñez: un santo bañado en corrupción.
«Ha demostrado en sus diferentes cargos, que en la política funciona el todo vale, en todos sus cargos tuvo problemas por sus decisiones, donde siempre ha discriminado a las minorías y sancionado a los que no piensan igual que él», dice un aparte de ese texto.
Poco tiempo después, Ordóñez volvió a la carga. En su respuesta incluyó a la Farc. «Las diferencias entre usted y yo tienen que ver con el modelo de país. Usted espera ver a sus amigos genocidas de las Farc en la Casa de Nariño. Yo espero verlos en la cárcel pagando por el daño producido a los colombianos».
“La senadora Piedad Esneda Córdoba impulsó al grupo armado ilegal de las Farc con el fin de procurar sus logros y objetivos. Igualmente, las pruebas demostraron que la mencionada senadora de la República trabajó con otras personas –pertenecientes al grupo insurgente– en realización de obras. Para este despacho, entonces, no existe el menor asumo de duda que los comportamientos por haber instado a las Farc para que este grupo al margen de la ley fuera hostil contra miembros de partidos políticos y demás servidores públicos”, dice el documento de 140 páginas con el que el exprocurador Ordóñez destituyó a la senadora el 27 de septiembre de 2010.
Además de apartarla de su cargo como senadora, la Procuraduría inhabilitó a Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pasaron casi seis años para que el Consejo de Estado anulara la decisión de Ordóñez y dijera que las supuestas pruebas encontradas en los computadores de Raúl Reyes no eran legítimas, pues la cadena de custodia de los aparatos tecnológicos se había violado, argumento que ya había expuesto la Corte Suprema de Justicia en 2009. Fue así como a comienzos de agosto de2016, el Consejo tumbó la decisión del Ministerio Público y además ordenó a pagarle a la exsenadora los salarios que dejó de ganar por la decisión de Ordóñez –se calcula que serían más de mil millones de pesos–.