Un proyecto de ley estatutaria que busca establecer el marco legal para ejercer la libertad de conciencia y, por lo mismo, de la objeción de conciencia, fue aprobado el miércoles en su segundo debate en la plenaria del Senado. Sin embargo, el proyecto ya no alcanza a surtir el trámite en éste período legislativo, por lo que tendrá que ser retirado y radicado para la próxima legislatura. A la vez, otra iniciativa, que aborda la misma temática pero en un sentido contrario, se encuentra en la Cámara de Representantes.
A pesar de que los dos proyectos desarrollan la aplicación del mismo derecho, van en direcciones opuestas. El uno, presentado por la senadora Maritza Martínez —aprobado esta semana— busca establecer los términos en que los ciudadanos puedan declararse objetores de conciencia, tanto en el caso del servicio militar obligatorio como en el de las prácticas médicas abortivas. El segundo, radicado por parlamentarios de corte conservador, pretende que los médicos y centros de salud que debido a sus creencias religiosas no estén de acuerdo con el aborto, en los tres casos excepcionales que autorizó la Corte Constitucional, puedan invocar esta norma.
La senadora Martínez explicó que su iniciativa, que por términos está hundida, “va encaminada a regular este derecho, especialmente en el tema militar y de la salud, pero sin dejarlo constituir en una herramienta para eludir las obligaciones. El proyecto establece que sólo las personas naturales pueden evocar este derecho, pero no para evadir las responsabilidad, pues se incluyen obligaciones alternativas, por ejemplo en el tema militar, que podrá ser pagado en la Defensa Civil”.
La parlamentaria llanera agregó: “Se trata de que el Congreso aborde temas que son muy complejos y que generan mucha polémica, pero que no por eso podemos evadir. La libertad de conciencia y el derecho a la objeción hacen parte del ordenamiento jurídico del país, pero no han sido desarrollados suficientemente”.
En este sentido, el senador Roy Barreras, quien tiene formación de médico, está de acuerdo en que, más allá de que existan dos proyectos en direcciones contrarias, es importante que Colombia abra el debate sobre la objeción de conciencia.
“Pienso que es importante reglamentar la objeción, pero para darles garantías a los ciudadanos y particularmente en el tema de salud. Es importante abrir el debate sobre los derechos universales y los de las minorías, y establecer hasta dónde la objeción de conciencia individual puede ir en contra de los derechos universales”, expresó el legislador vallecaucano, quien se ha mostrado a favor de permitir el aborto por considerarlo un procedimiento médico elemental.
En cuanto al proyecto conservador en esta materia, que no ha surtido ni el primer debate, tiene un elemento fundamental que lo distancia del aprobado por el Senado el pasado miércoles: incluye a personas jurídicas para que puedan declararse objetoras de conciencia. En este sentido, algunos parlamentarios han advertido que de aprobarse, se permitiría que clínicas enteras evoquen este derecho para saltarse la obligación de practicar el aborto en los tres casos autorizados por la Corte Constitucional.
Para el representante conservador Heriberto Sanabria, uno de los promotores de la iniciativa, la conciencia de las instituciones privadas la forman sus principios y fundamentos. “Si va en contra de su objeto y razón de ser, la institución privada podrá acudir a la objeción de conciencia, ya que no es el aborto sino la vida lo que está constitucionalizado”, señaló. En cuanto al servicio militar obligatorio, explicó que quedó excluido de la ponencia porque “los intereses de la patria son propios de todas las personas”.
Con el pulso entre estos dos proyectos, se abre un fuerte debate: ¿los derechos individuales deben prevalecer sobre los colectivo o al contrario? Una polémica sobre la cual el Congreso de la República tendrá la última palabra.