Aunque el Gobierno cuenta con las mayorías y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha tratado de lograr acercamientos con las diferentes fuerzas políticas, hay tres puntos en los que no ha podido imponer su parecer. Se trata de las funciones de investigación y juzgamiento del tribunal de aforados, la imposición de listas cerradas —en las que se vota por el partido y no por un candidato— y la obligatoriedad del sufragio en los próximos cuatro comicios.
Lo que resulta más complejo es que en el Legislativo han manifestado que las piedras angulares del reequilibrio son: la primera, la eliminación de la reelección del Presidente y otros funcionarios públicos, único tema en el que hay consenso. La segunda es el tribunal de aforados, que busca que no haya funcionarios —como los magistrados, el vicepresidente y el fiscal— que gocen de impunidad y donde hay sustanciales diferencias, pues la mayor parte del Congreso considera que éste debe tener funciones de investigación y juzgamiento. Por el contrario, el Gobierno plantea, para evitar revanchismos entre las ramas, que la etapa de investigación e instrucción se debe hacer en el tribunal, pero el juzgamiento debe ser político en el Legislativo.
El tercer tema que es considerado prioritario en la reforma es la implementación de listas cerradas, sobre las cuales los partidos de la U y el Conservador ya manifestaron su inconformidad. Además de tener claro que sus resultados electorales dependen de figuras políticas individuales, el presidente de los azules, David Barguil, quien le apuesta a la renovación de la colectividad, manifestó su temor porque se imponga la “política del bolígrafo” y los nuevos liderazgos queden rezagados. En la práctica, el Gobierno sólo ha logrado construir consenso en lo referente a la eliminación de la reelección presidencial y de todos los altos funcionarios del Estado, tema en el cual sólo el Centro Democrático ha manifestado su desacuerdo.
Tal es la distancia entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el tema del tribunal de aforados, que ya el ministro de Justicia, Yesid Reyes, abrió la posibilidad de que sea retirado. “Este no es el eje de la reforma, hay temas que son prioritarios, entre los cuales no está el tribunal de aforados. Así que no es descartable que en algún momento, si hubiera necesidad, se retire para poder tramitar con agilidad la reforma”, manifestó. No obstante, el titular de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “el Gobierno sí lo apoya, pero no está de acuerdo con que tenga facultades de juzgamiento”.
Esa fue la postura que impuso en la ponencia, pero, como manifestó el coordinador, el senador Armando Benedetti, “entre los ponentes están primando los argumentos del Ejecutivo, con los que no estoy de acuerdo. Sin embargo, en la Comisión Primera fueron derrotados y mucho me temo que será igual en la plenaria”.
Una discusión de complejo calado en la que el Gobierno y el Congreso mantienen diferencias que no serán fáciles de conciliar y a las cuales se suma la inconformidad del fiscal, Eduardo Montealegre, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, quienes han sido enfáticos al señalar que las facultades de juzgamiento en el tribunal de aforados se convertirían en especie de “revancha” del Legislativo contra la Rama Judicial.