De prosperar los argumentos de la ponencia que el magistrado liberal Joaquín José Vives entregó este viernes a sus ocho compañeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el próximo miércoles el organismo abriría investigación formal y formularía pliego de cargos contra los nueve integrantes del Comité Promotor del referendo que hoy se abre paso en el Congreso y que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez.
El Espectador conoció el proyecto de resolución que será debatido por el CNE y en él se concluye que no solamente los promotores del referendo desconocieron los topes a las contribuciones individuales que se recibieron con ocasión del proceso de recolección de firmas, sino que fue una acción producto de “una estrategia premeditada que incluyó el montaje de una gran infraestructura administrativa, la fusión de dos entidades y la ficción de un crédito para ocultarla”.
En primer término, la ponencia explica que la asociación Colombia Primero, constituida en mayo de 2004, ha estado estrechamente vinculada a la idea del referendo constitucional para la reelección presidencial y que tanto esta organización como las personas que hicieron aportes a ella, “conocían perfectamente que la finalidad de los mismos era financiar la promoción de la iniciativa legislativa”. Es más, se estableció un procedimiento específico para cumplir el objetivo.
Así, luego de contactar a las personas o empresas, se les enviaba un formulario y luego una carta de agradecimiento con los documentos anexos para realizar los aportes (RUT y certificado de Cámara de Comercio). De esta manera, por ejemplo, lo hicieron la empresa Riopaila Castilla, Coquecol S.A., promotora Tamaca, Integra Security Sistem, RCN Radio, Tito Livio Caldas, Gaseosas Colombianas S.A., o transportes Sánchez Polo, entre otras entidades o personas naturales.
En desarrollo de las investigaciones del CNE aparece un hecho particular: la participación de la firma Transval limitada, prestando el servicio de transporte y custodia de las firmas recogidas en el referendo. Según el vocero de la misma empresa, este servicio se hizo gratuitamente a raíz de una vieja amistad entre unos de los socios y Carlos Alberto Jaramillo, gerente de Colombia Primero. Lo peculiar es que se cargó su valor como un crédito derivado de pagos que hizo la Asociación.
La ponencia concluye que el balance del Comité de Promotores relacionó irregularmente un crédito por $1.903 millones, que en realidad corresponde a contribuciones recibidas para financiar la iniciativa popular. Además, esas contribuciones fueron superiores a los topes individuales ordenados por el artículo 97 de la Ley 134 de 1994. Dicha infracción, indica el documento, se produjo como consecuencia del desbordamiento de los límites del mandato concedido a los promotores del referendo.
El propósito de los topes para las contribuciones es salvaguardar el carácter auténticamente popular de la iniciativa del referendo. La ley señala que ese tope no puede ser superior a los $3’347.743. En criterio del ponente del CNE, Joaquín José Vives, al verificarse las contribuciones queda acredita la violación de la ley, y el concepto de participación popular quedó burlado, “cercenando la autenticidad y legitimidad” del procedimiento.
De prosperar la ponencia del magistrado Vives, los investigados tendrían que responder cada uno de los cargos, exponiéndose además al pago de una multa que, de acuerdo con la ley y con los reajustes del CNE, podría superar los $90 millones. Para que sea aprobada, la ponencia tendrá que obtener al menos cuatro votos más, superando antes el primer escollo: que el máximo organismo electoral defina mayoritariamente que sí tiene facultades y competencia para evaluar lo sucedido en el trámite previo del referendo.
La determinación del CNE es ajena a la investigación que debe adelantar la Fiscalía, en respuesta a una denuncia presentada por el representante del Polo a la Cámara Germán Navas. Asimismo, poco o nada incide en el trámite del proyecto de referendo que hoy se adelanta en el Congreso, si se tiene en cuenta que, al margen de la recolección de firmas, que le da al asunto un carácter presuntamente democrático, el Legislativo es autónomo para impulsar el referendo y, de todos modos, debe hacer una ley sujeta a control de forma en la Corte Constitucional.
“Vamos a hacer las aclaraciones del caso”: Luis G. Giraldo
Según Luis Guillermo Giraldo, vocero del Comité de Promotores del referendo, ellos están dispuestos a contestar todas las inquietudes del CNE y a hacer las aclaraciones del caso, porque “las cuentas que presentamos son claras”.
Frente a la posibilidad de que se les abra pliego de cargos, señaló que su apoderado, el abogado Antonio José Lizarazo, “es quien nos dirá que pasos seguir”. Giraldo no cree que una decisión adversa afecte el trámite del referendo en el Congreso, aunque se mostró dispuesto a reestudiar la situación, al tiempo que dejó entrever inquietud por el hecho de que la investigación en el CNE la haya llevado un magistrado liberal.