Ante el Consejo de Estado fue presentada una acción de pérdida de investidura contra 13 de los 22 senadores de la Comisión Primera, quienes participaron de la discusión del proyecto que pretende instaurar la cadena perpetua contra abusadores de menores. Según el demandante, los congresistas violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al no resolver, al parecer, de forma debida una recusación y dar continuidad al debate.
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La acción está dirigida contra los senadores Fabio Raúl Amín y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal); Esperanza Andrade de Osso, Carlos Eduardo Enríquez Maya y Juan Carlos García Gómez (conservadores); Armando Benedetti y Roosvelt Rodríguez (La U); María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Santiago Valencia y Paloma Valencia (del Centro Democrático); Carlos Eduardo Guevara (MIRA) e Iván Name (Alianza Verde).
En la acción, se alega que el pasado 8 de junio –en desarrollo del debate en la Comisión Primera–, un ciudadano recusó a sus 22 miembros por considerar que tendrían un interés directo en materia electoral con el debate, así como un conflicto de interés moral para reformar la Constitución a través de la virtualidad.
Sin embargo, explica, “la mesa directiva de la Comisión no remitió de forma inmediata la recusación a la Comisión de Ética y por el contrario, decidió en principio que era improcedente. Luego de una discusión de más de tres horas, el presidente de la Comisión determinó que su decisión había sido apelada y solo así remitió el caso a la Comisión de Ética y suspendió el debate”.
Posteriormente, tras cinco horas, el demandante sostiene que ese mismo lunes remitió un oficio que indicaba que la recusación era improcedente por carecer de soporte probatorio. Con todo, otros miembros de la Comisión dejaron constancia que “se había citado una norma equivocada para decretar improcedente la recusación” y que la declaratoria la hizo solo el presidente de la Comisión, el uribista Santiago Valencia.
“A pesar de no haberse proferido una decisión de fondo por parte de la Comisión de Ética, tal y como lo prescribe la ley, que además debía avocar conocimiento a partir del día siguiente y no el mismo día, el presidente de la Comisión Primera sometió a discusión y votación la reapertura del proyecto sin que se hubiera resuelto de fondo la recusación”, asegura el demandante.
Luego, el martes 9 de junio, se retomó la votación tras un nuevo oficio de la Comisión de Ética que corroboraba lo señalado anteriormente, pero que supuestamente no reuniría el pronunciamiento pleno de todos sus integrantes y la mesa directiva. Ante ello, resolvieron apartarse de la discusión y votación los senadores Roy Barreras (La U); Julián Gallo (FARC); Alexander López (Polo); Angélica Lozano (Verde); Rodrigo Lara, Temístocles Ortega y Germán Varón (de Cambio Radical); Gustavo Petro (Colombia Humana), y Luis Fernando Velasco (liberal).
“Los 13 miembros de la Comisión, a pesar de haber sido recusados, hicieron caso omiso y sin haberse resuelto, decidieron continuar con el trámite sin que mediara ningún pronunciamiento de fondo que estableciera que podían continuar”, precisa el recurso.