En el punto dos pactado en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba), que hace referencia al tema de participación política, se lograron acuerdos sobre varios temas claves: estatuto de la oposición, acceso a medios de comunicación, garantías de seguridad en la participación política, nuevos espacios para la participación ciudadana y creación de Circunscripciones Especiales para la Paz. Asimismo, se puso sobre la mesa el tema de reforma electoral, en el que destaca la financiación de campañas y el órgano electoral, y en cuyo análisis se concentrará este documento.
Vale la pena aclarar que la Constitución de 1991 ya tiene incluidos varios de los temas que pretende el acuerdo 2 de La Habana, pero los vicios de la política colombiana siguen causando problemas. ¿Por qué falla el sistema electoral colombiano? Lo primero tiene que ver con el diseño institucional de las entidades responsables de la contienda electoral. En Colombia tenemos una Registraduría Nacional con múltiples competencias y sin contrapesos en sus funciones; un Consejo Nacional Electoral con altos índices de corrupción, compuesto por magistrados elegidos por el Congreso -es decir, los partidos eligen a sus militantes y amigos para que los vigilen- y una Sección Quinta del Consejo de Esta sin capacidad de acción.
Lo cierto es que, una vez firmado el acuerdo de paz, habrá una posibilidad amplia de reforma al órgano electoral y de la movilidad ciudadana dependerá que Colombia avance hacia un proceso de democratización profundo o que nos quedemos con el mismo sistema corrupto.
Así, la Fundación Paz & Reconciliación propone crear un Poder Electoral Colombiano que se compondrá de una serie de instituciones electorales, las cuales se crearán luego de suprimir el Consejo Nacional Electoral, y modificar sustancialmente el papel de la Registraduría. Este nuevo poder del Estado será independiente del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y su labor principal será facilitar, organizar y sancionar sobre los procesos electorales. Igualmente, combatir el fraude electoral, supervisar la conformación de partidos políticos y la inscripción de candidatos, y podrá castigar, sancionar y multar a los partidos, personas y organizaciones que infrinjan el código.
El CNE actual se transformará en el Colegio Electoral Colombiano (CNC), que contará con sucursales departamentales y unidades móviles que puedan llegar a los procesos electorales en cada región del país. Igualmente, el Poder electoral contará con un Tribunal de Justicia Electoral que pueda sancionar a los partidos políticos y hacer seguimiento efectivo a los gastos de campaña y cualquier delito electoral. También proponen modernizar el sistema electoral introduciendo el voto electrónico.
En segundo lugar, existe una clara incapacidad de los entes de control electoral para hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos y faltan mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas.
Para mitigar este problema, la Fundación Paz y Reconciliación propone la creación de una Agencia de Financiación de Comicios Electorales, la cual será una agencia del Poder Electoral que podrá -entre otras cosas- tener acceso a las cuentas de todas las campañas políticas de candidatos de todos los partidos; entregar anticipos establecidos por la nueva institución electoral, como el tope de gastos de campaña, e imponer multas y presentar cargos en contra de partidos que no vigilen con transparencia las finanzas de sus campañas.
Además, para que esta reforma sea integral, se debe establecer una estrategia equitativa de propaganda política y crear un sistema de auditorías al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral. Esta auditoría debe estar enfocada al patrimonio privado de la persona que decide presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia.
Finalmente está el tema de la creación de circunscripciones especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto armado, un mecanismo por el cual se podrá pagar una deuda histórica con las poblaciones que han sido excluidas del proceso democrático en Colombia.
En ese sentido se propone regresarles a las Farc nueve curules directas a Senado una vez firmado el acuerdo, es decir, apenas termine la dejación de armas, seis meses después de la firma del acuerdo general. Estas curules operarían por 2 periodos electorales, más el tiempo que va del 2017 al 2018 y no son las mismas que se abrirán por medio de las circunscripciones especiales de paz, que, desde nuestra perspectiva, deben ser 17 con una vigencia de tres periodos legislativos.