La propuesta del Colectivo de Colombianos y Colombianas por la Paz de que se pacte un cese al fuego entre el Gobierno y las guerrillas de las Farc y el Eln como el primer paso para sentarse a dialogar sobre el fin del conflicto generó reacciones encontradas en los distintos círculos políticos del país.
Se trata, sin duda, de un tema espinoso que ya en el pasado ha sido puesto sobre la mesa más de una vez. Incluso, el 28 de mayo de 1984, en el marco de los diálogos de La Uribe que sostuvieron con el gobierno de Belisario Betancur, las Farc decretaron un cese al fuego que, sin embargo, no significó el fin del secuestro, el boleteo y el desplazamiento forzado. La tregua acabó pocos meses después.
Hace algunos días, el presidente Juan Manuel Santos y el excomisionado de paz Camilo Gómez recordaron, en respuesta a una carta del jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que el cese de hostilidades fue uno de los puntos que quedaron pendientes en el fallido proceso del Caguán. Ahora —en carta dirigida al primer mandatario, al mismo Timochenko y a alias Gabino, líder del Eln— Colombianos y Colombianas por la Paz les pide “adoptar de su parte la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego, de la mayor extensión temporal posible, al menos por 90 días, prorrogables”, de tal manera que ello se constituya en “el marco adecuado para dar inicio a aproximaciones orientadas a diálogos y acuerdos humanitarios”.
A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe pidió rechazar el pedido a la fuerza pública de una tregua en su lucha contra el terrorismo: “Nunca igualar a nuestro Ejército con bandidos. Nunca tregua de nuestro Ejército en su tarea de orden público”; “Crecieron la violencia, viven cómodamente en el extranjero o sin riesgos y promueven volver a negociar con terroristas”; “Rechacemos el pedido de tregua al Ejército en su lucha contra el terrorismo. Juego de sus amigos políticos a las Farc”, fueron algunos de los trinos del exmandatario.
Por los lados del Gobierno, el vicepresidente Angelino Garzón señaló que el presidente Santos tiene que escuchar todas las opiniones y, siendo quien lidera el tema de la paz, tomar las decisiones que mas le convengan al país. “En el fondo, se trata de que la sociedad colombiana tenga clara conciencia de que las organizaciones ilegales son contrarias a la democracia”, indicó. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo desde Brasil, donde se encuentra de visita oficial, que desconoce la propuesta de tregua y enfatizó que “mientras haya grupos armados” éstos siempre chocarán “con la firmeza del Estado colombiano”.
Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, la eventual liberación de secuestrados anunciada por las Farc podría abrir la puerta para que las partes accedan a un cese al fuego y se inicien en serio conversaciones, de manera que se pueda retomar la agenda del Caguán. Postura que comparte el exasesor de paz Lázaro Viveros, quien cree que la paz no se puede construir con un grupo sino con todos y que la experiencia debe valer: “Como decía el expresidente Pastrana, no es un Caguán, porque esa vivencia debe servir para que no haya despeje, pero hay cosas positivas que se deben rescatar para iniciar diálogos sin repetir los errores”.
Al contrario, el presidente de la Cámara y director del Partido Liberal, Simón Gaviria, considera que a menos que las Farc hagan una demostración real de que están interesadas en la paz, el Gobierno debe continuar con su ofensiva militar. Para él, la propuesta de un cese al fuego “es completamente inoportuna” ya que la guerrilla habla de paz y, al mismo tiempo, “sigue sembrando al país de minas quiebrapata, reclutando niños y teniendo vínculos con el narcotráfico (…) nosotros no vemos viable en este momento que el Gobierno eche para atrás una avanzada militar que está ganando y que ha sido exitosa”.
El politólogo Vicente Torrijos considera que la propuesta no es más que la repetición de experiencias improductivas del pasado, donde las treguas fueron trampas para fortalecer las estructuras armadas de la guerrilla. “De las Farc sólo se pueden esperar demostraciones claras y unilaterales de su voluntad de sometimiento a la justicia. En esa propuesta hay un engaño implícito para beneficiar a la guerrilla. Previo a una liberación, están tratando de maniatar al Gobierno para que les ofrezcan todas las ventajas cuando nada de eso es necesario”, concluyó.