En su discurso presidencial del 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió causas hasta entonces lideradas por la sociedad civil organizada. Petro prometió paz, seguridad, justicia social, reducción de las desigualdades, cambio en la política antidrogas, soberanía alimentaria, un futuro verde y participación social en la toma de decisiones.
La inclusión de estas agendas en el discurso oficial marcó la llegada de un gobierno aliado a la Casa de Nariño. Pero también obligó a las organizaciones a evaluar –en los niveles relevantes de su relación con el nuevo poder central– su lugar en el debate público. Una de las primeras realidades que enfrentó el movimiento social fue la salida de muchos de sus cuadros de liderazgo a cargos públicos.
“Estamos perdiendo gente en todos los niveles” se escuchó hace un año, y aún se repite hoy en las conversaciones con la sociedad civil organizada.”Hay sectores de sociedad civil tradicionalmente cercanos a la izquierda, más abocados al trabajo en derechos humanos, que han sido más rápidamente atraídos por el gobierno”, afirmó una fuente de una organización internacional consultada por Linterna Verde.
La entrada de personas provenientes de la sociedad civil en instancias gubernamentales abrió espacios de participación que antes estaban vedados, pero cambió una dinámica importante en materia de interlocución. “Quienes ahora están en un rol de gobierno no pueden decir lo mismo públicamente que decían antes, porque su rol cambió”, explicó Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
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“Hay una tensión muy fuerte entre contribuir y criticar, y eso en otros gobiernos era mucho más fácil justamente porque no había esta cercanía de principios y esta cercanía afectiva o personal a través de la conformación del Gobierno”, explicó otra fuente.
Si bien la cercanía actual de la sociedad civil con el gobierno ha despertado dudas sobre el rol de los líderes y la distancia crítica frente a las iniciativas oficiales, la situación no alcanza los niveles de ‘reclutamiento’ de países como Honduras, donde la sociedad civil fue absorbida en gran medida por el gobierno de Xiomara Castro, quien tuvo un apoyo decisivo de sectores sociales después del golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral de 2017.
Más allá de los retos que la cercanía natural de los movimientos sociales con el gobierno genera en términos de independencia y participación, diversas voces coinciden en que hasta ahora no se ha evidenciado una “mimetización” de la sociedad civil con el gobierno. De acuerdo con Juliana Uribe Villegas, directora ejecutiva y fundadora de Movilizatorio, esto no se ha dado. Al contrario, añade, “en muchos niveles la gente siente que el gobierno le ha incumplido”.
Aunque esa desilusión puede parecer prematura a tan solo un año de gestión, ha permitido que un sector de sociedad civil mantenga un rol de veeduría, “Hay una generación de sociedad civil menos interesada en hacer parte de esquemas de gobierno, que ha logrado ofrecer asistencia técnica, pero mantener una independencia”, explica uno de los oficiales consultados por Linterna Verde.
Por último, frente al cambio de rol de las organizaciones queda una pregunta abierta por la articulación interna en este nuevo escenario. Para David Núñez, cofundador de Extituto, hay un desafío importante en términos de la coordinación del trabajo. “En el pasado, existía una mayor solidaridad y coordinación, posiblemente fomentada por los desafíos comunes y la dificultad de generar cambios. Con la llegada del nuevo gobierno, parece haber una cierta desarticulación en estas alianzas, lo que ha limitado, en cierto grado, la capacidad para realizar un trabajo conjunto eficaz”, concluye.
🤓 El rechazo a la tecnocracia: una narrativa desvinculada de la realidad
Si hay un elemento positivo del primer año de gobierno de Petro, en el que coinciden las diversas voces consultadas, es la apertura –en contraste con gobiernos anteriores– hacia los temas de la agenda de la sociedad civil progresista y a la participación ciudadana. Esta apertura, sin embargo, se topa rápidamente con una realidad: la falta de conocimiento técnico y de experiencia de quienes conforman el gobierno. El rechazo de Petro hacia la tecnocracia no es nuevo; en el pasado la ha acusado de ser “neoliberal”, de “subordinarse al interés particular”, de “reemplazar el poder de la ciudadanía” y de ser “conservadora”.
Aunque el ánimo reformista antitécnico de Petro se sustenta en una crítica profunda a la falta de representación de los sectores populares en la construcción de políticas públicas y en instancias de gobierno, es la misma inexperiencia de este sector popular, hoy mucho más presente en el gobierno, la que ha generado cierto grado de desconfianza y confusión en torno sus reformas e iniciativas. “Tenemos un discurso de que estamos en un gobierno de izquierda, con una agenda social ambiciosa, pero en la práctica quieren hacer las cosas aislados y a su manera, con un equipo que además rota constantemente”, señaló una de las entrevistadas.
Varios casos ilustran esta tensión. Se vio en materia de transición energética con los cálculos de las reservas de petróleo y gas del país de la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez, que, según expertos y la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, eran incorrectos. Lo mismo ocurrió con las recientes declaraciones del Presidente en La Guajira, según las cuales con la energía de esta región se podría “reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluidas las hidroeléctricas”, algo que especialistas en la materia han rebatido abiertamente.
Otros ejemplos se encuentran en la política de drogas. Según uno de los entrevistados, los anuncios de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el director del PNIS para hablar del fin de la radicación y la gradualidad en la reducción de cultivos de uso ilícito no encuentran respaldo en la normatividad vigente. De acuerdo con un experto en ese campo, “es esa democracia directa que es casi o virtualmente imposible de implementar en la medida en que no existen los instrumentos legales que permitan avanzar en esas iniciativas”.
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Respecto a la ‘Paz Total’, la política más ambiciosa del gobierno, también surgen dudas. “Muchos sectores de la sociedad civil le han apostado aunque nadie está plenamente convencido de la Paz Total”, nos contaron en una de las entrevistas.
Los motivos del escepticismo son diversos: los vacíos de información sobre su diseño; la improvisación –”La paz no es música clásica, es jazz y se va armando en el camino”, en palabras del canciller Álvaro Leyva–; la desarticulación de la Consejería para la implementación del acuerdo de paz de 2016, y la crisis de seguridad en las regiones debido al crecimiento de las masacres, extorsiones y secuestros, documentados en el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch.
Para uno de los oficiales consultados, la exclusión de ciertos sectores técnicos ha generado “un divorcio entre la narrativa y la realidad de lo que sucede en el terreno”. Según Juan Camilo Maldonado, director de la organización Mutante, esto implica una “dificultad muy grande por parte del Presidente y de sus círculos para operacionalizar las coaliciones y hacer efectivas las reformas”.
El que no está conmigo está contra mí ❌
En el decálogo de compromisos con el que Petro cerró su discurso de posesión como jefe de Estado, el diálogo con todos los sectores de la sociedad “sin excepciones ni exclusiones” ocupa el cuarto puesto. “Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia”. Sin embargo, a un año de su gobierno, la sensación entre los sectores de la sociedad civil es otra.
Por un lado, pese a la relevancia que se le ha dado a la participación ciudadana, la percepción es que no están siendo escuchadas todas las voces, especialmente las que disienten. Las declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa o el descalificativo “clase media alta arribista” utilizado por el Presidente para referirse a un sector de la población, dan cuenta de ello.
“Nuestra impresión es que están participando los mismos de siempre y los sectores que a ellos les parece bien escuchar. La participación no puede ser una exclusividad de quienes pensamos igual o parecido al gobierno”, señaló Juliana Uribe Villegas. En parte, ese aislamiento frente a visiones contrarias pasa por la dificultad que tiene el gobierno para reconocer que su agenda es disruptiva. Esto requiere de un trámite más consensuado y menos impositivo, lo cual por definición toma más tiempo.
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Es reiterativo el reclamo hacia la poca tolerancia a la crítica por parte del gobierno. “Hemos sentido un rechazo hacia cualquier organización de sociedad civil que incluso se atreva a ser crítica de manera más privada. Está la lógica de ‘el que no está conmigo está contra mí’”, afirmó una de las fuentes. Para algunos de los entrevistados, que la crítica sea vista como una especie de traición o falta de apoyo genera espacios de autocensura y restringe el ejercicio de la oposición y de los aliados que buscan hacer críticas constructivas. De acuerdo con Juan Camilo Maldonado, “Las organizaciones y los movimientos sociales enfrentan el dilema de hablar pasito y criticar hacia adentro porque de todas maneras la oportunidad política sigue siendo muy valiosa”.
Ni el sector privado ni la oposición se sienten suficientemente incluidos, y en los territorios la situación es similar. Los Diálogos Regionales Vinculantes (DRV) que impulsó el gobierno a lo largo de 51 encuentros regionales y que buscaban la participación de la ciudadanía para inspirar las bases del Plan Nacional de Desarrollo, fueron espacios “masivos y emotivos pero de baja efectividad”, como lo reseñó el informe de la Fundación Ideas para la Paz. Más allá de anuncios y reuniones, el impacto de estos espacios en la planeación de políticas públicas ha sido limitado.
”Hay mucha frustración de la sociedad civil y de los líderes locales que sintieron que los diálogos no habían sido vinculantes. En el nivel local nos decían que después de eso no pasó mucho, lo que generó una expectativa fallida”, explicó Juanita Goebertus de HRW. Sin duda, donde más se vislumbra esa frustración es entre los líderes de las regiones y entre organizaciones rurales, por la situación de violencia que enfrentan. Para el director de Indepaz, Camilo González, “Hay situaciones críticas por la recomposición de grupos armados que no necesariamente van a la par con los asesinatos, sino que se inscriben en otras lógicas de presión, intimidación y control territorial y poblacional, lo que ha generado mucho temor en las comunidades”.
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✋El alto en el camino y los próximos tres años
En definitiva, el primer año de gobierno de Petro deja un sabor agridulce entre una parte importante de la sociedad civil organizada. Para algunos se trata de un periodo de ajuste y reacomodación en el que las organizaciones están entendiendo su nuevo lugar frente al gobierno. Para otros, el compás de espera está llegando a su fin.
Entonces, ¿cómo se vislumbran los próximos tres años? Lejos de querer sacar la bola de cristal, este alto en el camino sirve sobre todo para tener presentes algunos retos. Acá destacamos tres a partir de las conversaciones que sostuvimos:
1. Establecer líneas rojas. La sociedad civil, como una categoría amplia, deberá definir cuáles son los límites que no está dispuesta a cruzar con el gobierno. De acuerdo con una de las fuentes, las organizaciones tendrán que tener “una especie de mecanismo tipo semáforo para saber cuándo van a tomar distancia para volver a señalar los errores y las violaciones que el gobierno pueda estar cometiendo en términos de derechos humanos o coartación de derechos y libertades”.
2. Mejorar la comunicación con las audiencias y la ciudadanía. Resulta crucial profundizar la comunicación para posicionar claramente a la organización, qué hace y cómo lo hace, más allá de las afinidades con la agenda política vigente. “El verdadero riesgo radica en cómo se percibe y se asocia nuestra labor con el proyecto político del gobierno actual y con las causas que la organización ha defendido durante tantos años”, afirma una de las fuentes.
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3. Movilizar y articular personas. La sociedad civil sigue desempeñando un papel relevante en la movilización social. Si bien el gobierno ha buscado respaldo en las calles para sus reformas, según otra de las personas entrevistadas, “en la medida en que Petro no lo pueda activar, sigue siendo un campo demasiado potente para que la sociedad civil, con toda su diversidad y amplitud de formas, actúe como un actor independiente”. Las organizaciones, cada cual a su manera, deben seguir en la labor de veeduría, promoviendo las agendas y los mecanismos de participación.
Si bien para las organizaciones es difícil navegar esta coyuntura, lo es aún más para los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron este proyecto político o lo miran con distancia crítica, pero con disposición a escuchar. En esta coyuntura, la sociedad civil puede jugar un rol fundamental en orientar e interpretar las dudas de un segmento de la población que tiene expectativa frente a un cambio democrático. El vacío en este espacio siempre será fácilmente ocupado por voces sectarias, para quienes será rentable convertir la frustración política en alienación y cinismo.