Ya no hay secretos y los desafíos para quien ocupe la Presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto están a la vista. Dos años después de firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, la implementación de lo pactado apenas da sus primeros pasos. Sin que se agote el debate político, desde lo institucional y lo jurídico, es claro que el próximo gobierno tiene esa misión histórica. Así se hayan escuchado voces extremas contra el proceso de paz, sobre todo para las nuevas generaciones, este constituye un territorio de honor que debe preservarse. Avanzar hacia su consolidación es una tarea ineludible de quien salga elegido.
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El segundo reto, tan importante como el de la paz, es el de las relaciones internacionales y, en la actualidad, este asunto tiene nombre propio: Venezuela. Con avances y retrocesos, el gobierno Santos pudo maniobrar en esa difícil relación, a tal punto que el gobierno de Hugo Chávez fue determinante para los diálogos con las Farc en La Habana, dentro de su polémica perspectiva del “nuevo mejor amigo”. Sin embargo, hoy ha tomado distancia, lo que se traduce en que, quien sea elegido para sucederlo, necesariamente tendrá que enfrentar ese dilema: qué hacer con el gobierno de Nicolás Maduro, cada vez más aislado internacionalmente.
No es un asunto fácil de resolver, no solamente por la sensibilidad de la frontera común de más de 2.200 kilómetros, cada vez más caracterizada por migrantes o rebuscadores ante la crítica situación económica en el vecino país, sino porque desde la geopolítica es un tema que debe manejarse con pinzas. Se trata de saber encontrar la medida adecuada entre la diplomacia y la distancia. En otras palabras, que el lenguaje de las provocaciones o de la fogosidad política no genere escenarios críticos o definitivamente bélicos. Una perspectiva en la que el cruce de caminos con los intereses de Estados Unidos en el continente también cuenta.
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Y de este último ingrediente se desprende otro desafío ineludible para cualquier mandatario, teniendo en cuenta la actual coyuntura internacional: la relación con el gobierno de Donald Trump. No solamente respecto al caso Venezuela, sino frente al habitual dilema que ha delineado las relaciones entre las dos naciones: la guerra contra el narcotráfico. Un reto de seguridad que constituye, a nivel interno, el mayor obstáculo que afronta el posconflicto. Y en las relaciones Estados Unidos-Colombia, un capítulo aparte, con todos los aspectos de extradición, erradicación de cultivos ilícitos o lucha contra el lavado de activos, que todavía hacen difícil desnarcotizar la agenda bilateral.
Como resulta evidente, los escenarios a futuro se integran y hacen aún más complejo el panorama para quien ocupe la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. De alguna manera, la implementación de la paz corre paralela al manejo adecuado del hierro candente de Venezuela y, al mismo tiempo, la preservación de las relaciones con Washington, cuyos dignatarios permanecen atentos a estas encrucijadas de Colombia. Sin duda, las decisiones en la lucha contra el narcotráfico tienen que ver con la necesidad de que los focos de producción de cocaína, encarnados por bandas criminales o disidencias de las Farc, puedan ser erradicados.
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Este trabajo interinstitucional y de alta diplomacia requiere un liderazgo fuerte desde el Gobierno, cuya tarea complementaria será constituir una bancada en el Congreso que pueda ayudar en vez de caer en la polarización política que domina otros escenarios públicos. Con las innovaciones políticas de los últimos años, en 2018 se va a estrenar la figura del segundo en votos transformado en senador y jefe de la oposición desde el Legislativo. El riesgo que persiste es que eso se convierta en un tinglado por el poder, cuando se requiere apostarle a la unidad para enfrentar los riesgos que se ciernen en torno a la sociedad colombiana.
Más allá, en esa agenda de interacción entre Gobierno y Congreso, hay asuntos pendientes que no dan espera. Seguramente, como todos los gobiernos, el próximo traerá su proyecto de reforma tributaria bajo el brazo, pero los entendidos en materia económica y social saben de urgencias que, de no atenderse, apuntan a convertirse en bombas de tiempo: el tema pensional, la reglamentación de la ley estatutaria de salud, la reforma educativa que quedó pendiente y, seguramente, la papa caliente de los últimos tiempos: la reforma a la justicia. Esta última tan difícil, que en la campaña se oyeron voces para tratar de viabilizarla con una constituyente.
Ese es otro escenario cenagoso para el próximo gobierno. De tan complejo manejo que, a pesar de haber sido una de las metas fundamentales del gobierno Santos, incluso antes de que se enrumbara por el proceso de paz, su intento por reformar la justicia terminó en escándalo. No obstante, no sólo por las malas noticias del cartel de la toga, sino por el contexto general de lo que ha ocurrido en la Rama Judicial en los últimos años —con magistrados procesados y señalamientos de nepotismo, corrupción o sesgo político— se trata de una reforma crucial. De tal trascendencia, que incluso desborda el escenario Ejecutivo-Legislativo-Justicia.
Con otro ingrediente a bordo en el que los poderes públicos ya empiezan a sentir sus efectos. Por el Acuerdo de Paz surgieron instituciones como la Justicia Especial de Paz (JEP), la Comisión de la Verdad o la Comisión para la Búsqueda de Desaparecidas, entre otras, y sólo por mencionar el caso de Jesús Santrich y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, es evidente el choque de trenes. Cuando en estos organismos vengan las discusiones mayores y la hora de las definiciones, el Estado, encabezado por quien resulte elegido hoy o el próximo 17 de junio en la segunda vuelta, tiene el enorme desafío de conciliar visiones de sociedad, para que el Poder Judicial resulte fortalecido.
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En este mismo camino, también relacionado con la implementación de la paz, otro frente vital que requiere liderazgo gubernamental y apoyo de bancadas es el de la reforma política. No sólo porque el acuerdo de participación negociado en La Habana está a medio camino, sino porque en un país que pretende que quienes se alzaron en armas cambien definitivamente los fusiles por los votos, la mínima expresión de sociedad reconciliada es la apertura en ese sentido. Una comisión que fue creada para evaluar el tema aportó unas recomendaciones que no se pueden quedar en el papel. Entre ellas, profundos cambios al sistema electoral.
Aunque parezca un inventario de utopías, resaltadas como promesas de campaña en el debate proselitista, todos los anteriores retos para el próximo cuatrienio pasan por unas finanzas públicas gozando de buena salud. Y las señales advertidas por los expertos indican que, como siempre, el Gobierno, sea quien sea el que lo oriente, debe actuar con mucha austeridad y más responsabilidad fiscal. La implementación de la paz, como se ha visto en los últimos meses, requiere altos capitales, incluyendo la cooperación internacional. Pero también es claro que la plata debe alcanzar para seguir avanzando en infraestructura, vivienda e inversión social.
Y, a propósito de este último aspecto, en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y la garantía de sus libertades, radica finalmente la razón de ser del elegido para gobernar a Colombia. Y en este terreno, todo lo que se haga es poco: en materia de acceso a la educación, reducción de la pobreza, atención en salud, creación de empleo, desarrollo agrícola y, de manera paralela a estas urgencias sociales, en los avances de los derechos ciudadanos. Y muy en particular, en estos tiempos, el estímulo a las discusiones de género, el cerrojo a cualquier forma de discriminación, la preservación de garantías como el libre desarrollo de la personalidad o la objeción de conciencia.
También en consonancia con los debates del siglo XXI, quien sea el próximo gobernante sabe que uno de los ejes de las discusiones públicas es lo ambiental. Es decir, la conciliación de intereses entre la autosuficiencia energética y los derechos de las comunidades. Es una quimera creer que de la noche a la mañana van a sustituirse prácticas industriales que impactan el entorno ecológico, pero será inaplazable entender que las nuevas generaciones imponen una mirada distinta. En ámbitos como la minería o la búsqueda de hidrocarburos, la controversia es mayor, pero también es transversal a todos los asuntos de interacción entre el Estado y la sociedad.
Finalmente, en este rosario de buenas intenciones, quimeras o desafíos para quien resulte elegido en primera o segunda vuelta, se debe agregar el tema que más agobia a Colombia de manera integral: la seguridad, tanto en el campo como en la ciudad. Un laberinto que pasa por la congestión penal, el hacinamiento carcelario, la pedagogía social, la impunidad galopante o los límites de la Fuerza Pública, y que representa globalmente el mayor obstáculo para que Colombia deje atrás una época crítica. No es fácil lograr tantas cosas en cuatro años, y consolidando una, ya es aporte. Pero es claro que en el ejercicio de gobernar a Colombia se requiere más que un líder.
Ha sido una larga campaña que, bien se puede decir, arrancó en el plebiscito por la paz de octubre de 2016, acentuando la polarización. Desde entonces, Iván Duque (Centro Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana-Mais), Sergio Fajardo (Coalición Colombia), Germán Vargas Lleras (Movimiento Mejor Vargas Lleras) y Humberto de la Calle (Partido Liberal-ASI), los candidatos que registran las encuestas, han expuesto el modelo de país que sueñan. Los vaticinios hablan de la necesidad de una segunda votación, dentro de 20 días, para definir al nuevo presidente. Frente a tantas tareas pendientes y transformaciones aplazadas, los colombianos esperan que quien llegue esté a la altura de los retos.