Claridad en materia de viabilidad fiscal, visos de inconstitucionalidad y hasta solicitud de otorgamiento del estatus de víctima a guerrilleros fueron los primeros reparos que se pusieron sobre la mesa en el comienzo del debate de la ley de víctimas en la Comisión Primera del Senado de la República.
Sin embargo, lo que más sorprendió fue la propuesta que realizó el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, de que los exsecuestrados que tienen previsto demandar al Estado se acojan a la reparación que contempla la iniciativa: “Como víctimas que son, deberían esperar a que la ley termine y solicitar, como cualquier otra víctima, se les indemnice con los montos que se fijen en ésta”, explicó.
Ya en el debate, el tema de la plata volvió a armar polémica. Y fue el Partido Conservador que, por medio de su ponente, el senador Hernán Andrade, reclamó seriedad en cuanto al manejo fiscal de la iniciativa: “Nosotros somos amigos de las víctimas, de la restitución de tierras y de la paz, pero no comparto la frase de terrorismo fiscal que nos quiere achacar el senador Juan Fernando Cristo. ¿De dónde salen los recursos?”. Por este motivo, el conservatismo pidió que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, explique cómo se puede avalar una ley que “aún no se sabe cuánto va a costar”.
Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo Luis Carlos Avellaneda realizó una polémica intervención, en la cual propuso que los guerrilleros caídos en combate y sus familiares deben contar en el universo de víctimas del conflicto. “Piensen lo que piensen y así me caiga la opinión pública encima, ellos también han sido afectados por el conflicto y una decisión contraria tendría serios vicios de inconstitucionalidad”, enfatizó.
Este miércoles continuará la discusión de la iniciativa con la intervención del senador del Partido de la U Roy Barreras, quien ya anunció que su colectividad no permitirá que se cree una institución burocrática, refiriéndose a la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuya financiación afectaría el programa de Acción Social.