El procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado le solicitóa a esa colegiatura que acceda a la demanda de pérdida de la investidura de la ex senadora, al considerar que sí violó el régimen de inhabilidades.
El representante del organismo de control, Raoberto Augusto Serrato, manifestó en audiencia pública ante la magistratura que Martha Lucía Ramírez sobrepasó los límites impuestos por la Carta de 1991 en el numeral tercero de su artículo 179.
Serrato señaló que hay abundante material probatorio que certifica que, efectivamente, la dirigente hizo las veces de contratista del Estado, al hacerse partícipe de la orden de servicios número 4492, expedido por el Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., Bancóldex, para la "participación publicitaria con exposición de pendones en el evento sobre TLC".
En ese documento, Martha Lucía Ramírez, oficiaba como titular de la firma, Ramírez y Orozco International Strategy Consultans Ltda., que celebró el convenio con la estatal Bancóldex, por 10 millones de pesos, el 30 de septiembre de 2005, es decir, dentro del plazo en el que se restringe la celebración de contratos con el Estado a quienes aspiran a ocupar cargos de elección pupular.
De ahí que, según la Procuraduría, haya violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues la dirigente consursaba por una curul en el senado de la República, a la que finalmente se hizo en las eleccciones parlamentarias de 2006.
Luego de presentar las pruebas documentales que certifican la celebración del contrato, el abogado demandante, Saúl Villar, advirtió que si los magistrados no decretan la pérdida de la investidura y la imhabilidad de la demandada para aspirar a la Presidencia, estarían ignorando lo dispuesto en el artículo 197 de la Constitución Nacional.
Añadió que de hacerse uso de otra tésis en la decisión, los magistrados del Consejo de Estado podrían estar prevaricando pues, según él, es imposible reformar la Carta Política por la vía jurisprudencial.