En medio de la aguda discusión que generó la inclusión del fuero militar en la reforma a la justicia, este lunes fue planteado un completo ‘revolcón’ a la Justicia Penal Militar.
Tras conocer que el Gobierno conformó una comisión de expertos para analizar el tema, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, planteó que la Justicia Penal Militar sea conducida por civiles.
Para el legislador, el reto en Colombia es que muchas veces la Justicia Penal Militar se considera ser menos exigente que la Justicia Ordinaria y eso lleva a mucho activismo judicial.
“La Justicia Penal Militar deber ser integrada por civiles. Ésta debe ser elegida de ternas que envían al Presidente de la República la sala penal de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.
Según él, esto ayudaría garantizar un proceso bien diseñado con plenas garantías para los procesados con una Justicia Penal Militar que funciona para los militares que están en un conflicto interno.
Sin embargo, Gaviria consideró que debe establecerse la presunción de inocencia para que vuelvan todos los actos de servicios a la Justicia Penal Militar.
La defensa del Gobierno
El ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, respondió a los reparos hechos por Human Right Watch sobre la Reforma a la Justicia.
De acuerdo con Esguerra Portocarrero, «no cabe atribuirle como una política la reprobable intención de implementar un sistema que “prácticamente garantice impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública”. Por supuesto, no es la impunidad la finalidad de la reforma propuesta por el Gobierno al Congreso de la República, ni habrá de ser ella la consecuencia de su eventual aprobación».
El jefe de la cartera de Justicia también negó lo dicho por Human Right en su carta. «Tampoco es cierto que la redacción formulada para el artículo 221 de la Carta Política amplíe el alcance del fuero militar a los llamados falsos positivos, ni que con ella la justicia penal militar asuma “automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidos por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones”.