Bien es sabido que desde que se dio el escándalo de la parapolítica, por allá hacia 2006, el debate en torno a lo que se denomina ‘silla vacía’ ha estado a la orden del día en el país. Actualmente dicha figura aplica para los condenados por delitos relacionados con narcotráfico, de lesa humanidad y aquellos que tengan nexos con paramilitares o la guerrilla. Es decir que si un congresista, diputado o concejal que se vea involucrado en esos hechos es detenido, su partido no podrá reemplazarlo, perdiendo así la plaza que tendría en la respectiva corporación.
El debate sobre el tema viene de tiempo atrás. En 2012, el Partido de la U intentó promover una reforma con la idea de que existiera un reemplazo cuando un legislador terminara condenado por cualquier autoridad judicial y por el delito que fuera. Una iniciativa que ahora busca revivir el senador de esa colectividad Mauricio Lizcano, quien radicó hoy un proyecto de acto legislativo que amplía la ‘silla vacía’ para los delitos de corrupción relacionados con la administración pública.
Según explicó, la iniciativa busca, mediante una adición constitucional, que el partido que tenga curules pertenecientes a personas que se encuentren inmersas en investigaciones penales por delitos contra los mecanismos de participación democrática o contra la administración pública, y que se les haya dictado medida de aseguramiento, pierdan su curul definitivamente. Igualmente, contempla que la colectividad que haya otorgado aval al implicado perderá su derecho a presentar candidato para la respectiva curul en las siguientes elecciones.
“La reforma vigente sobre silla vacía se quedó corta porque solo sanciona a los partidos políticos que avalen candidatos que tengan nexos con grupos al margen de la ley o que se financien con dineros ilícitos, dejando de lado un delito que está afectando gravemente a la sociedad como es la corrupción. Hoy toma fuerza, con visos de angustia la concurrencia del ejercicio político con prácticas de corrupción que flagelan el bien común y producen una desconfianza del país hacia la clase dirigente. La gravedad del daño que causan a la sociedad los delitos relacionados con corrupción, socavan el establecimiento político y administrativo y traza la necesidad de extender el sistema planteado en la reforma pasada a los delitos contra la Administración Pública”, explicó Lizcano.
Y la verdad es que la reforma propuesta es bien ambiciosa. Como está actualmente el artículo 107 de la Constitución, las sanciones pueden llegar desde la imposición de multas hasta la cancelación de la personería jurídica y la imposibilidad de presentar candidatos para la siguiente elección en cargos uninominales, pero sólo por condenas ejecutoriadas de delitos relacionados con vinculación de grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico y contra los mecanismos de participación democrática. El proyecto de Mauricio Lizcano busca adicionar a la norma los delitos contra la administración pública contenidos en la legislación penal.
Asimismo, se ampliarían las inhabilidades constitucionales a los delitos contra la administración pública y se aplicarían no solo a los condenados por dichos delitos, sino a los afectados con medidas de aseguramiento dentro de un proceso penal relacionado con los punibles mencionados. “Es necesario que la legislación encuentre herramientas que puedan favorecer cada vez más lo público y hagan que las reglas de participación política respondan y se identifique con lo que nuestra sociedad busca”, agregó Lizcano.
Falta ver si el Congreso de la República saca adelante la iniciativa, pues se trata de sanciones drásticas para ellos mismos. Ya se ha visto que en las reformas pasadas, la aplicación de la ‘silla vacía’ ha puesto a pensar no solamente a quienes podrían resultar afectados sino también a los partidos, pues en ambos casos se verían afectados políticamente. De todas maneras, ello los obliga a cuidar y vigilar a los militantes y miembros de sus listas.