Esa es una de las principales recomendaciones hecha por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, tras finalizar su estudio sobre el caso de la masacre de Trujillo (Valle de Cauca).
Según indicó, el Estado debe diseñar y poner en marcha una política pública, sostenible y viable, de atención a las víctimas de la violencia, para así garantizar que no se repita lo que sucedido. Varias de estas recomendaciones remiten incluso a los compromisos del Estado colombiano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscritos en 1995. En este sentido, por ejemplo, se le plantea al Ministerio de Defensa y al DAS dar a conocer los informes de inteligencia que refieran a las víctimas y rectificar las posibles menciones e imputaciones acerca de la supuesta pertenencia o afinidad de ellas a grupos armados ilegales, si no están amparadas en decisiones judiciales.
Asimismo, le recomienda a la Fiscalía y demás organismos judiciales impulsar la reapertura de los procesos penales, precluidos, archivados y fallados con vocación de impunidad, así como dinamizar los procesos penales en curso por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según el Grupo de Memoria Histórica, el informe presentado sobre Trujillo es el primer eslabón de una cadena de acciones que debe comprometer múltiples organismos estatales, así como a las más diversas organizaciones y expresiones de la sociedad colombiana. “El informe es un lugar de encuentro entre los derechos de las víctimas, las responsabilidades y los deberes del Estado y la sociedad”, concluye.