Las representantes a la Cámara Ángela María Robledo y María José Pizarro, junto con el senador Carlos Antonio Lozada, le piden este miércoles a la Comisión Primera del Senado de la República que apruebe “sin modificaciones” la prórroga de la Ley de Víctimas (Ley 1448), cuya vigencia está prevista hasta junio de 2021. LA petición está apoyada por varias organizaciones de víctimas y otro bloque de congresistas.
Las razones que exponen para dicha solicitud es que la Ley de Víctimas “aún está lejos de haber logrado la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, la cual incluso se ha ido agravando ante la continuidad de los hechos de violencia sociopolítica, conflicto armado y los efectos económicos de la pandemia generada por el COVID-19”.
De igual manera, aseguran que no se ha cumplido de manera integral la norma y citan cifras del Registro Único de Víctimas para decir que, históricamente, han sido indemnizadas por vía administrativa y judicial 1.072.031 víctimas, “lo que indica que menos del 13 % había recibido la medida de reparación a un año de terminar la vigencia prevista de la ley”.
Contexto: Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas
Los congresistas firmantes y las organizaciones de víctimas advierten sobre una proposición del senador Eduardo Pacheco, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, que, a su juicio, “pretende equiparar a los segundos ocupantes, que no han demostrado su buena fe exenta de culpa, con los legítimos reclamantes de los predios despojados”.
“Podría terminar beneficiando a despojadores de tierras y sus testaferros, desnaturalizando por completo el espíritu de la ley 1448 al debilitar las garantías procesales de las víctimas despojadas. Demandamos de los honorables senadores y senadoras, votar no a tal gravísima proposición”, dice el comunicado.
Por último, se pide el fortalecimiento financiero de la política de víctimas, la adopción de un régimen de protección de víctimas y el enfoque integral “la reparación y transformación de las condiciones de existencia de las víctimas, sin desconocer la necesidad de mantener y financiar medidas asistencia ante la continuidad de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país”.
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